JUNTA DE CONTROL FISCAL 25 febrero 2019

La Junta celebra decisión de Boston sobre el presupuesto

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que espera que el fallo a favor del ente federal sirva para poner fin a pleitos "innecesarios"

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebró este lunes el fallo del Primer Circuito de Apelaciones que le reconoció como la autoridad “exclusiva” de certificar los planes fiscales y los presupuestos del gobierno o sus instrumentalidades cubiertas bajo la ley federal Promesa.

En declaraciones escritas, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, indicó que “la junta continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas” que alegaron los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz cuando demandaron al ente federal por la aprobación del presupuesto vigente.

“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recupere de su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños”, agregó Jaresko, al tiempo que se mostró esperanzada en que el fallo a favor de la JSF ponga fin a litigios “innecesarios” y “motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de Promesa”.

El pasado viernes, el Primer Circuito de Apelaciones refrendó un fallo de la jueza Laura Taylor Swain, quien concluyó que la JSF no abusó de sus poderes al certificar y poner en vigencia su propio presupuesto. Ello, en lugar de validar el presupuesto que aprobó la rama Legislativa en el verano pasado, el cual se aprobó en medio de confusas negociaciones entre el gobierno y la JSF que incluían derogar la Ley 80. El estatuto que concede remedios a trabajadores despedidos injustificadamente nunca se derogó, pero fue la ficha de negociación que usó el gobierno para lograr asignaciones presupuestarias adicionales para diversos fines. El fallo de Swain se produjo a finales de julio del año pasado.

“Bajo la cláusula de anticipación de Promesa, la cesión de la autoridad a la (JSF) bajo las secciones 201 y 202 para aprobar planes fiscales y presupuestos prevalece sobre cualquier cláusula general o específica de la ley territorial”, reza la opinión suscrita por la jueza Sandra L. Lynch. El panel apelativo, que concluyó que la JSF no se excedió en sus poderes como alegaron los presidentes legislativos de Puerto Rico, estuvo integrado por los jueces Lynch, Norman H. Stahl y el juez asociado de la Corte Suprema y ya retirado, pero designado a este foro, David H. Souter.

El revés propinado por el Primer Circuito de Apelaciones a la rama Legislativa de Puerto Rico reafirma que la estructura de gobernanza que representa la figura de la JSF, creada bajo Promesa, es válida legalmente hablando, aunque una semana antes, otro panel de jueces de ese mismo foro concluyera que el proceso que se siguió para nombrar a sus actuales integrantes fue contrario a la Constitución de Puerto Rico.

El fallo del Primer Circuito de Apelaciones se produce, además, en medio de una disputa entre la JSF y el presidente del Senado, quien según alega el ente federal, se ha negado a proveer acceso a las cuentas bancarias de esa rama de gobierno.

Rivera Schatz y senadores del partido de mayoría han alegado repetidamente que el Senado ha cumplido con los requerimientos de información de la JSF y que la información presupuestaria de esa rama de gobierno es pública.

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El Nuevo Día reseñó la semana pasada que el Senado ha sido una de las pocas dependencias del gobierno en haber publicado sus estados financieros más recientes y que el presupuesto de esa rama legislativa ni siquiera representa el 1% de todo el presupuesto del gobierno.

Empero, la controversia con la JSF no se relaciona con tales divulgaciones sino con la necesidad del ente federal de lograr acceso a las cuentas bancarias de esa rama legislativa. Ante la negativa de Rivera Schatz, la JSF demandó hace poco más de semana al líder senatorial, a fin de obtener la información bancaria y completar una auditoría forense acerca de la posición de liquidez del gobierno.

Fuente: elnuevodia.com

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