Gobierno 07 septiembre 2022

Municipios en una "encerrona" por los litigios que conllevan las reconstrucciones

Seis ayuntamientos no han podido recuperar el dinero de pólizas y, por ende, varias instalaciones permanecen igual o peor de cómo quedaron tras el huracán María

A solo dos semanas de que se conmemoren cinco años del huracán María, los municipios de Coamo, Manatí, Sabana Grande, Barceloneta, Canóvanas y Aguadilla permanecen con decenas de instalaciones deportivas y comunitarias igual de destrozadas que cuando los azotó el fenómeno atmosférico.

Esos seis ayuntamientos continúan en litigios con sus respectivas aseguradoras, al no haber un acuerdo entre la cantidad reclamada y lo que se les quiere pagar, reveló la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés). Por ende, los alcaldes se ven, en la mayoría de los casos, imposibilitados de comenzar o terminar los trabajos de recuperación, o aquellos proyectos de obra permanente, mientras reciben, a diario, el reclamo de sus constituyentes por no ver avances en las instalaciones municipales dañadas o destrozadas por el huracán María.

En entrevistas separadas, cuatro de los seis alcaldes afectados dijeron sentirse maniatados con esta situación porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergecias (FEMA, en inglés), al asignarle fondos, toma en consideración la porción que recibirían los ayuntamientos a base de lo estipulado en una póliza. Pero, en el caso de los seis municipios con pleitos legales, la cifra que recibirían resulta ser incierta.

“Esto es una odisea. Una tragedia”, sostuvo el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.

Contó que, en Coamo, tiene 15 instalaciones afectadas aún por María, entre ellas, la alcaldía, la plaza pública, la Escuela de Bellas Artes y el estacionamiento municipal. La reclamación al seguro ascendió a $4 millones, pero la aseguradora solo les ofrecía $1.8 millones.

“Solo por el estadio, que tiene un roto en el techo, dañado el aire acondicionado y los tabloncillos, y solo me querían dar $200,000″, dijo el alcalde.

Destacó que el litigio se ha prolongado porque la aseguradora cambia constantemente de abogados o de bufete.

“El sistema (judicial) los apoya porque llevamos cuatro años en esto, y cada vez que vamos para juicio, cambian los abogados. Han cambiado dos veces, y se atrasa más”, lamentó García Padilla.

“Me afecta porque no puedo empezar los proyectos porque FEMA me los restó de la asignación. La cantidad que le correspondía al seguro, tampoco me lo paga, o sea, que no lo puedo hacer. Estoy en una encerrona”, abundó.

“Le pedí a FEMA que me permitiera hacerlo (los proyectos de reconstrucción) con los chavos de ellos en lo que se terminaba el juicio, y lo que el juez determinara se lo devolvía. Pero tampoco me lo permiten”, agregó el alcalde coameño.

García Padilla propone que el Fondo de Obra de Reconstrucción o Fondo Rotatorio, un pote de $750 millones creado por el gobierno para asistir a los ayuntamientos en el desarrollo de obra permanente, sea utilizado para ayudar a los municipios que se mantienen en litigio con las aseguradoras. “Y devuelvo lo que tenga que devolver”, comentó sobre su propuesta.

Juan Andrés Muñoz Torres, director de la Oficina de Asuntos Externos de FEMA, explicó que velan por que el dinero se use y se asigne correctamente, y para asignarlo, consideran las pólizas, que son un “documento legal, y de ahí es que FEMA se supone que use las cantidades de la póliza para determinar cuánto va a dar o aprobar”.

“FEMA toma en consideración la cantidad máxima que el municipio debe obtener por parte del seguro por la facilidad asegurada. Ahora, entendemos que muchas veces, y pueden ser agencias estatales también, llegan a acuerdos con las aseguradoras por cantidades menores. Cuando esto sucede, el solicitante le provee a FEMA la información relacionada a lo que recibieron por parte de la aseguradora, los documentos o la evidencia necesarios, y entonces FEMA hace un ajuste a la obligación (dinero asignado) para que el municipio pueda llevar a cabo el proyecto con el costo determinado”, explicó Muñoz Torres.

FEMA evalúa el costo de cada proyecto y asigna los fondos, que son desembolsados por el COR3 mediante reembolso. La agencia asigna 90% del dinero y el restante 10% le corresponde al municipio o al solicitante de los fondos.

De acuerdo con FEMA, los municipios están al frente en cuanto a proyectos de reconstrucción realizados. Pero aquellos con litigios aguardan por una determinación.

