Justicia 26 febrero 2021

Serias deficiencias en Ciencias Forenses

Contralor revela atrasos que afectan la investigación de casos criminales

Los retrasos en la evaluación de evidencia, investigaciones criminales y en el análisis de muestras de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) —de 2015 a 2019— pudieron haber obstaculizado el esclarecimiento de delitos y la radicación de casos criminales, según una auditoría de la Oficina del Contralor.

De acuerdo con el informe, los retrasos “privaron al Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía, a los tribunales de Puerto Rico y a las agencias federales de contar con los resultados de los exámenes de las ciencias forenses y la criminología para la investigación, esclarecimiento y radicación de casos criminales”.

La auditoría fue publicada ayer y enumera diez hallazgos principales encontrados en el ICF durante ese periodo, con retraso en prácticamente todas las áreas de trabajo.

Para el 30 de septiembre de 2018, había pendientes 2,156 casos esperando determinar la causa de muerte. Estos casos habían llegado entre 2015 a 2018. Esperaban, además, por análisis 1,848 muestras de tejido y fluidos biológicos, información necesaria para determinar las causas de muerte. Estas muestras, encontró la auditoría, se recibieron entre marzo de 2015 y septiembre de 2018.

Además, la sección de armas de fuego tenía 41,918 casos sin analizar, algunos desde 1982. De estos casos, 28,782 eran de armas de fuego y 13,136 eran de proyectiles. El área de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, con evidencia que llegó entre 1994 y 2018.

La directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, expresó que desde que asumió el cargo en octubre de 2019 y advino en conocimiento de los hallazgos preliminares del Contralor, se han adoptado medidas correctivas. “Si bien es cierto que existen situaciones que hay que corregir, es importante contextualizar el informe del Contralor en lo que se refiere al análisis de evidencia. No toda la evidencia que se somete, tiene valor analítico o científico pertinente a la investigación para acusar o exonerar a un imputado de delito”, explicó.

“Por eso, comenzamos a trabajar en un cernimiento para disponer de toda la evidencia que no requiere análisis por parte de los tribunales o los investigadores porque el caso ha sido resuelto o porque no es útil para su esclarecimiento. Eso debe bajar ese número de evidencia no analizada, en un 70 u 80 por ciento”, informó Conte Miller.

Hasta ahora, indicó que han completado 3,408 protocolos de autopsia y han analizado 318 armas de fuego. De 2,000 ‘safe kits’ que habían en custodia y que cualificaban para ser analizados, 1,500 fueron enviados al laboratorio de referencia en Estados Unidos y se ha recibido el resultado de 333. En proceso de análisis hay 256.

Preocupa al Colegio de Abogados

Miriam Jusino, quien forma parte de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y fue jueza de una sala superior criminal, afirmó que en la larga lista de casos sin atender pudiera haber evidencia exculpatoria o prueba que ayude a atrapar a un criminal.

“Esto, además, nos lleva a una estadística falsa respecto a la criminalidad del País, porque tenemos asesinatos en los que no se ha encontrado la causa de muerte y no los estamos contando como se debería contar”, afirmó. “Esto trastoca el sistema de justicia tanto para convicciones como personas pendientes de un proceso judicial”, añadió.

Afirmó que el retraso en el análisis de sustancias controladas ha sido un mal que lleva mucho tiempo y que solo ha mejorado en los últimos meses.

“Hubo una época en que los casos terminaban desestimados porque hacía falta el análisis químico en relación a las posibles convicciones, pero carecían de prueba para poder probar su caso y terminaban siendo desestimados”, expresó Jusino, quien ahora es abogada en la práctica privada. “Eso es perjudicial para el estado”, apuntó.

Detalles en la auditoría

En el informe también se indica que el laboratorio forense de ADN y serología tenía un retraso de 13,638 muestras sin analizar entre 1996 y 2019. De estos, 2,245 son casos de agresión sexual. La agencia ha estado bajo fuego por este retraso, y aunque se están atendiendo en laboratorios de Estados Unidos, la evaluación de material genético que ayudaría a esclarecer casos de violación sigue retrasada.

Forense tenía 2,156 casos sin analizar en la sección de química. Estos se recibieron entre 1997 y 2018. Había otros 526 casos sin analizar en el área de evidencia digital y 99 casos sin trabajar en la sección de documentos dudosos. El retraso no era solo en las oficinas de San Juan. En Ponce y Mayagüez, donde Ciencias Forenses tiene laboratorios, también se reportaron retrasos.

Todos los atrasos, concluye la evaluación, han provocado que el banco de datos no esté actualizado.

“La última fecha en que se registró un caso fue el 15 de agosto de 2015, según certificación de 2019 de la directora auxiliar del Laboratorio de Criminalística, quien nos indicó que dicha fecha de registro corresponde a una muestra de diciembre de 2013 que lograron analizar”, indica el informe de auditoría. “(Esto) privó a entidades federales y estatales de contar con información actualizada que pueda ayudar en la identificación, detección o exclusión de individuos sujetos a investigación o enjuiciamiento por la comisión de algún crimen”, puntualizó.

Conte Miller informó ayer tarde que al menos 5,000 perfiles de ADN han sido enviados al laboratorio de referencia en Estados Unidos para análisis. Destacó que al comienzo de 2020 se contrataron 52 peritos para diferentes disciplinas científicas para los laboratorios del ICF, de los cuales 8 son peritos de ADN que están en adiestramiento. “Esto unido a la automatización del proceso de análisis, agilizará el análisis de evidencia”, aseguró, y agregó que se adquirió equipo para automatizar el análisis de ADN, que debe estar listo en 15 días.

Añadió que han contratado 8 investigadores forenses y transportistas para apoyar a los investigadores en el traslado de cadáveres, y próximamente reclutarán 5 balísticos y 5 químicos. “Nuestros esfuerzos por llevar al Instituto de Ciencias Forenses al nivel de calidad y cumplimiento que fortalece nuestro sistema de Justicia no se detiene”, enfatizó Conte Miller.

En La Fortaleza, la secretaria de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, Sheila Angleró, señaló que “desde que la Dra. Conte llegó al Instituto de Ciencias Forenses se ha dedicado a corregir los señalamientos de la Contralor y poner al día la agencia, incluso en la realización de autopsias que estaban atrasadas. La instrucción del gobernador a todo jefe de agencia ha sido que aunque la responsabilidad no sea suya y sean situaciones heredadas, tienen que actuar con carácter de urgencia y trabajar en corregir cualquier asunto que sea señalado”.

El ICF estuvo en controversia luego del huracán María en 2017 por la forma en que almacenaron los cadáveres relacionados al huracán. El informe del Contralor evidencia, además, la cantidad de cambios que hubo en el mando de la agencia. Hubo al menos cuatro directores entre 2018 y 2019. El cuatrienio pasado, Ciencias Forenses fue colocada bajo el Departamento de Seguridad Pública, pero ya es nuevamente una agencia independiente.

La auditoría revela que parte del problema en esta agencia es que “carecía de contratos para dar mantenimiento preventivo o para reparar los equipos que estaban dañados o tenían fallas. También se atribuyen a la falta de personal y vacantes de puestos de difícil reclutamiento y a que, en ocasiones, los casos llegan incompletos. Esto, según informó la directora auxiliar”.

Fuente: elvocero.com

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