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La eliminación en el presupuesto de la partida de $70.2 millones correspondiente al pago del bono de Navidad a los empleados gubernamentales mantiene en incertidumbre al sector de ventas al detal, que como resultado ha visto trastocada su preparación para la temporada que genera un 30% aproximado de las ventas totales anuales.
Esta decisión de la Junta Federal de Control Fiscal —que se repite por tercera ocasión— de concretarse representaría otro golpe para la industria detallista que mantiene una racha negativa en sus números desde hace cuatro meses y cuyas ventas acumuladas hasta julio estaban 3.77% por debajo de las registradas a la misma fecha el año pasado. En julio las ventas cayeron 6.23% al comparar con el mismo mes en 2018.
En los primeros dos años de esta administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) y tras enfrentamientos con la junta, el gobernador de entonces Ricardo Rosselló hizo los ajustes para realizar el pago del bono.
Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), explicó a EL VOCERO que el incentivo representa el motor de la actividad económica que genera la temporada, por lo que han tenido que hacer ajustes en la compra de inventario. Aseguró además, que el panorama puede ser peor si las corporaciones públicas tampoco pagan los $17 millones correspondientes a su bono navideño.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), Iván Báez, quien también es director de asuntos corporativos de Walmart Puerto Rico, sostuvo que —en caso de que proceda el impago— se ajustarán dentro de las limitaciones para intentar tener la mejor oferta en sus tiendas.
“Nos estamos preparando para unas navidades con un consumo similar al año pasado, pero la realidad es que está la amenaza. Si se da, es algo que sin duda tenemos que tomar en cuenta en el proceso. En nuestro caso, como hay fondos adicionales en asistencia nutricional podríamos disipar un impacto, pero no es una garantía de una reacción económica favorable. Nos causa una preocupación”, estableció Báez.
El ejecutivo de Walmart insistió en la importancia del bono, pues a su entender aumenta el gasto, lo que a su vez repercute sobre mayores recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
A pesar de que esto podría ser cierto, el economista José Caraballo Cueto indicó previamente a EL VOCERO que —aunque en efecto significa menos ingresos para las arcas estatales— el impacto se disipa con los ahorros que vislumbra el presupuesto y el plan fiscal certificado.
Recurrirán a lastarjetas de crédito
Mientras que el economista Santos Negrón aseguró que la eliminación del bono —sumado al ajuste propuesto a las pensiones de 325,860 servidores públicos activos y jubilados y que representan el 10% de la población de la Isla— provocarían un caos macroeconómico ocasionado por una contracción en el volumen de gastos, que a su vez tendrá un efecto nefasto sobre los recaudos del gobierno y los ingresos del sector privado.
“Están ocasionando una reducción significativa en el consumo porque están limitando el ingreso de una cantidad gigantesca de personas. Esto tendrá un impacto macroeconómico, porque es una cadena que reducirá la inversión, los recaudos, el consumo, la exportación y hasta las importaciones”, explicó.
A pesar de que los puertorriqueños estilan costear sus gastos navideños con ese incentivo, Negrón discutió que a muchos se les dificulta controlar sus gastos, por lo que anticipa que buscarán formas alternas de pago, lo que resultará en un aumento en el uso de las tarjetas de crédito. “Acuden al crédito como opción y esto incrementa los niveles de endeudamiento”, acotó.
Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el crédito personal por concepto de las tarjetas en Puerto Rico asciende a sobre $1,600 millones aproximadamente.
Aunque ha trascendido que la gobernadora constitucional Wanda Vázquez no cederá al impago del bono y el ajuste a las pensiones, a diferencia del exgobernador Rosselló esta ha sido colaborativa con la junta fiscal, lo que mantiene preocupado al sector.
EL VOCERO solicitó en múltiples ocasiones una entrevista con Vázquez para conocer su postura en torno a las reformas y si mantiene un plan económico para los 14 meses restantes del cuatrienio, pero su secretaria de Prensa, Mariana Cobián, no respondió a ninguna de las peticiones.
Atenta la junta fiscal
Por su parte, la junta fiscal a través de su portavoz Edward Zayas, recalcó que “si el gobierno encuentra de dónde obtener el dinero para pagar el bono, sin necesidad de añadir al presupuesto, el ente federal estaría dispuesto a reconsiderar las opciones”.
En cuanto a los ajustes a las pensiones, Zayas abundó que “para hacerle frente a una deuda de $50 mil millones con nuestros pensionados y con iniciativas fiscales responsables, la junta le garantiza a los pensionados un cheque mensual con un ajuste mínimo”, lo que tendría un impacto económico menor al estimado en un principio.
FUENTE: elvocero.com
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