Junta Fiscal presenta abarcador plan de ajuste de la deuda

La Junta de Control Fiscal finalmente presenta hoy su Plan de Ajuste propuesto para reestructurar $35,000 millones de deuda y otras reclamaciones contra el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados; y más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones. El plan provee un marco para reducir la deuda pública de la Isla a niveles sostenibles y proporciona un camino para salir de la quiebra. Además, reduce las obligaciones totales de $35,000 millones del territorio —bonos y otras reclamaciones— en más del 60%, a $12,000 millones. Combinado con la reestructuración de la deuda de COFINA a principios de este año, el plan reduce el servicio de la deuda anual a poco menos del 9% de los ingresos del gobierno, comparado con casi 30% antes de PROMESA. La junta fiscal había alcanzado acuerdos con el Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR), la Coalición de Deuda Constitucional Legal (CDCL) y el Grupo de Tenedores de Notas QTCB (QTCB) que representan a ciertos tenedores de bonos de obligación general, y los Servidores Públicos Unidos del Consejo 95 de Puerto Rico (SPU)/AFSCME, que se han unido para comprender la situación financiera en la isla y apoyar el Plan como un compromiso para lograr la estabilidad para Puerto Rico. “Hoy hemos tomado un gran paso para dejar atrás la quiebra y empezar a visualizar el futuro de Puerto Rico bajo condiciones de estabilidad fiscal y sostenibilidad económica”, dijo José Carrión, presidente de la junta fiscal, cuyos nombramientos son cuestionados en su constitucionalidad y en octubre habrá una vista en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para ver el asunto. “Tres años después de que el Congreso aprobara PROMESA y a dos años del peor huracán en los últimos 100 años en la historia de Puerto Rico, después de más de una década de declive económico y desorden fiscal, y de que miles de puertorriqueños abandonaran la isla en busca de prosperidad, hemos alcanzado un punto de inflexión”. Agregó que el plan que proponen inicia el camino para salir de la quiebra aunque “todavía no estamos ahí”. “Necesitamos la aprobación del tribunal, y tomará un tiempo llegar. Un plan que tiene el apoyo de ciertos bonistas, retirados y empleados públicos es el mejor plan para eliminar la nube que ha estado colgando sobre la economía de Puerto Rico”, dijo Carrión. La junta fiscal publicó un análisis exhaustivo e independiente de los sistemas de pensiones del gobierno, como lo requiere la Sección 211 de PROMESA. El informe de Ernst & Young evalúa el impacto fiscal y económico de los flujos de caja de pensiones, incluidas las obligaciones de pensiones y la estrategia de financiamiento, las fuentes de financiamiento, los beneficios existentes y su sostenibilidad, y la estructura legal, así como los arreglos operativos del sistema. Se informó que el plan de ajuste que se presentará hoy “ofrece reducciones significativas a los bonistas, proveyendo, en promedio, una merma combinada de más del 60% del total de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico. El plan fortalece las pensiones estableciendo un fideicomiso independiente de reserva de pensiones para garantizar que los beneficios de PayGo se puedan pagar independientemente de la situación económica o política”. Incluye una reducción de pensión del 8.5% para los retirados que devengan más de $1,200 al mes, por lo que el 60% de los jubilados no enfrentarían ningún recorte. En 2016, cuando la junta fiscal comenzó sus labores, el gobierno y las corporaciones públicas de Puerto Rico, como la AEE y COFINA habían acumulado más de $70,000 millones en deuda que no podían pagar y adeudaban a los jubilados puertorriqueños más de $50,000 millones en beneficios de pensiones no financiados. Se suponía que el gobierno tenía que gastar casi $3 de cada $10 de ingresos contributivos solo para repagar su deuda. El plan, combinado con la reestructuración completa de la deuda de COFINA, reduce el total máximo anual del servicio de la deuda -respaldada por impuestos netos del gobierno- de $4,200 millones a $1,500 millones. El servicio de la deuda combinado de las acreencias del gobierno y COFINA se reduce de $82,000 millones a $44,000 millones durante un período de 30 años, lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo. En cuanto a los bonistas individuales locales –se indicó- tienen la oportunidad de recibir bonos tributables con pagos mensuales de interés. “Reestructurar la deuda y poner a Puerto Rico sobre una base fiscal sólida son los mandatos centrales de la Junta de Supervisión bajo PROMESA\", dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal. “El Plan de Ajuste que radicamos y el apoyo que negociamos con los retirados, uniones y ciertos bonistas es un primer paso importante para restaurar la solvencia y crear el tipo de certeza que las empresas necesitan para invertir y el tipo de estabilidad que la gente de Puerto Rico necesita para lograr prosperidad”. “El Plan de Ajuste, junto con la disciplina fiscal que manda PROMESA y las reformas estructurales significativas descritas en el Plan Fiscal que mejorarán la calidad de vida y la competitividad de Puerto Rico nos permitirán trabajar hacia el crecimiento estable y sustentable”, dijo Jaresko. El Plan reestructura los bonos de obligación general (OG); las reclamaciones de reembolso contra el territorio; los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP); los bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE); las reclamaciones generales no garantizadas contra el territorio, la AEP y el SRE; y las obligaciones de pensiones del territorio.