Gobierno 24 mayo 2021

Rosselló y Vázquez Garced destinaron $29 millones en contratos para empresas que ejercieron cabildeo en Washington

Algunas de las firmas contradas por los pasados gobiernos del PNP mantienen acuerdos con la administración de Pedro Pierluisi

Washington - El pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) tuvo contratos por cerca de $29 millones anuales con empresas que, como parte de sus tareas, ejercieron cabildeo en la capital federal ante el gobierno estadounidense, algunas de las cuales mantienen acuerdos con la administración de Pedro Pierluisi.

En el primer trimestre de 2021, King & Spalding informó ingresos y gastos de cabildeo de hasta $50,000 por gestiones hechas ante el Congreso, la Casa Blanca, los departamentos del Tesoro, Vivienda (HUD) y Energía, la Comisión Reguladora de Energía (FERC), la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA).

DLA Piper, mientras, informó al Congreso que, desde 2017, su cabildeo en favor del gobierno de Puerto Rico alcanza los $2.27 millones. En los primeros tres meses de 2021, esa firma reportó haber cabildeado sobre temas contributivos para “incentivar la inversión” en Puerto Rico, la inclusión de la isla en legislación para estimular la economía en respuesta a la pandemia del COVID-19 y el acceso a créditos contributivos por niños dependientes e ingresos devengados.

Según Pierluisi, DLA Piper, Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs son las empresas que tienen entre sus tareas presionar este semestre a favor del proyecto 1522, del demócrata Darren Soto, que propone un referéndum federal estadidad “sí” o “no” atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

A la gestión de esas empresas por parte del gobierno, se sumarían los seis cabilderos de la estadidad electos el 16 de mayo, para quienes Pierluisi ha pedido un presupuesto en la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) que ronde los $1.25 millones.

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Las encomiendas dadas a DLA Piper, Squire Patton Boggs y Cornerstone incluyen Medicaid, incentivos para la inversión manufacturera, el crédito federal que apoya el arbitrio de la ley 154 de 2010 a las empresas foráneas y la inclusión de Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional (SNAP), indicó Pierluisi.

De acuerdo con la Oficina del Contralor, DLA Piper tiene acuerdos vigentes -que empezaron en julio de 2020 y expiran al terminar junio- con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) ($500,000) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ($137,000). Pero antes -por medio de sus oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico- ha asesorado a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Negociado de Telecomunicaciones, entre otras dependencias del gobierno de Puerto Rico.

Squire, Patton & Boggs tuvo el pasado cuatrienio contratos que ascendieron a $795,000. Según la Oficina del Contralor, tiene acuerdos vigentes hasta el 30 de junio, por $245,000 y $130,000, con la AAPP y Hacienda, respectivamente.

Cornerstone -que el pasado cuatrienio tuvo contratos de hasta $1.01 millones- trabajó con la Aafaf y la AAPP hasta diciembre, por medio de contratos que le garantizaban hasta $90,000.

Según Pierluisi, Cornerstone continúa bajo contrato con el gobierno de Puerto Rico, aunque en la página de internet de la Oficina del Contralor no aparece un acuerdo para este semestre.

Bajo la administración de Wanda Vázquez Garced, Cornerstone tuvo la encomienda de tratar de elevar la imagen del gobierno de Puerto Rico en Washington D.C., tras los escándalos del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Pero la empresa también llegó a presentar informes de gestiones sobre la isla durante el año fiscal 2018-2019, cuando no tuvo contratos con el gobierno, de acuerdo a los datos de la Oficina del Contralor.

Cornerstone, incluso, informó haber cabildeado en contra del lenguaje que impulsó el entonces congresista demócrata puertorriqueño José Serrano para que el Departamento del Tesoro, como hizo en 2020, diera a conocer el impacto de los beneficios tributarios federales que reciben las empresas foráneas en la isla, y las leyes puertorriqueñas 20 y 22 de 2012.

En la propuesta que le presentó, en 2019, a la oficina de Vázquez Garced y al director de la AAPP, Cornestone dijo que trabajó con temas de Medicaid para Puerto Rico, lo que provocó entonces críticas de la comisionada residente Jenniffer González.

“Contrato innecesario y despilfarro de $30,000 al mes. ¿Para qué? Jamás los vi trabajando nada de Medicaid ni nada de lo que mencionan (en su propuesta)… Lamento mucho la pérdida de recursos”, indicó la comisionada González, en un tuit, cuando El Nuevo Día publicó originalmente detalles del contrato de Cornerstone.

El bufete Cornerstone reportó haber hecho cabildeo, de 2014 a 2020, en favor de la compañía CITGO, subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que también tuvo como representante en Washington D.C. a VantageKnight, presidida por Manuel Ortiz, quien fue el principal cabildero del gobierno de Rosselló Nevares.

Aunque con influencias entonces sobre Prfaa, VantageKnight tuvo contratos que sumaron $1.63 millones con la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).

No son un secreto las diferencias de la comisionada González con Ortiz, amigo de la familia Rosselló.

Prfaa también tuvo contratos que alcanzaron los $995,000 con la empresa CGCN Group, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, por su parte, tuvo contratos hasta diciembre de 2020 que ascendieron a $536,250, por medio de la AEE ($287,500) y la Aafaf ($248,750), de la mano de la administración Vázquez Garced.

Christie anunció recientemente, ya terminado el gobierno de Donald Trump y quizá contemplando una nueva precandidatura presidencial, que había dejado sus contratos de cabildeo.

Entre los cabilderos registrados en el Congreso, el gobierno de Puerto Rico, a través de la Aafaf, tuvo otro contrato de $220,000 con la empresa Elmendorf Strategies. Otros acuerdos fueron el de OGP con Capital Counsel ($56,000) y de la administración de Prfaa, entre marzo y junio de 2017, con Miller & Chevalier, por un máximo de $30,000.

Fuente: elnuevodia.com

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