Justicia 28 junio 2021

Los casos de fraude al PUA podrían alcanzar los 20 mil

Policía amplía la estrategia para agilizar los casos

Ante la avalancha de querellas de fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por siglas en inglés), la Policía estableció una estrategia para que agentes de las divisiones de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) desarrollen la investigación, que según fuentes policiales podría alcanzar los 20 mil casos.

Nazario señaló que la rama investigativa designó agentes como enlace para agilizar el flujo de información con el Departamento del Trabajo, donde reciben y generan el pago del PUA. Otros enlaces tendrán la misión de corroborar en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que las licencias de conducir usadas por los defraudadores son falsas.

Un enlace recopilará los datos de transacciones en las sucursales del Banco Popular y otro en la firma Evertec, en cuya plataforma el Departamento del Trabajo recibió las solicitudes fraudulentas.

Se informó que durante la reunión se dio a conocer los nombres y teléfonos de los fiscales que fueron asignados en cada Distrito para la consulta de casos. Otros casos serán consultados directamente con la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, que dirige el fiscal Rodney Ríos. El fiscal Ríos medió para la asignación de los fiscales en los diferentes Distritos.

Al ser preguntado sobre el número de querellas —que de acuerdo con fuentes de EL VOCERO llegarían a 20 mil— Nazario no ofreció información sobre la cantidad recibida hasta la fecha ni un estimado de las que presentará próximamente el Departamento del Trabajo.

Fuentes conocedoras de las investigaciones, señalaron a este medio que se espera que el NIE radique próximamente los casos contra empleados públicos.

Con el cambio de administración la radicación de casos había quedado prácticamente detenida desde finales del 2020. EL VOCERO reseñó en febrero que un sinnúmero de investigaciones estaban concluidas por agentes de distintas dependencias policiales, como las divisiones de Delitos Contra la Propiedad del CIC y la División de Robos a Bancos.

Sin embargo, los casos todavía no han sido radicados aguardando por instrucciones del Departamento de Justicia.

Con el inicio de la nueva administración, hubo cambios en la División de Delitos Económicos de Justicia, cuyo director Alexis Carlo fue nombrado juez el pasado año.

La fiscal Brenda Rosado, fue nombrada a dirigir Delitos Económicos el pasado enero, y permaneció pocos días en la posición al ser enviada a una unidad nueva que investiga los fraudes al programa Medicare adscrita al Departamento de Salud.

El fiscal Rodrigo Ríos Medina fue designado a sustituirla. Mientras desde febrero los investigadores aguardan por la asignación de los casos a los fiscales, ya que algunos de los que habían trabajado los casos del PUA han sido trasladados o asignados en destaque en la Legislatura y otras dependencias.

Los casos de fraude al PUA comenzaron a ser investigados a mediados del 2020, cientos de ellos contra ciudadanos que usando la identidad de otras personas solicitaron la ayuda, así como más de un centenar contra estudiantes de colegios privados —como San Ignacio de Loyola— y miles contra empleados públicos. Se estima que más de mil reclusos —algunos implicados en casos de notoriedad— usando información obtenida mediante el robo de identidad, solicitaron y cobraron la ayuda del PUA. Para esos casos se designará un enlace con el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La Policía depende de la autorización de los fiscales para radicar los casos cuyas investigaciones están terminadas.

Fuente: elvocero.com

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