Gobierno 20 noviembre 2020

Gobierno hace caso omiso a la Junta de Control Fiscal

Implementa la primera fase del retiro incentivado, obviando los reparos del organismo fiscal

A pesar de la advertencia que hizo la Junta de Control Fiscal sobre el impacto económico que tendrá la implementación de la Ley 80-2020 de retiro incentivado, la administración de la gobernadora Wanda Vázquez dio inicio a la primera fase del programa, abriendo el proceso de solicitud a los empleados públicos.

Con este primer paso, el gobierno busca determinar la cantidad de servidores públicos que desean acogerse al programa para confirmar el impacto presupuestario de la implementación de la Ley 80, según confirmó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Mientras esto ocurre, las agencias ya han comenzado a circular comunicaciones escritas a sus empleados para que puedan llenar el formulario que se ha requerido para acogerse al retiro incentivado.

El titular de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Luis Collazo Rodríguez, dijo a EL VOCERO que el estatuto viabiliza ahorros millonarios en nómina al gobierno, a la vez que hace justicia a los funcionarios elegibles a lo dispuesto por la Ley 447-1951 del Sistema de Retiro y la Ley 1-1990, que cambió la estructura de beneficios contemplada para detener el multimillonario déficit actuarial de Retiro. Sin embargo, la junta fiscal ha indicado que la Ley 80 tendrá un impacto económico negativo de $4,200 millones.

Collazo Rodríguez dijo ayer que el gobierno consistentemente ha provisto al ente regulador toda la información, documentos, estudios actuariales y proyecciones de ahorros sobre la Ley 80. “Con la emisión de la Carta Circular 2021-01 y los formularios correspondientes el 15 de octubre de 2020, comenzó la implementación de la ley que fue aprobada el 3 de agosto de 2020 y que permanece en pleno vigor”, añadió el funcionario en declaraciones escritas a este medio.

Especificó que luego de la emisión de la carta circular, la ASR proveyó a los patronos el registro de participantes elegibles por agencia para que puedan analizar si desean participar del programa. Collazo Rodríguez expecificó que para atender algunas de las preocupaciones de la junta, se determinó implementar la ley por fases.

El administrador de la ASR dijo que la primera etapa consiste en el periodo de elección para que los empleados que cualifiquen decidan si quieren acogerse al programa. Este periodo de elección culmina el 23 de diciembre. Posterior a esa fecha, los patronos tienen 30 días para enviar a la ASR y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el registro de trabajadores elegibles debidamente completado.

“Esta primera fase es vital para poder conocer con certeza cuántos empleados desean acogerse al programa y así poder calcular de forma más precisa y detallada los ahorros y el impacto presupuestario de la Ley 80. Por lo tanto, la implementación de la Ley 80-2020 continúa”, sostuvo Collazo Rodríguez, y agregó que hay 6,934 participantes elegibles bajo la Ley 447-1951 y 10,974 participantes elegibles de la Ley 1-1990.

En esa misma línea, la Aafaf indicó que la política pública de la actual administración es proteger las pensiones de todos los retirados del servicio público, por lo que seguirán trabajando en esa dirección.

“El gobierno le ha entregado a la Junta de Supervisión Fiscal toda la información que han solicitado en referencia a la Ley 80, incluyendo cartas circulares, memos y otros documentos relacionados. La implementación de esta ley —la cual es liderada por la OGP y los Sistemas de Retiro— se divide en varias fases”, declaró la Aafaf.

Aseguró que continúa el diálogo con el organismo regulador y las agencias para dar paso a las fases posteriores de la ley.

Agencias envían notificaciones

Acorde con lo anterior, las agencias han notificaciones a los empleados para que conozcan cómo pueden acogerse al programa de retiro. En el Departamento de Justicia, el secretario auxiliar de Recursos Humanos, Christian Castro Plaza, emitió una comunicación escrita con fecha del 17 de noviembre, explicando el procedimiento que debe seguir el personal de la agencia y los organismos adscritos para llenar el formulario y acogerse al retiro incentivado.

En la notificación en poder de EL VOCERO, Castro Plaza informó que el 13 de noviembre fue notificado vía correo electrónico, el formulario de elección para acogerse al programa de retiro incentivado a aquellos empleados en el registro de elegibles notificado por la ASR y que están cobijados bajo las disposiciones de la Ley 447-1951.

“Así las cosas, la ASR no incluyó en el registro de elegibles a los empleados cobijados bajo la Ley 1 del 16 de febrero de 1990. Por consiguiente, y sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, la implementación del programa en el Departamento (de Justicia) será de aplicación exclusiva a los participantes de la Ley 447”, expresa Castro Plaza en la comunicación escrita.

No cede el ente regulador

No obstante, el portavoz de la junta fiscal, Edward Zayas, manifestó que el ente fiscal mantiene su posición de instar a los empleados públicos “a ser conscientes de que no deben depender de los beneficios provistos bajo estas leyes… hasta que se haya resuelto este asunto fiscal”. Zayas hace referencia a las leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020, que expanden los beneficios de retiro.

La Ley 80 crea el programa de retiro incentivado; la 81 provee un “retiro digno” a policías, bomberos y oficiales de custodia, entre otros; y la 82 enmienda la Ley 26-2017 de cumplimiento con el plan fiscal, en beneficio de los maestros del sistema público.

El lunes pasado Ramón Luis Rivera, presidente del comité de transición del gobernador electo, Pedro Pierluisi, recomendó a los empleados públicos que no se acojan a un programa de retiro hasta que haya una determinación final de la junta fiscal.

Fuente: elvocero.com

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