Skeel y Jaresko afirman que es improbable que el Congreso intervenga en el status hasta resolver la crisis financiera

Los ejecutivos de la Junta de Supervisión Fiscal consideran que uno de los obstáculos para decidir el futuro político de Puerto Rico queda a un lado al encaminarse la reestructuración de la deuda del gobierno central

Washington D.C. – El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, y la directora ejecutiva del ente financiero, Natalie Jaresko, afirmaron hoy que “es poco probable que el Congreso intervenga para tomar una determinación sobre el status (político de la Isla) hasta que Puerto Rico ponga su casa financiera en orden”.

Pero, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal, indicaron que con la reestructuración de la deuda – que permite un alivio en las obligaciones financieras de la Isla y ha avanzado con la aprobación judicial del plan de ajuste del gobierno central-, “uno de los mayores obstáculos” para decidir el futuro político de la Isla se elimina.

Por ello, Skeel y Jaresko afirmaron que los críticos de la Junta deben “considerar la reestructuración desde una perspectiva diferente” y señalaron que, pese a que “algunos puertorriqueños están a favor de la estadidad, algunos prefieren el estado libre asociado y algunos piden la independencia… Todos están de acuerdo en que existe una necesidad urgente de abordar las finanzas del territorio”.

Tras la reestructuración de la deuda, la JSF mantendrá su control sobre las finanzas públicas de la Isla hasta que el gobierno tenga cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva y haya podido retornar a los mercados a mediano y largo plazo a tasas de interés razonables. Bajo la ley Promesa, la JSF continuaría funcionando por encima del gobierno electo de la isla por lo menos hasta junio de 2025.

Skeel y Jaresko reconocieron que los críticos de la JSF, que controla las finanzas públicas de Puerto Rico y fue impuesta por el Congreso a través de la ley Promesa, han tenido alguna razón en ver al ente fiscal como “una intrusión colonialista”.

“Estas preocupaciones son precisas en un aspecto. La cláusula para territorios en el artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso una autoridad amplia sobre Puerto Rico. El Congreso no podría haber impuesto una junta de supervisión en un estado. Pero la crisis financiera de Puerto Rico era tan grave en 2016 que tanto el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, como el representante de Puerto Rico en el Congreso, Pedro Pierluisi (quien ahora es gobernador), apoyaron y ayudaron a dar forma a la ley (Promesa), la legislación que creó la junta”, indicaron.

En ese sentido, dijeron que, en parte, por medio de los esfuerzos de García Padilla y Pierluisi, “Promesa dio a Puerto Rico un beneficio que ningún estado tiene: el derecho a reestructurar sus deudas bajo un marco similar al de una bancarrota”.

Skeel y Jaresko exhortaron a los críticos del ente fiscal a ver ahora el proceso de reestructuración como un camino para resolver las finanzas de la Isla y poder entonces atender el debate de status.

La semana pasada, la jueza del tribunal de bancarrota territorial Laura Taylor Swain aprobó la reestructuración de la deuda del gobierno central, que se reduce por concepto de bonos de $21,000 millones a $7,400 millones, luego de un pago adelantado de otros $7,800 millones.

Una vez se complete el intercambio de bonos que modificará la deuda pública del gobierno central, Puerto Rico podría ahorrarse en principio, unos $28,500 millones en pagos de principal e interés a lo largo de dos décadas.

Miembros del Congreso han afirmado también que en este momento la atención debe estar en la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla y no en el status, entre ellos el senador republicano Rick Scott (Florida), aliado de los estadistas de la Isla.

Fuente: elnuevodia.com

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