JUNTA DE CONTROL FISCAL 13 diciembre 2018

Advertencia de Jaresko

recordó que hay una "relación directa entre el estímulo (federal) y el crecimiento económico"

Si los miles de millones prometidos por el gobierno federal para la reconstrucción de Puerto Rico finalmente no llegan a la Isla, el plan fiscal del gobierno tendrá que ajustarse a nuevas proyecciones económicas, dijo ayer la directora ejecutiva de la Junta Federal de Control Fiscal, Natalie Jaresko.

No obstante, afirmó que no han recibido información de que los fondos federales comprometidos no llegarán al País.

Reconoció, sin embargo, que si el gobierno federal cierra la pluma de la ayuda, las proyecciones de crecimiento económico de 7.8% cambiarán y, con esto, el plan fiscal.

“Hay una relación directa entre el estímulo (federal) y el crecimiento económico”, afirmó Jaresko en entrevista con EL VOCERO.

Puerto Rico, según publicó este diario, ha recibido $8,900 millones en fondos de distintos potes. Los que todavía no ha llegado suman $56,000 millones. La ansiedad de que el dinero le sea retenido a la Isla aumentó cuando la publicación Aixos citó fuentes que apuntan a que el presidente Donald Trump no quiere enviar más fondos al País.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo el mes pasado que no validaría la información hasta tener un tuit del propio presidente diciendo que no enviaría más fondos.

Al momento Trump no ha publicado nada en sus redes: ni sí ni no. EL VOCERO publicó anteayer que funcionarios de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) estarían en Puerto Rico para supervisar el proceso que debe seguir el gobierno antes de poder recibir estos fondos.

Rosselló reiteró ayer que han cumplido con los pedidos del gobierno federal para garantizar la fiscalización y buen uso de los fondos que lleguen al País.

“De lo que controlamos nosotros, estamos haciendo un mejor esfuerzo que otros estados para poder tener esos planes de acción y poder cumplir y con planes que son excelentes, en mi opinión”, dijo Rosselló.

Persisten dudas con las tragamonedas

Jaresko expresó que la junta trabajó la reforma contributiva junto a la Legislatura y el gobierno, pero que no hubo acuerdos sobre la legalización de las máquinas tragamonedas que operan fuera de los casinos. Insistió en que es el gobierno el que debe presentar los estudios que validen que la legalización de 25,000 máquinas dejará $160 millones anuales al fisco.

Aunque el gobierno ha dicho que estas tragamonedas no se usarán para “pagar” por la reforma tributaria, Jaresko insistió en que las máquinas podrían tener un efecto en el recaudo de los casinos, afectando a su vez lo que reciben la Universidad de Puerto Rico, la Compañía de Turismo y el presupuesto.

Dijo tener estudios de Grecia que apuntan al efecto de estas máquinas, pero reiteró que no ha recibido un estudio actual por parte del gobierno que certifique el ingreso que tendrían con ellas.

La junta no ha descartado devolver la reforma contributiva a la Legislatura ante el descuadre que prevé con la legalización de las tragamonedas.

“Lo que puedo hacer es decir que es inconsistente con el plan fiscal certificado. Tengo serias preocupaciones con la videolotería y con el hecho de que pueda ser inconsistente con el plan fiscal respecto a los recaudos”, dijo Jaresko.

“No nos han enviado los cálculos. Ni para un lado ni para el otro. Los puertorriqueños tienen derecho a saber lo que se pretende lograr con esto, dónde está el análisis. No he recibido nada de eso”, sostuvo.

Fuente: elvocero.com

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