Puerto Rico 14 junio 2022

Irregular el funcionamiento de cámaras de seguridad en las cárceles del País

Secretaria de Corrección y Rehabilitación admite la situación y asegura que este año resolverán el problema

La secretaria de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, reconoció que las cámaras de seguridad de la institución carcelaria Bayamón 1072, específicamente en el área de donde se escaparon dos reos este fin de semana, no estaban funcionando.

La situación se repite en algunos penales que no detalló, ya que según indicó, varía de institución en institución. No se informó qué empresa -si alguna- tenía a su cargo la supervisión de las cámaras.

Escobar Pabón dijo estar preocupada por los servicios de seguridad que se estaban ofreciendo en el edificio donde ocurrió la fuga y en el que apenas había ocho confinados. En ese turno había dos guardias correccionales y sus rondas de seguridad eran en rutas contrarias.

Tras la evasión, los otros seis reos fueron trasladados a otro edificio, indicó la funcionaria.

De la investigación preliminar surge que los confinados rompieron una ventana para salir del edificio, luego rompieron partes de una verja y posteriormente brincaron otra verja con serpentina. La secretaria dijo que desconoce qué tipo de herramientas usaron o de dónde las sacaron para poder salir.

“En este momento las cámaras en este lugar no están funcionando porque llevan cerca de 6 a 7 años que no estaban operando. Nosotros le dimos continuidad y… (trabajamos) un proyecto nuevo de instalación de cámaras, de sustitución e instalación y optimizar la tecnología que tenemos con las mismas. Hay instituciones en las que funcionan en su totalidad, hay instituciones correccionales donde algunas funcionan y otras no, y tenemos instituciones correccionales donde no funcionan. En este caso, en Bayamón 1072, en esa área, no funcionaban”, declaró en entrevista con EL VOCERO.

Subasta adelantada

No obstante, dijo que junto a la Administración de Servicios Generales (ASG) se convocó y adjudicó una subasta para resolver el problema y aseguró que han iniciado “los procesos de contratación a un costo de $2.1 millones”.

Como parte de esa iniciativa ya comenzó la instalación de cámaras nuevas en la prisión de Guayama.

“Tenemos entendido, de acuerdo al plan de trabajo, que al final del año estarán instaladas en todas las instituciones las cámaras nuevas… vamos a trabajar en todas a la misma vez para optimizar lo que tenemos, desechar las que no funcionan y establecer nuevas tecnologías porque esto cambia constantemente y tenemos que estar atentos a los cambios que van surgiendo y a nuevas alternativas de seguridad”, informó.

No descarta sanciones

Señaló que la pesquisa administrativa de lo ocurrido recae en la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional, adscrita a la oficina de asuntos legales de la agencia y que debido a que al final del día ella debe adjudicar posibles sanciones a empleados no interviene en el proceso.

“De surgir evidencia de que alguien en ese momento no hizo su trabajo como debió haberlo hecho, en efecto, se estaría pasando por el proceso de aplicación de medidas disciplinarias que pueden llegar a la destitución”, expresó al tiempo en que dijo que a “todas luces” hubo un fallo.

Uno de los dos hombres que se fugaron fue identificado como Harold “Ferrari” Abolafia Borrero, quien cumplía una sentencia de 43 años por asesinato en segundo grado y ley de armas, debido a su participación en un doble asesinato ocurrido en el 2017. El otro se identificó como Juan Alberto Valdez López, quien cumplía una pena de tres años por robo y otros delitos.

En espera el análisis de autopsia

De otra parte, dijo que continúa la pesquisa sobre la muerte de Shannel Colón Ponce, que inicialmente se catalogó como un suicidio, pero que sus familiares dudan de la versión oficial sobre los hechos. En el caso de la joven de 23 años tampoco fue posible ver cómo ocurrieron los hechos, ya que –según la versión oficial- presuntamente ese día hubo interrupciones del servicio eléctrico que afectaron las cámaras. Sin embargo, LUMA Energy desmintió tal interrupción del servicio.

La secretaria indicó que hasta que el Instituto de Ciencias Forenses no culmine su análisis de los hallazgos en la autopsia no daría declaraciones adicionales.

“Tenemos el mayor interés de que se clarifique qué fue lo que paso aquí y que dentro de la pureza de ese proceso se pueda determinar qué exactamente, cuál fue la causa de muerte, lamentablemente, de esta confinada”, expresó.

Sobre las versiones que han salido a relucir en redes sociales y durante las protestas de los familiares de Colón Ponce frente al presidio, que apuntan a que no hay personal médico suficiente para atender de forma adecuada a los confinados y que existe maltrato, la funcionaria extendió una invitación a que “de la misma manera y ahínco” denuncien las situaciones mediante declaración jurada y ante las agencias para que todo se investigue. De lo contrario, se prestaría a una especulación.

Aseguró que en las reuniones con los superintendentes de las instituciones les insiste en que se brinde trato digno a las personas recluidas.

Nuevo plan de rehabilitación

Escobar Pabón informó que a través de varios comités están revisando los reglamentos sobre el manejo de la población correccional y adelantó que próximamente darán a conocer un nuevo Modelo Integral de Rehabilitación.

“Va dirigido a modificar todo el proceso que tenemos ahora, desde la clasificación inicial hasta el plan de egreso y salida a la comunidad. Queremos atender el proceso de rehabilitación en todo momento. Que no se establezca por nivel de custodia, por sentencia impuesta, sino que toda la población correccional se le promueva y se le motive el cambio para que ellos puedan salir y no regresar”, puntualizó.

Dijo que el documento de trabajo se le presentó a grupos de interés, a los líderes de los confinados y al equipo de trabajo de la agencia y está bajo evaluación de la Universidad Carlos Albizu. Asimismo, dijo que han recibido orientación de manera informal, sin contrato, por parte de la Universidad de Puerto Rico.

La meta es que a finales de este año o principios de 2023 esté listo para poder implementarlo.

Milagros Rivera Watterson del Comité de Amigos y Familiares de Confinados, dijo que todavía no ha visto el borrador y recomendó una discusión amplia y abierta que incluya estudios comparativos con otros países del mundo donde hay baja reincidencia e incluir otras áreas tales como el Departamento de Justicia, el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y el Comité PARE, entre otros.

Según la activista, en la campaña eleccionaria casi todas las personas que aspiraban a la gobernación se comprometieron a impulsar una reforma del sistema penal, pero aseguró que el gobierno actual no ha dado los pasos en esa dirección.

“Trabajar la rehabilitación es un asunto serio y se tiene que trabajar de manera seria... Un país en que predomine el pensamiento de que la justicia es venganza, que hacer justicia es meter la gente presa y botar la llave y la mano dura, está condenado al fracaso y esa es la mentalidad que estamos viendo todo el tiempo”, afirmó.

Fuente: elvocero.com

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