JUNTA DE CONTROL FISCAL16 septiembre 2019

Charbonier asegura crisis en Corrección aumentará por recortes de la junta

"El ente federal está viendo el asunto como uno de números y no como uno de crisis de seguridad, malas condiciones de vida y trabajo"

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, aseguró hoy que la crisis en las instituciones carcelarias del País aumentará debido al "recorte millonario realizado" por la Junta Federal de Control Fiscal al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La representante indicó que la Comisión de lo Jurídico que preside ha realizado vistas oculares en varias instituciones carcelarias y han sido testigo de las precarias condiciones de trabajo en que trabajan los oficiales correccionales y viven los reos.

“Es importante señalar que la falta de recursos para adiestramiento y contratación de personal en todas las áreas han sido varios de los hallazgos en la investigación que ha realizado nuestra comisión. Desde empleados de mantenimiento hasta psicólogos y psiquiatras para atender a la comunidad correccional", dijo la representante en declaraciones escritas.

Asimismo, destacó que "los oficiales correccionales necesitan mejor paga y mejores condiciones de trabajo. La labor que estas personas realizan conlleva un alto nivel de peligrosidad y riesgo para sus vidas. Donde se necesitan dos oficiales correccionales hay uno, y donde se necesitan cuatro hay dos. También fuimos testigos de como los sistemas de cámaras de seguridad no son los adecuados y no operan en toda su capacidad en ninguna de las cárceles que hemos visitado. Eso representa un alto riesgo a la seguridad de los oficiales, como sucedió en Ponce, y para la protección de los mismos confinados".

Charbonier hizo un llamado a la junta para que devuelva más dinero al DCR y ayuden a mejorar los sistemas de seguridad y condiciones de trabajo en las cárceles.

“El ente federal está viendo el asunto como uno de números y no como uno de crisis de seguridad, y malas condiciones de vida y trabajo. Esto es un asunto humano, de derechos civiles y no lo están mirando así. En Las Cucharas hay una población de más de 2,000 presos con un psiquiatra por teleconsulta, dos psicólogos y como tres trabajadores sociales. Cada uno tiene aproximadamente la atención de 700 presos. Imagínense la carga que tienen esos seis trabajadores. Adicional, la tardanza para aprobar cualquier asunto de presupuesto que requiere respuesta urgente por asuntos de seguridad es el día a día en las instituciones carcelarias. Todo pasa por un largo y burocrático proceso de aprobación entre la Junta de Control Fiscal y OGP. Mi llamado a los miembros de la junta y a la señora Jaresko, es que pongan el oído en tierra, y que hagan lo imposible para evitar que la bomba de tiempo que se siente y se percibe en las cárceles vaya a terminar en una tragedia mayor y la pérdida de más vidas”.

Fuente: elvocero.com

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