Gobierno 10 junio 2021

Prevén batalla legal por las pensiones tras la firma de la Ley para un Retiro Digno

La Junta de Control Fiscal adelanta que evalúa "sus próximos pasos" ante la nueva ley

La firma de la Ley para un Retiro Digno supone un triunfo para las personas retiradas en la Isla. Pero luego de celebrar la firma del proyecto, los grupos que abogaron por esta legislación reconocieron que es solo un paso en la lucha que —dentro de las disposiciones de la Ley Promesa— ahora continúa con la Junta de Control Fiscal y el tribunal federal.

Esta ley, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, dispone una política pública de “cero recortes” a las pensiones de los sistemas de retiro y a las personas jubiladas del servicio público, y crea las bases para establecer un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro con el cual se aseguraría el pago de las pensiones.

Establece de igual forma que la prioridad de pagar a los pensionados debe quedar establecida en el Plan de Ajuste de la Deuda.

Al reaccionar a la firma del proyecto, la Junta de Control Fiscal indicó en declaraciones escritas que “coinciden” con el gobernador en que esta legislación no es consistente con el plan fiscal.

“Además, la Ley 120 obstaculiza el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno, en violación de la Ley Promesa, de modo tal que podría prolongar la quiebra de Puerto Rico y retrasar su recuperación”, añadió el ente fiscal.

También exponen que “quizás lo más importante para los residentes de Puerto Rico es que la Ley 120 no puede, ni tampoco podrá, financiar adecuadamente las promesas que hace a los retirados de Puerto Rico. En repetidas ocasiones, la Junta de Supervisión le ha dejado claro estos hechos al gobernador y a la Legislatura. La Junta de Supervisión está evaluando sus próximos pasos”.

El abogado especializado en casos de quiebra, John E. Mudd, entiende que la junta buscará impugnar la legislación en los tribunales.

“El gobierno no tiene que hacer nada en este momento. Si la junta lo impugna, entonces sí tendrían que defender el caso. La impugnación de la junta no es automática. Tiene que ir al tribunal y que el tribunal diga sí o no”, sentenció.

En el comunicado de prensa enviado ayer, el gobernador indicó que “no existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión fiscal dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste”.

“El recorte es injusto porque afecta las finanzas de miles de exservidores públicos que sufrirían otro golpe a sus pensiones, todo por un capricho legal de la junta. El proyecto persigue el fin de enviar un mensaje a la junta de que el gobierno de Puerto Rico luchará por no dar paso a un recorte a las pensiones, con lo que estoy de acuerdo y por eso (firmé) esta ley”.

Adelantó que notificarían a la junta que esta nueva legislación “es inconsistente con el Plan Fiscal certificado”.

“No obstante, como he dicho, mi compromiso es honrar todas las pensiones del gobierno de Puerto Rico y buscar todas las maneras de lograrlo”, afirmó Pierluisi.

Agregó que firmó el proyecto “en ánimo de que la junta recapacite en su insistencia en recortes a las pensiones, los cuales son innecesarios, tanto legal como fiscalmente”.

Una lucha en varios frentes

Por meses, diversos grupos unieron esfuerzos para cabildear a favor de este proyecto y, luego de aprobado, para conseguir que el gobernador lo firmara.

Sonia Palacios, portavoz de la Campaña Construyamos Otro Acuerdo, celebró la firma de la ley y aceptó que implica nuevas luchas para que se cumpla con cuanto dispone.

“Estamos claros en que la junta ha indicado que esta ley es contraria al plan fiscal y —cuando ese momento llegue— nosotros iremos al tribunal y yo espero que quienes vayan al tribunal sean los legisladores y el gobierno y nosotros los apoyaremos. En nuestro grupo no tenemos dinero para ir a litigar al Tribunal Federal, pero asumimos que la Legislatura y el gobierno van a ir a defender su legislación”, expresó.

Palacios entiende que esta legislación es asunto de política pública y que no debe estar en manos de la junta, sino de La Fortaleza.

“No puede ser que tengamos a la junta diciéndole al resto de las ramas de gobierno cómo se administra el País porque la junta viene impuesta por el gobierno federal, pero no es todopoderosa”, enfatizó.

Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) auguró que la firma en ley del proyecto no pone punto final a la lucha que han dado para garantizar el pago de las pensiones.

“La firma del proyecto me parece que era lo que tenía que hacer el gobernador con un proyecto que llegó aprobado por unanimidad”, afirmó. “Pero con eso nada más no se defiende. Ahora estamos a la expectativa porque ya lo firmó, pero las leyes hay que llevarlas a la práctica”, apuntó.

Advirtió que el reclamo de los grupos que empujaron en favor de la firma del proyecto no han terminado.

“Falta otro nivel y es la lucha para que la junta lo asuma y que el gobierno, con la Legislatura, lo defiendan”, indicó.

Pedro Pastrana, de la Federación de Maestros, aseguró por su parte que esperan reunirse con los abogados para discutir los próximos pasos a seguir.

“Estamos esperanzados en que se pueda implementar. Vamos a estar ahora haciendo el llamado para que el proyecto se ponga en práctica y, al ponerse en práctica, la Junta de Control Fiscal tiene que hacer las enmiendas necesarias para que esta ley sea implementada”, sostuvo.

En una columna publicada en EL VOCERO, Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, aseguró que la legislación ahora convertida en ley no violenta la Ley Promesa porque lo que dispone es “completamente válido en los procesos de quiebra y así fue demostrado en las vistas públicas. A diferencia de otras medidas impugnadas por la junta, este (proyecto) no representa mayores gastos para el presupuesto actual o cargos adicionales al fondo general”.

Fuente: elnuevodiia.com

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