Puerto Rico 10 noviembre 2021

La contralora espera por los legisladores para auditar la deuda pública

En la Cámara de Representantes hay tres medidas legislativas —incluyendo la de Pierluisi— relacionadas con la auditoría de la deuda

Tras casi ocho meses de sometida la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi para que se audite la deuda pública, la Oficina del Contralor sigue a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe legislación que le permita iniciar el análisis que arrojaría luz sobre los responsables de la quiebra de Puerto Rico.

La contralora Yesmín Valdivieso aseguró que ya se asignó $1 millón de presupuesto para la auditoría de la deuda, pero advirtió que esa cantidad no es suficiente y que se tendría que limitar a un periodo de auditoría, pues investigar las emisiones de deuda desde 1952 es complejo.

“Absolutamente. Estoy segura que no”, respondió cuando EL VOCERO le preguntó si esa cantidad era suficiente para el proceso que conllevaría la contratación de abogados y expertos en temas fiscales.

“Estoy esperando (por la legislatura). La semana pasada o la anterior me escribieron de la Junta de Control Fiscal para preguntarme si yo me había gastado ese dinero y en qué. Les dije que no, que me asignaron $1 millón para la auditoría y que luego de radicada la medida del gobernador para auditar la deuda se hicieron dos proyectos más que creaban dos comisiones y creo que no debe ser. Nosotros auditamos o que auditen otros, pero yo no puedo estar auditando por lo que quieran escuchar los legisladores o con alguien que me manifieste cuál será mi conclusión”, expresó Valdivieso.

En la Cámara de Representantes hay tres medidas legislativas —incluyendo la de Pierluisi— relacionadas con la auditoría de la deuda, aunque se aseguró que solo el Proyecto 457 de la Cámara superará el trámite en la Comisión de Hacienda.

El representante popular Jesús Santa, presidente de esa comisión, anticipó a EL VOCERO que hoy se llevará a cabo una vista de ‘markup’, donde la comisión podría estar aprobando las enmiendas que recibió la medida.

“Me he quedado esperando. Recibí ese dinero y no lo he tocado porque no sé qué finalmente decida la legislatura. Si se aprueba el proyecto de que nosotros vamos a auditar pues nosotros lo auditaremos. Parte de esas deudas que dicen que no se han auditado, la oficina las auditó en su momento, pero estoy esperando a ver qué decide la legislatura antes de ponerme a hacer trabajo porque yo he perdido un montón de gente”, sostuvo Valdivieso.

Ya la contraloría, según informó, comenzó a organizarse para la auditoría de la deuda desde que Pierluisi lo anunció, aunque entiende que todavía falta planificación. “Buscamos información, auditorías que hemos hecho y cuáles fueron los hallazgos entonces. La planificación dentro de la auditoría es la más importante porque ahí determinas los riesgos y qué se va a auditar. Tenemos que ver hasta cuándo tenemos documentos”, detalló.

Realizar una auditoría a la deuda pública —que superó los $70,000 millones— tomaría alrededor de dos años, según la funcionaria. Además, recomendó a la legislatura que permitan que la auditoría caiga sobre su dependencia sin que intervenga alguna comisión, como se propone en la Cámara.

“La auditoría tiene que ser objetiva e independiente, sin que alguien te diga que se audite algo específico donde piensan que hay ilegalidad”, afirmó.

Al detalle las enmiendas

El representante Santa señaló a EL VOCERO que se enmendó el proyecto 457 para que la Oficina del Contralor se haga cargo de la auditoría y también se ordena la creación de la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública, con siete miembros.

“El comité determina qué emisiones quiere auditar, el alcance de cada emisión, y evalúa si el informe que se hace es satisfactorio o no. Si no les gusta la auditoría pueden hacer recomendaciones para que se expanda y sea más profunda”, agregó.

Dos de los integrantes de la comisión serán miembros del equipo económico del gobernador y la contralora sería su presidenta, adelantó el legislador.

Además, se incluyó lenguaje para que el Colegio de Abogados, la Asociación de Economistas, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros sometan recomendaciones para elegir a los cuatro integrantes restantes. Tras recibir las recomendaciones, el gobernador debe elegir a un miembro dentro de los que recomendó cada organización.

Santa sostuvo que la pieza legislativa incluye lenguaje para que la auditoría cubra las emisiones de deuda a partir de 1980 hasta el presente, no impone un plazo para que culmine y mantiene lenguaje para que el costo de los trabajos se cubra con $1 millón.

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