Gobierno 13 noviembre 2020

Inician auditoría de las papeletas

Cuatro de los cinco comisionados electorales en desacuerdo con que esa gestión esté a cargo de la Oficina del Inspector General

La Oficina del Inspector General (OIG) inició una auditoría en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre el manejo de las papeletas de voto ausente y voto adelantado en las recientes elecciones generales con el apoyo del presidente Francisco Rosado Colomer y del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

El resto de los comisionados electorales —que representan al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad— se expresaron en desacuerdo con que sea la OIG la que se haga cargo de la auditoría.

La controversia surgió ayer poco antes de que la CEE terminara el conteo de las papeletas de voto adelantado encontradas esta semana en las bóvedas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (Javaa), con la expectativa de que hoy comience el escrutinio general.

Rosado Colomer confirmó que fue quien impartió órdenes para que la OIG realice una auditoría, aparentemente sin consultar con los comisionados si favorecían que esa fuera la entidad encargada.

El comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier, había pedido una investigación a la CEE tras denunciar que en algunas unidades electorales se reflejan 14,800 papeletas estatales más que el número de papeletas legislativas y municipales, provenientes exclusivamente del voto adelantado.

Justifica determinación

“Originalmente, la CEE tenía una oficina de auditoría interna y ya no la tiene porque los recursos fueron asignados a la OIG y siendo así yo decidí solicitarle los servicios a la OIG para que realizara la auditoría. Lo cierto es que ya la OIG aceptó la encomienda y se están ubicando en operaciones electorales”, dijo Rosado Colomer.

Explicó que la auditoría es para cuadrar las papeletas de la Javaa. Expuso que contratar una entidad privada para estos fines implicaría un costo para la CEE, cuando la OIG lo hace de manera gratuita. “Alguien me dijo que podría ser que tienen una argumentación de que es algo electoral. Esto es una auditoría de algo material, y que incida en lo electoral bueno, pues quizás, pero ahora mismo es un cuadre de papeletas”, afirmó.

El también juez indicó que aunque apoya la auditoría no es porque haya identificado irregularidades en el proceso electoral. “Creo que no es una conclusión lógica porque la auditoría no la solicita presidencia, sino los comisionados electorales mediante voto unánime y lo que hago es ejecutarla. Lo que ellos están cuestionando es a quién yo escogí para realizarla”, afirmó.

“¿Esa petición no es una admisión de su parte a que hubo procesos irregulares?”, preguntó EL VOCERO.

“La contestación es no”, respondió.

Insistió en que los comisionados no tenían que participar en la selección de la OIG para la auditoría.

“No veo razón en la cual tengan que participar en algo que es una asignación o petición a otra agencia del gobierno que me sale de gratis. Es como por qué yo tengo que llevarle a ellos a quien se escogió para la compra de los alimentos del escrutinio. Si fuese una subasta que me costara más de $150,000, pues quizás vería el argumento”, expresó.

OIG “no puede hacer auditoría de asuntos electorales”

En tanto, Gautier argumentó que realizar auditorías en la CEE es un asunto electoral y no administrativo. “Cuatro comisionados estuvieron de acuerdo conmigo en que la OIG no puede hacer auditoría de asuntos electorales. La OIG sí puede hacer auditoría de asuntos financieros que tengan que ver con la comisión, pero no de asuntos electorales. El presidente resolvió en contra de nosotros y a favor del PNP de que OIG sí va a llevar a cabo esa auditoría”, dijo.

“Así que yo tendré que decidir si acudo a los tribunales para revisar esa determinación. En estos momentos no tengo una decisión al respecto”, agregó.

Gautier señaló, además, que la auditoría busca lograr un balance entre las papeletas de voto adelantado que se imprimieron y las que se utilizaron en cada una de las categorías del voto adelantado, entiéndase voto a domicilio y voto por correo. “Ante el revolú que había en Javaa todos queríamos saber cómo se había manejado por lo menos las categorías de voto contra las papeletas, pero una cosa es esa y otra a que se nos obligue o que se nos lleve a que otra agencia del gobierno sea la que tome la decisión de si eso se hizo bien o mal. Creo que es altamente regular”, dijo.

“Aquí nadie sabe lo que ellos van a hacer. De hecho, ellos (la OIG) se personaron hoy (ayer) a Operaciones Electorales y comenzaron allí a hacer preguntas, a buscar material y a preguntar asuntos que son electorales”, agregó Gautier.

Insistió en que la CEE debe proveer a los comisionados electorales información que se ha negado a proveer y que es necesaria para la auditoría, por lo cual entiende que la auditoría comenzó a destiempo. “Necesitamos el número de solicitudes de cada una de las categorías, el número de las solicitudes que se grabaron, el número de las solicitudes que no se grabaron y el número de solicitudes que se le notificó al elector que no tenía derecho. Hay un montón de información que hay que ponerse a buscar antes de ponerse a contar las papeletas que salieron y las que regresaron”, dijo.

De hecho, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, radicó un recurso legal en el Tribunal de San Juan para que la CEE entregue esa misma información antes de que comience el escrutinio.

“Entendemos que son indispensables (esos documentos) para poder auditar el proceso de escrutinio y los votos recibidos. Estamos específicamente hablando del voto adelantado y el voto ausente”, expresó Valentín. Además, cuestionó la determinación del presidente y señaló que el interés de realizar una auditoría es el reconocimiento de que “hay serias irregularidades en el proceso”.

Reclaman consenso

“No estamos de acuerdo con la selección de quién va a realizar esa auditoría. Entendemos que los comisionados debemos decidir eso en consenso y seleccionar entes externos que no sean parte de la Rama Ejecutiva”, afirmó. Comentó que entidades como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) podían encargarse de la auditoría.

En tanto, Sánchez reiteró que su colectividad ya había solicitado una auditoría el pasado 20 de octubre, y alegó que la CEE había dejado saber a los comisionados electorales que existía la posibilidad de que la OIG se encargara de la misma. “Nosotros solicitamos esa auditoría para certificar y darle la garantía al pueblo de Puerto Rico de que este proceso se ha llevado de forma transparente. Aquí nadie está aceptando que hubo un proceso irregular”, expresó.

Por su parte, la inspectora general Ivelisse Torres confirmó el comienzo de un proceso administrativo sobre el manejo de papeleras en la CEE. “Por confidencialidad establecida en la propia ley orgánica de la OIG, y para salvaguardar la pulcritud de los procesos estrictos bajo los cuales se rige la oficina, no es posible abundar en detalles del examen hasta que este concluya. No obstante, una vez el proceso culmine, se divulgarán los resultados conforme a ley y reglamento”, indicó.

Fuente: elvocero.com

Notas Relacionadas

Deja tu comentario