Puerto Rico 01 junio 2022

La Cámara de Representantes presenta una propuesta para recortar la deuda de la AEE en 75%

Presidente de la Cámara de Representantes dice que la medida debe aprobarse de manera expedita

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y la delegación popular presentaron una propuesta para la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que incluye un recorte de 75% de la deuda con los bonistas, prioridad de pago al sistema de retiro de los empleados de la corporación pública y a las aportaciones patronales y que haya una tarifa menor a los 20 centavos por kilovatio/hora por el servicio de electricidad.

Se trata de un segundo intento de la Legislatura de intervenir en el proceso de reestructuración de la AEE, luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside el caso de Título III (quiebra) de la Ley para la Supervisión. Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), le cerrara el paso para participar del proceso confidencial de mediación entre las partes con interés.

La deuda de la AEE supera los $8,000 millones.

En esta ocasión, la intervención es a través del Proyecto de la Cámara 1383, que crea la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE, una medida que persigue sentar las bases de lo que sería un ajuste de deuda aceptable para el gobierno y asequible para los consumidores. La medida fue radicada ayer.

En entrevista con EL VOCERO, Hernández explicó que la AEE cuenta con una capacidad limitada de ingresos, que tiene que dedicar tanto a la operación de un servicio esencial como también a la nómina de sus empleados y obligaciones, y la medida legislativa atiende esta situación.

Afirman que no es asegurada

Al abordar el tema de la deuda, la legislación consigna como postura institucional de la Cámara que los bonos emitidos por la corporación pública en virtud del Acuerdo de Fideicomiso de 1974 (Trust Agreement) son obligaciones no aseguradas, lo cual amplía el margen para un recorte mayor.

“Nosotros consideramos que la deuda de la AEE no es asegurada, basado en el análisis de la emisión de bonos, de los acuerdos que se hicieron con los acreedores cuando se hizo la emisión”, dijo el presidente cameral. Agregó que “aquí estimamos que lo importante es mantener la operación de la AEE”.

Uno de los coautores de la medida, el legislador popular José Rivera Madera, explicó que de la manera en que se configuró el Trust Agreement, la deuda de bonos supone pagarse con ingresos depositados en un Fondo de Amortización (Sinking Fund) o en Fondos Subordinados. Dentro del esquema de prioridad de pagos de la corporación pública, esos pagos tienen menor prioridad a los gastos operacionales y a las aportaciones al retiro de empleados de la AEE.

“Todo lo que hemos visto en las vistas públicas y en todos los estudios que hemos hecho lo que dice es exactamente eso. Que la AEE tiene que cumplir con unos compromisos antes de pagar a los bonistas no asegurados, porque entendemos que la deuda de la AEE es no asegurada”, afirmó el representante por el Distrito 23.

Hernández, por su parte, resaltó que la intención no es eliminar la deuda, sino pagar dentro de las circunstancias. “Nosotros estamos diciendo un recorte de 75%. No estamos diciendo que no vamos a pagar. Estamos diciendo que esto es como mínimo. Pero si verdaderamente uno quiere llevar a profundidad la cosa, el (acreedor) no asegurado no recuperaría nada”, agregó Hernández.

El proyecto de ley es el resultado de las vistas públicas realizadas al amparo de la Resolución de la Cámara 563, la cual ordenó a la Comisión de Hacienda investigar la necesidad, justificación y legalidad de las emisiones de bonos realizadas por la AEE desde 2010 hasta 2016.

Según Rivera Madera, el informe final de esa resolución concluyó que cualquier emisión de deuda futura en la AEE debe ser evaluada y aprobada por la Legislatura, que la negociación para reestructurar la deuda de la corporación pública no incluya un aumento tarifario y que se le confiera prioridad a la deuda de $800 millones con el retiro de empleados de la AEE.

Garantías a los bonistas

Aunque Hernández insistió en que el objetivo principal del PC 1383 es viabilizar un proceso de reestructuración de la AEE que conduzca a costos de luz más asequibles para todos los consumidores, argumentó que la medida también provee garantías a los bonistas.

Esas garantías no solo provendrían de una garantía de pago de 25% del total de deuda de bonos, sino que el aval del proyecto requeriría el apoyo de todas las delegaciones políticas en la Legislatura.

“Esto garantiza y da certeza, que -a futuro- no importa lo que ocurra políticamente en Puerto Rico, esta transacción no va a ser retada. Y al final, eso va a tener más valor que cualquier transacción que acuerden ellos unilateralmente, sin el respaldo del gobierno de Puerto Rico”, sostuvo Hernández, haciendo referencia a las negociaciones entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas de la AEE.

La expectativa del presidente cameral es que la medida tenga un trámite expedito en ambas cámaras y sin vistas públicas, pues el proyecto se desarrolla a base del informe final de la RC 563, la cual tuvo vistas públicas el 14 de marzo y el 7 de abril en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Hernández estimó que contaría con el apoyo de al menos 30 representantes. Insistió en que el proyecto de ley es la única alternativa viable con potencial de reducir el costo energético a todos los abonados.

“¿Pero quién va a estar en contra de esto? Porque esto es realmente lo único que les baja la factura a los industriales, a los comerciantes, a los residentes. Aquí no va a haber oposición a la medida. Así que podemos contar que será aprobada en la Cámara lo más pronto posible”, sentenció.

Continúa la mediación

La consideración de la medida en la Legislatura se da después de que la jueza Swain autorizara una extensión al proceso de mediación entre las partes con interés en la reestructuración financiera de la AEE. Ese proceso, a su vez, fue el resultado de la cancelación del Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA) por parte de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, por entender que los términos de ese acuerdo eran muy onerosos.

Aunque la Cámara intentó entrar en el proceso de mediación, bajo el argumento de que cualquier plan de ajuste de deuda para la corporación pública requerirá legislación, fue excluida.

Fuente: elvocero.com

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