Justicia 24 junio 2021

Reviven el Registro Anticorrupción: estuvo parado tres años y ahora tiene más de 3,000 casos

Desde su creación en 2018, el Registro de personas convictas por corrupción estuvo casi inoperante y contaba con solo 18 casos registrados hasta ahora.

Cuando los actuales jefes del Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)asumieron, respectivamente, las riendas del Registro de personas convictas por corrupción y del Grupo Interagencial Anticorrupción, se encontraron con tareas inacabadas que no cumplían con su propósito inicial.

De 18 perfiles que tenía hace menos de tres meses, el Registro ahora cuenta con 3,132 casos de personas que no podrán ser contratados por el Gobierno de Puerto Rico por diez años, a partir de la fecha en que terminen de cumplir sentencia.

Esos 3,132 casos salen de la depuración de una lista de 16,000 que dejó la pasada administración de gobierno. “Para empezar, no se había hecho el trabajo adecuado, eso estaba tirado allí. Había personas y muchos casos que no cualificaban dentro del delito de corrupción, también había personas repetidas”, detalló Emanuelli a EL VOCERO.

El Registro está compuesto por personas que violentaron la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (Ley 1-2012), el Código Penal (Ley 146-2012) y la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (Ley 8-2017).

Aunque el Código Anticorrupción —codificado como la Ley 4 de 2018— no define el concepto de “corrupción”, su exposición de motivos lo describe como el uso indebido del poder público para conseguir una ventaja ilegítima o el tráfico de influencias, extorsiones y fraudes, así como el nepotismo y el compadrazgo.

La medida también extiende protecciones a quienes delaten estos actos —los ‘whistleblowers’— y crea un Código de Ética para contratistas.

Cambio de dirección

Según el presidente del Grupo Interagencial, Luis A. Pérez Vargas, el Código Anticorrupción modificó la manera en que las agencias atienden los referidos por este tipo de delito, con la adjudicación penal en primer plano en el orden de preferencia, seguido de remedios administrativos.

“Un referido a Ética, Justicia, Contralor, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), de ordinario se envía el mismo referido a diferentes agencias y están todas actuando a la misma vez. Ahí se produce el choque de declaraciones juradas, que se puede decir una cosa acá y otra allá. Ahora se puede maximizar esa comunicación. Ante la posibilidad que alguien viole la ley y se le pueda dar una multa, yo lo prefiero preso si violó la confianza del pueblo”, argumentó Pérez Vargas, quien asumió la presidencia del Grupo Interagencial en 2019, cuando fue nombrado Director Ejecutivo de la OEG.

El Código Anticorrupción creó el grupo de al menos siete agencias, encargadas de prevenir y erradicar la corrupción y de fortalecer los procesos para evitar la impunidad. Lo componen los principales funcionarios de: la OEG, Oficina del Contralor, Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda, Inspector General, Negociado de la Policía, y cualquier otro miembro invitado por la presidencia.

Por directriz de Pérez Vargas, en las reuniones se comparte información con la finalidad de no duplicar esfuerzos.

Sobre la iniciativa Emanuelli agregó, que “se nos envía qué casos tenemos para que no haya duplicidad de acciones y eso ha sido muy positivo. Fue una idea de él y creo que muy buena. También, muchas veces hay recursos que pueden arrojar luz sobre muchas cosas. Hay recursos que se pueden prestar para investigaciones, todo eso es parte del esfuerzo en este tipo de reunión y compartir”.

Turbio inicio

En sus inicios, el Grupo Interagencial Anticorrupción estuvo marcado por la inestabilidad política y administrativa.

“Obviamente desde el 2018 —no se puede tapar el cielo con la mano— el grupo tenía inestabilidad. Hubo cinco secretarios de Justicia, tres secretarios de Hacienda, dos directores de Ética, dos jefes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés); o sea, que el grupo ha tenido muchos cambios”, relató Pérez Vargas.

El funcionario hacía referencia a los cambios que iniciaron en 2018 y se intensificaron en el Verano del ‘19, y que desembocaron en la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien firmó el Código Anticorrupción.

Puntualizó que uno de los retos es asegurar la continuidad de los trabajos ante la ausencia de un jefe de agencia. A los cambios que enumeró, se suma próximamente el vencimiento del nombramiento de la contralora Yesmín Valdivieso Galib y el de la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.

En lo que va de año, el grupo ha sostenido dos encuentros. Pese a la pandemia, 2020 fue cuando más reuniones celebraron, con un total de cuatro, entre presencial y virtual. En 2019, el grupo se vio tres veces.

Ejercicio fútil

Al momento de firmarlo, Rosselló aseguró que el nuevo Código Anticorrupción tendría el efecto de descubrir más casos de corrupción o reducirlos.

Sin embargo, desde que se instauró la medida, el Departamento de Justicia no ha tenido que acudir a los tribunales para reclamar acción civil ante “acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario”, tal como faculta la Sección 5.2 de la ley.

Según Emanuelli, a Justicia llegan entre 200 y 300 alegaciones y referidos de corrupción al año —con o sin méritos— pero se radican entre 30 y 40 casos en total.

“Hay corrupción y se está trabajando para combatirla, pero parece ser que todos estos códigos, el mismo organismo del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la unidad de Integridad Pública de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General... eso ha aminorado los casos de corrupción, o por lo menos la gente está más consciente de que los podemos agarrar”, planteó Emanuelli.

De acuerdo a la Radiografía de la Corrupción III, publicada por la OEG, el 67.44% de los querellados por violaciones a la Ley de Ética eran hombres y llevaban cinco años o menos en la agencia pública en la cual cometieron los delitos.

La información apunta, además, a que el 52% de los querellados trabaja en agencias y corporaciones públicas y el 48% trabaja en municipios.

El análisis se basó en 86 resoluciones por violación a la Ley de Ética entre el 3 de enero de 2012 al 30 de junio de 2020.

Fuente: elvocero.com

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