Justicia 18 junio 2021

Pugna legal por la guagua blindada de Ricardo Rosselló

Justicia local pide que el caso regrese al tribunal de San Juan

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, solicitó al juez federal Pedro Delgado que se devuelva al Tribunal de Primera Instancia de San Juan el pleito que interpuso la agencia contra la compañía Texas Armoring Corporation (TAC) para recuperar el dinero pagado por la guagua blindada adquirida en 2018 bajo la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Ese tipo de contrato es nulo porque no cumplió con unas disposiciones de la ley de Puerto Rico y especialmente sobre la ley de contratación y tan pronto perjudica al erario de Puerto Rico, los tribunales han tendido a responder que esos son casos a verse en las cortes de los distintos estados”, apuntó.

Detalles del pleito

Una moción radicada por Justicia local, contenida en el expediente del Tribunal Federal, expone que la corte estadounidense carece de jurisdicción al no existir diversidad de ciudadanía entre el ELA y los demandados, dado a que el gobierno de Puerto Rico no es un ciudadano. Afirma que Kimball fue demandado como oficial ejecutivo de Texas Armoring Corporation y no como individuo.

Entretanto, los demandados insisten en que el pleito sea atendido en el foro federal. A estos se les anotó la rebeldía en el foro estatal por no contestar la demanda. Con la rebeldía, la corte puede continuar con el caso sin escuchar al demandado.

Kimball pide que el caso sea desestimado con perjuicio.

La demanda indica que el 26 de febrero de 2018 el entonces director de la oficina de Rosselló, Raymond Cruz, y Kimball suscribieron un contrato para la adquisición del referido vehículo blindado.

El recurso legal destaca que el artículo 3.3 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico establece que el estatuto será de aplicabilidad a toda persona que en su vínculo con las agencias ejecutivas del gobierno de Puerto Rico participe de las licitaciones en subastas, le presente cotizaciones, interese perfeccionar contratos con ellas o procure recibir la concesión de cualquier incentivo económico.

“La posición del Estado es que el contrato de esta controversia claramente violentó la política pública para la protección de los fondos públicos, por lo que resulta ser uno ilegal, toda vez que solo quedan protegidos los intereses de TAC y no hay protección efectiva de los intereses del Estado. Una mera lectura de las cláusulas del contrato refleja que el mismo es claramente arbitrario y parcializado a favor de TAC”, reza la demanda de Justicia local.

Fuente: elvocero.com

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