Gobierno analiza alternativas ante el presupuesto aprobado por la Junta

El Ejecutivo podría negarse a ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, según expertos

La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares aún evalúa cuál será su proceder ante el presupuesto operacional de $8,757 millones presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y bajo el cual opera el gobierno desde ayer.

“El gobernador y su gabinete continúan analizando todas las alternativas posibles ante el escenario que nos encontramos”, sostuvo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, quien emitió unas declaraciones escritas en nombre del Ejecutivo.

En la tarde de ayer, el gobernador compartió a través de las redes sociales una imagen en la que se le vio compartiendo con Méndez y otros representantes de la mayoría en un día de playa.

“Estamos evaluando el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Ciertamente, el impacto en el presupuesto de las tres ramas de gobierno y los municipios requerirá ajustes adicionales que limitarán nuestra capacidad para proveer servicios”, reconoció Rosario.

Dijo que algunas de las mayores preocupaciones del Ejecutivo son los empleados públicos y el pago del bono de Navidad, así como la eliminación de los fondos para desarrollo económico.

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La versión presentada por el ente a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, aunque mayor a la aprobada por la Legislatura de $8,709 millones, impone recortes adicionales ascendentes a $345 millones tras no derogarse la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976), exigencia de la JSF para preservar el bono de Navidad de los empleados públicos y establecer dos fondos, uno de $25 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otro de $50 millones para la recuperación de los municipios.

El ente federal sí mantuvo varias de las partidas incluidas por la Legislatura durante el proceso evaluativo, pero también redefinió algunas de las asignaciones fijadas a agencias como el Departamento de Hacienda,el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Educación.

El presupuesto consolidado totaliza $20,663 millones e incluye las partidas de las corporaciones públicas, fondos federales y otros ingresos.

“El curso ha sido trazado, y aunque será un reto, no podemos darnos el lujo de desviarnos. Todos debemos trabajar juntos”, expresó José Carrión, presidente de la JSF, en declaraciones escritas que acompañaron el documento.

Posibles escenarios

El abogado Rolando Emmanuelli, experto en la ley Promesa, explicó ayer cuáles son algunos de los escenarios que podrían estar ante la consideración del Ejecutivo, aparte de cumplir con el presupuesto de la JSF o convocar una sesión extraordinaria que devuelva al tintero la derogación de la Ley 80 y la posibilidad de fijar nuevas acuerdos con el organismo.

Aunque siempre está la posibilidad de acudir a los tribunales bajo el alegato de que la Legislatura aprobó un presupuesto menor al presentado por la Junta, para Emmanuelli, las oportunidades del gobierno radican en negarse a ejecutar el presupuesto.

“Ahí sí habría una confrontación que generaría una controversia en la corte porque, entonces, la Junta tendría que ir a la corte a pedirle que obligue a los funcionarios a cumplir con el presupuesto”, detalló el licenciado.

Bajo este escenario, la JSF emitiría una certificación de incumplimiento que, de no generar una reacción del gobierno, conllevaría el uso de los mecanismos que le da la ley Promesa al ente fiscal para obligar a los funcionarios a ejecutar.

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“Mi exhortación es a no obedecer la Junta de Control Fiscal, pero siempre le dicen a uno que hay que estar en contra de la Junta, pero al fin y al cabo buscan un acomodo razonable que siempre termina perjudicando al país”, planteó el representante del Partido Independentista (PIP), Denis Márquez.

Acudir a los tribunales bajo el argumento de que la JSF nunca pudo evidenciar el crecimiento económico que generaría la derogación de la Ley 80 tampoco es alternativa, dijo Emmanuelli. “La ley le permite a la Junta establecer el presupuesto a su sola discreción. Es un asunto donde la deferencia legislativa del Congreso es a la Junta”, señaló.

La determinación de no ejecutar tendría que venir de la rama Ejecutiva, clarificó.

“La crisis política que pudiera crear el gobierno oponiéndose a ejecutar el presupuesto puede ser la llave que abra muchas puertas donde se pueda trabajar con un proceso consensuado el problema de raíz, que es el problema colonial”, dijo Emmanuelli.