“A los municipios con litigios con aseguradoras, se les orientó sobre lo que se considera el esfuerzo razonable para cobrar el dinero del seguro, así como del proceso previo a evaluación y acuerdos con su aseguradora. El equipo de COR3 revisa la póliza y los documentos de seguros para apoyar al municipio en el proceso de la creación de la documentación necesaria que solicita FEMA”, indicó, por su parte, el director del COR3, Manuel Laboy.

Señalan tácticas dilatorias

El alcalde de Manatí, José Sánchez, contó que también se ha tenido que enfrentar al cambia y cambia de abogados en el pleito legal que enfrenta contra la aseguradora del municipio. Reclama $30 millones, pero solo le quieren dar $7 millones. Está dispuesto a aceptar $20 millones, dijo.

“Nos mantiene en una situación difícil. Ya, por lo menos, el juez dio fecha para juicio, y les dijo ‘no pueden seguir dilatando el caso’”, manifestó.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, dijo que, en su caso, la aseguradora solo le ha dado $1.2 millones de $25 millones que reclamó por daños en 91 instalaciones municipales. Aguardan por otros $3.3 millones que tratan de negociar o llegar a un acuerdo en medio del litigio.

“Estamos a la espera de $3.3 millones, si acaso. Esto es una pelea de ‘back and forward’ (hacia atrás y adelante). No te creas. Es bien inexplicable. Solicitamos la intervención del comisionado de Seguros porque esto es una barbaridad, porque pagamos un seguro, y ellos (la aseguradora) han estado en el debate de si las facilidades estaban o no en condiciones óptimas. Ellos teniendo un expediente de cada facilidad”, puntualizó Soto.

Al cierre de esta edición, el comisionado de Seguros, Alexander Adams, no pudo confirmar si tenía querella de algún municipio. Sin embargo, hizo constar que las quejas bajo su atención por presunta violación al Código de Seguros serán resueltas. Aclaró, sin embargo, que no puede intervenir en pleitos legales en curso.

A diferencia de su homólogo de Coamo, el alcalde de Manatí dijo que pudo arreglar algunas de las instalaciones afectadas por María con el dinero que tiene de superávit, ascendente a $12 millones. Habló de la presión que recibe de los ciudadanos que ven las instalaciones municipales en pésimo estado. “Si no tengo parte del (dinero provisto por el) seguro, lo tengo que poner. He tenido que coger chavos municipales. Yo estoy pagando los proyectos de FEMA con chavos municipales. Cuando el seguro me pague, pues recobro. No puedo parar la reconstrucción”, dijo Sánchez.

Soto también ha hecho arreglos a “infraestructura crítica, pero ha sido bien poco”. “Lo restante, estamos en la espera porque, ahora mismo, tenemos 17 proyectos en construcción de 124 que son porque la mayoría tienen seguro”, indicó.

Además, dijo que, con el alza en el costo de materiales de construcción, hacer trabajos de esta índole le cuesta más al ayuntamiento.

El alcalde de Manatí destacó que no todos los municipios pueden echar mano a sus fondos para reparar los estragos que dejó María mientras esperan por una decisión legal. “Aquellos municipios que no tienen esa capacidad, si no tienen superávit, no van a poder arreglar”, reconoció.

En esa línea, está la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler, quien tras María se quedó sin alcaldía. Hasta hace dos años, el edificio estuvo cerrado.

“La alcaldía estuvo cerrada por dos años y medio. Utilicé a mis brigadas (para reparar). Comencé a identificar presupuesto, abaratar costos para poder sacar (adelante) los servicios esenciales. Estamos aquí (en la alcaldía) hace como dos años. Logramos abrirla, pero a empujones”, dijo Soler.

Pero destacó que aún tiene decenas de instalaciones destruidas, incluido el auditorio Sixto Escobar y varios centros comunales, mientras sigue el pleito legal. Reclama $20 millones, y la aseguradora solo le ofrece $1.5 millones. “Estamos en el (Tribunal) Apelativo... Eso ya llevamos como dos años. Ellos no quieren pagar”, sostuvo la alcaldesa.

“Es una situación sumamente difícil porque, ahora mismo, tengo proyectos aprobados por FEMA, y ellos cuentan con el dinero del municipio, que aún no tengo. Esto provoca que se siga atrasando todo porque, de verdad, estamos esperando. Es una situación bien incómoda. Yo estoy reclamando lo que le pertenece al pueblo. No es a mí”, puntualizó.

Fuente: elnuevodia.com

Notas Relacionadas

Deja tu comentario