Gobierno 16 agosto 2021

Encaminan la ley de empleador único firmada en 2017 por Ricardo Rosselló

En octubre se deberá completar el plan piloto de su fase inicial

En 2017, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó la ley del empleador único, este dijo que esa era la solución para evitar el despido de empleados y a la vez llenar las necesidades cambiantes de mano de obra que surgían en las agencias públicas. Cuatro años más tarde es muy poco lo que se ha adelantado para hacer realidad el andamiaje que permita esa movilidad.

Maldonado explicó que en 2019, luego de un proceso que describió como “abarcador”, la Oatrh entregó el nuevo Plan de Clasificación de empleados públicos. Esto incluye a los trabajadores organizados bajo alguna unión y los no organizados del gobierno central. No incluye corporaciones públicas ni las que tienen acuerdos de Alianzas Público Privadas. Al mismo tiempo deja fuera empleados de confianza.

Sin ese plan era imposible uniformar la retribución, que es el paso que iniciará ahora de manera limitada, señaló la funcionaria.

“Antes de que se estableciera este Plan había más de 176 Planes de Clasificación en las agencias… Antes había 24 mil clasificaciones de clases, inicialmente se redujeron a unas 1,600 clases. Eso significa un 94% de reducción”, afirmó la directora de Oatrh en entrevista con EL VOCERO.

Una de las disparidades que encontraron al preparar las clasificaciones fueron las distintas exigencias de preparación académica para puestos similares y de experiencia mínima para los ascensos.

Maldonado indicó que no se puede implementar todo de una vez porque ello conlleva un costo estimado de $104 millones y la Junta de Control Fiscal solo aprobó $11 millones.

“Ahora mismo estamos estableciendo el plan de trabajo que está ya bastante delineado y el itinerario para ejercerlo. Hasta ahora va según programado”, tras las limitaciones presupuestarias que impuso la JCF, dijo Maldonado.

Sin embargo, la funcionaria declinó mostrar ese itinerario.

La directora de Oatrh aseguró que en ningún caso los planes de clasificación y retribución conllevan reducción salarial de ningún tipo porque el estudio que se hizo se preparó precisamente para evitar reducciones.

En caso de que algún empleado esté en desacuerdo con su reclasificación y retribución tiene derecho a objetarlo.

“(A todo) personal de carrera le cobijan remedios en ley para ello, y ya existen esas leyes”, dijo la directora de la Oatrh.

Aseguró que se han coordinado actividades de información para que ese personal del área fiscal de Hacienda y OGP esté al tanto y pueda aclarar dudas sobre el proceso.

“Hay mucha receptividad por parte de los empleados, hay mucho interés de los empleados y de los componentes de las agencias para que por fin se concretice y se logre porque el asunto de uniformar la retribución y clasificación es lo que va concretizar el empleador único que es el propósito de la ley”, detalló.

Sheila Angleró, portavoz del gobernador Pedro Pierluisi, dijo que el mandatario ha insistido en la necesidad de mejorar los salarios en el gobierno para retener personal capacitado y reclutar personal necesario.

“Cualquier incremento en el presupuesto, tanto por fondos de Medicaid o por ingresos por encima de lo estimado, pudieran ayudar a hacerle justicia salarial a los empleados públicos en la medida en que estos sean recurrentes”, señaló en declaraciones escritas.

Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), que dirige Omar Marrero, tuvo a su cargo presentar el plan ante la JCF y dijo que el proyecto piloto se conocerá como Reforma Civil Gubernamental.

A pesar de que EL VOCERO solicitó más datos de la Aafaf, solo se indicó en declaraciones escritas que esa agencia “siempre se ha defendido y propuesto un nuevo plan de retribución como justicia social para los empleados públicos”.

Pero, ¿cuánto podría tardar el gobierno en implementar nuevas retribuciones uniformes según su clasificación a todos sus empleados?

Al inicio del toque de queda por la pandemia de covid-19, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no daba abasto para tramitar las solicitudes de desempleo y las ayudas federales que se aprobaron. En ese momento el representante novoprogresista Victor Parés lamentó que no se hubiesen completado los pasos necesarios para implementar la Ley de Empleador Único, lo que según él hubiese subsanado en alguna medida el taponamiento de solicitudes.

Maldonado no ofreció un estimado sobre cuándo podría culminar el proceso. Solo indicó que según “como se vaya estableciendo o progresando el plan, se continuará a través de todas las agencias del gobierno central”.

“Lo más importante de este plan piloto es lograr su éxito, identificar áreas de oportunidad en su implementación para poderlo replicar en todas las agencias y a esa dirección nos estamos moviendo todas las partes concernidas”, dijo Maldonado.

Fuente: elvocero.com

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