Gobierno16 octubre 2019

Lupa senatorial a la sobrefacturación de contratistas del gobierno

La medida fue radicada por el senador Carmelo Ríos

La sobrefacturación por parte de algunos contratistas es un problema que por años ha afectado económicamente las arcas gubernamentales. Como una alternativa para atajar este delito, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, radicó una medida que propone incluir nuevos requisitos para verificar las horas trabajadas en una computadora y facturadas a cualquier dependencia del gobierno.

Sobre el Proyecto del Senado 1377 el legislador indicó que “es necesario implementar un sistema de contabilidad cibernética que nos ayude a monitorear la productividad y el trabajo de aquellos servicios profesionales que han sido contratados por entidades gubernamentales. Estos sistemas son utilizados para monitorear el trabajo realizado y aumentar su nivel de productividad. Además, verificar que algún contratista no esté mal utilizando sus horas laborales para realizar actividades personales en la computadora. Ciertamente, esta medida permitirá fortalecer la capacidad general de administración de proyectos de tecnología de la información en nuestro gobierno con nuevas herramientas de transparencia y verificación de facturación diseñadas para prevenir el fraude".

El proyecto detalla que este nuevo requisito se aplicará solo a contratos para servicios profesionales o técnicos que excedan los $100,000. Del mismo modo, el contrato debe especificar que la agencia no pagará las horas trabajadas en una computadora, a menos que estas sean verificadas por el programa de computadora.

Este sistema de monitoreo computadorizado recopilará automáticamente, mediante la frecuencia total de pulsaciones de teclas y movimientos del mouse, los datos del trabajo realizado. De igual forma, tomará una captura de pantalla (screenshot), al menos una vez cada tres minutos, mientras el contratista realiza la labor. Cabe destacar que este sistema no debe grabar ningún dato confidencial del usuario.

Otro aspecto que explica la medida es que el contratista será el propietario de los datos y deberá almacenar la información recopilada por un periodo de siete años. Además, le proveerá a la agencia o al auditor de la entidad gubernamental, acceso a la información de ser solicitado.

Fuente: elvocero.com

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