Recortes impuestos

Tal y como había adelantado la JSF durante la aprobación del plan fiscal el viernes, el esquema de gasto público contempla reducciones mayores a las fijadas en la primera versión del documento aprobado por la Legislatura.

Los presupuestos de algunas dependencias aparentan tener un aumento en comparación con el presente año fiscal, pero esto se debe a que, por primera vez, a cada una se le asignó el dinero correspondiente al pago de pensiones de sus empleados (pay as you go).

“La visión de la Junta es la visión republicana, un gobierno pequeño con menos participación. Sus recortes van dirigidos a los programas, esto es un recorte directo a reducción de plantilla”, sostuvo el portavoz en la Cámara del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández.

La versión impuesta por la JSF contempla recortes mayores para el Departamento de Educación, que terminó con una asignación para este año fiscal de $2,479 millones frente a los $2,538 que había aprobado la Legislatura.

Al igual que la mayoría de las dependencias, los recortes más drásticos para la agencia fueron en las partidas de nómina y gastos de funcionamiento, que ascendieron en conjunto a $87 millones.

Mientras, se agregó una partida de $30 millones para “sufragar servicios relacionados a la prestación de terapias y otros servicios a niños de educación especial”, una de $23.8 millones para el pago del aumento salarial a los maestros y otra de $23.9 millones para el alza a los directores.

“Que la propia JSF reconozca que estas medidas deben mantenerse en los próximos años es un logro que reconocemos y agradecemos”, expresó el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Abel Nazario.

Al programa de Alianza para la Educación Alternativa se le mantuvo la asignación en $10 millones, contrario a los $12 millones que proponía otorgarle la Legislatura.

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El Departamento de Hacienda quedó con un presupuesto de $167.8 millones, menos que los $201.5 millones que disponía la propuesta original de la Junta.

Quedó eliminada la partida de $533,000 para el alza salarial de $125 mensuales a los agentes especiales fiscales y los de rentas internas.

En el caso de los negociados bajo la sombrilla del DSP, varios sufrieron drásticos recortes, como el Negociado del Cuerpo de Bomberos, que vio una reducción en los gastos de funcionamiento de $576,000, como había propuesto la Legislatura, a $148,000. La partida de nómina, por su parte, bajó de $52.1 millones a $47.4 millones.

Igualmente, se quitó del documento la partida de poco más de $1 millón para la compra de equipo de protección para bomberos.

A la Policía se le redujo la partida para el pago de nómina de $587.1 millones, como estipulaba la versión de la Legislatura, a $570.2 millones. Al igual que con los maestros, sí se mantuvo la suma de $18.8 millones para el alza salarial de los policías. No obstante, se descartaron $6 millones para los gastos de compras de helicópteros.

Durante el proceso de vistas públicas, el secretario del DSP, Héctor Pesquera, advirtió que al finalizar el año fiscal no tendría fondos para pagar el salario de 1,300 efectivos.

El presupuesto de la Policía quedó en $887.3 millones. La Legislatura había propuesto $916.3 millones.

Entre las asignaciones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto(OGP) se retuvieron los $14 millones para el pago del Seguro Social de los policías.

También vio reducir su presupuesto la Oficina del Gobernador, que ahora recibirá $23.5 millones, a diferencia de los $27.2 millones que disponía la versión previa. La Asamblea Legislativa también tendrá que hacer ajustes al recibir recortes de $10 millones, en el caso de la Cámara, y de $8 millones en lo que respecta al Senado.

El Departamento de Salud, por su parte, enfrenta una reducción de $254.9 millones a $238.1 millones, siendo la partida más afectada la de nómina, que quedó en $70.9 millones, de $85.3 millones que había dispuesta la Legislatura durante el proceso de evaluación.

La partida de $7.5 millones para el funcionamiento de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) se mantuvo en la resolución de asignaciones especiales.

La partida destinada para el pago de los gastos legales por Título III se redujo a $256 millones, frente a los $271 solicitados originalmente.

Fuente: elnuevodia.com

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