Puerto Rico 28 abril 2020

Junta Fiscal pide más cuentas a Educación

Solicita plan sobre uso detallado de los $349 millones que recibirán de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus

La Junta Federal de Control Fiscal impuso mayores controles al Departamento de Educación para procurar transparencia en el uso que le darán a los $349 millones que recibirán de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Cares Act) previo a su desembolso.

El organismo fiscal ha recrudecido las regulaciones a Educación como respuesta a los esquemas de corrupción en los que se ha visto involucrada la agencia. El pasado mes de julio, la exsecretaria Julia Keleher fue acusada por 32 cargos relacionados a un esquema de fraude electrónico y conspiración para el lavado de poco más de $15 millones.

La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, indicó que el DE tiene hasta el próximo 8 de mayo para entregar el plan de trabajo y alertó que el monto debe ser utilizado únicamente para suplementar la educación primaria y secundaria del sistema de educación pública. Asimismo, deberán incluir otros $3 millones que recibirán para la educación superior.

“Con el fin de garantizar el uso adecuado de estos fondos federales y conforme a la Sección 104 de la Ley Promesa, la junta federal solicita que el departamento presente un plan de trabajo antes de desembolsar los fondos”, indicó Jaresko en una misiva enviada al titular de Educación, Eligio Hernández.

El Cares Act fue aprobado el pasado 27 de marzo para proporcionar un estímulo económico a diferentes sectores, que incluyen las instituciones educativas. Puerto Rico recibirá cerca de $600 millones para educación y la partida de $349 millones es parte del fondo de $13,200 millones que fue establecida solamente para educación elemental y secundaria.

Jaresko también solicitó que la agencia le entregue informes semanales donde desglosen en detalle cualquier desembolso y el uso de los fondos federales recibidos como consecuencia del Covid-19. Estos deberán ser entregados todos los lunes a las 5:00 de la tarde.

DE no ha evaluado la comunicación

Ante esto, el portavoz de prensa de la agencia, Aniel Bigio, sentenció que la subsecretaría de Administración del DE recibió la comunicación, pero que al cierre de esta edición aun no la habían evaluado. La misiva tiene fecha del pasado domingo, 26 de abril. “Se evaluará y se contestará. Una vez eso pase, el secretario hará expresiones”, contestó el funcionario.

No obstante, la comisionada residente Jenniffer González indicó a EL VOCERO que el dinero puede ser utilizado para “todo lo relacionado con la educación de kínder a cuarto año, incluyendo Título I”. Entre estas cosas, detalló que pueden destinarlo al financiamiento de plataformas de educación a distancia, programas de salud para estudiantes y planes para el próximo año escolar.

Pese a que el desembolso del dinero federal no está condicionado al informe que exige la junta federal, la secretaria del Departamento de Educación estadounidense, Betsy DeVos deberá aprobar un acuerdo firmado por Hernández para que los fondos puedan ser liberados.

Según se había informado previamente, la aprobación del acuerdo se dará de tres a cuatro días laborables luego de que la agencia federal reciba el documento que aun no ha sido enviado. Este documento es distinto a lo que exige el ente fiscal.

Más controles

Por otro lado, Jaresko también le ordenó a Hernández que prepare un plan de implementación para el uso de otros $240 millones asignados a la agencia mediante el Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencias anunciado por el gobierno local.

Este dinero deberá ser destinado para la compra de tabletas, software y adiestramiento para aproximadamente 325,000 estudiantes, maestros y directores de escuelas del sistema público. El dinero que no se utilice al 30 de junio se tendrá que devolver al Fondo General.

“Deberá incluir un plan abarcador y detallado de educación a distancia, incluyendo una descripción de cómo se utilizarán los aparatos electrónicos para respaldar el aprendizaje de los estudiantes. El presupuesto del proyecto… y un cronograma del proceso de compras luego de que se haya entregado el plan de implementación acordado que sea razonable, aunque urgente, para comprar los aparatos con los fondos estatales”, señaló Jaresko.

Aumentan desavenencias

Las mayores restricciones se dan luego de las recientes desavenencias entre el organismo regulador y el Departamento de Educación. Desde el pasado 5 de abril, el ente ha insistido en que es necesario que se utilice la red de comedores escolares para alimentar a los niños necesitados durante la emergencia.

Tanto Hernández, como la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se han opuesto al pedido de la junta, por entender que pondría en riesgo la seguridad de los empleados de comedores escolares. Ninguna de las órdenes ejecutivas relacionadas al toque de queda incluyen el servicio de comidas como esencial.

El presidente del ente federal, José Carrión III, aseguró que el Families First Coronavirus Response Act —firmada a mediados de marzo— ordena que se les proporcione a los estudiantes acceso a las comidas que se ofrecen en el Departamento de Educación (DE), con lo que el gobierno no ha cumplido.

“La entrega de comidas a estudiantes es importante en esta emergencia, ya que gran parte de los estudiantes en el sistema de educación pública de la Isla cae bajo el nivel de pobreza, y los padres o tutores dependen de las escuelas para alimentar a sus hijos”, sostuvo Jaresko, por su parte.

Ante la negativa del gobierno, el pasado 24 de abril, la directora ejecutiva de la junta sometió a Vázquez Garced una serie de soluciones a corto, mediano y largo plazo para que se reactive la distribución de alimentos preparados. La Fortaleza luego respondió que se mantendrán firmes en su determinación de no abrir los comedores.

Fuente: elvocero.com

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