Puerto Rico 09 diciembre 2021

La inspectora general procura tener más garras para fiscalizar

Inspectora general no puede investigar a subcontratistas

Por los pasados cuatro años —casi cinco, ante la proximidad del año nuevo—, Puerto Rico ha sido testigo y víctima de casos de corrupción a manos de jefes de agencias públicas, como Julia Keleher en el Departamento de Educación, y contratistas gubernamentales, como en el caso del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado.

Una de las preocupaciones que persiste entre entidades de fiscalización, como la Oficina del Inspector General (OIG), es su inhabilidad de investigar a subcontratistas ante falta de jurisdicción.

“Yo tengo facultades para evaluar un contrato otorgado, puedo atender lo que está ahí plasmado, pero si hay un subcontratista, ninguna de las agencias de fiscalización, salvo el Departamento de Justicia, puede fiscalizar ese subcontratista. Llegar al subcontratista es como una materia gris que no está contenida actualmente en ley”, explicó la inspectora general Ivelisse Torres Rivera, en entrevista con EL VOCERO.

La funcionaria recordó que el pasado cuatrienio se intentó legislar para que agencias como la OIG tuvieran jurisdicción sobre los subcontratistas, pero la medida quedó en el aire.

La inspectora general mostró incredulidad ya que hace escasamente dos años se hicieron públicas denuncias federales de corrupción (el caso de Keleher), pero no empece a eso el esquema se ha repetido una y otra vez, especialmente con “kickbacks” o sobornos, “y cuando vemos las cosas que se dan como canje uno dice ‘Wow, por esa tontería’, cosas materiales por demostrar un estilo de vida que no es el que tienen”.

Sin embargo, para Torres la revelación de estos actos es indicativo del éxito de la fiscalización.

“El que cada vez haya más casos también es positivo, aunque no se vea así, porque significa que se están identificando. La corrupción siempre va a existir, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Es algo infalible que no se puede erradicar por completo. Siempre va a existir, pero el que se identifiquen los casos es positivo porque significa que la fiscalización está aumentando”, afirmó la funcionaria.

Entre sus deberes y obligaciones, la OIG se enfoca en la prevención de la corrupción, así como la fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental.

Talleres anticorrupción

El 9 de diciembre -hoy- es reconocido por las Naciones Unidas como el Día internacional en contra de la Corrupción. Datos de esa organización apuntan a que cada año la corrupción se agencia el robo de $2,600 millones, el equivalente a un 5% del Producto Interno Bruto mundial.

Según Torres, desde julio hasta el presente unos 3,000 servidores públicos, especialmente directores de finanzas, directores de compra y encargados de propiedad han recibido adiestramientos por parte de la OIG en materia de administración pública.

En el año, la OIG ha adiestrado a más del 95% de los funcionarios que laboran en áreas de riesgo con señalamientos más comunes, sobre cómo ejecutar las compras y la documentación mínima requerida para validar un proceso.

“Nos sorprende mucho que luego de los adiestramientos vienen las consultas de si están haciendo esto bien”, manifestó Torres.

Límites de la oficina

La OIG fue creada por la Ley 15-2017, en parte porque Puerto Rico era la única jurisdicción de los Estados Unidos sin esta oficina, y está limitada a la Rama Ejecutiva.

Aunque llegó a existir en la Isla en 2010 -y luego fue eliminada en 2013-, la OIG también fue restablecida porque lo que hoy día constituye su lista de funciones era manejada en las oficinas de auditoría interna de cada organismo gubernamental de manera individual y bajo la supervisión de las mismas entidades que eran investigadas.

Los empleados que llevaban a cabo esas tareas pasaron a la OIG, para hacer el mismo trabajo, pero bajo la supervisión de Torres y sin el temor a ser cohibidos, de acuerdo con la funcionaria.

Ahora, según Torres, “no solo que hacen intervención en esa agencia, sino que pueden ir a otras agencias… Yo lo que creo es en la maximización de los recursos. No creo que tienen más trabajo, es que ahora tienen trabajo asignado correctamente. Es que ahora los esfuerzos están dirigidos correctamente”.

La OIG se diferencia del Departamento de Justicia porque no puede llevar a cabo arrestos, aunque es ahí a donde refiere sus hallazgos.

Contrario a la Oficina del Contralor, la OIG sí tiene jurisdicción en asuntos gubernamentales, aunque no se haya concretado el desembolso de fondos públicos y “se puede meter en cualquier etapa del proceso”.

Esta semana, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) incluyó a la OIG en su nuevo task force” anticorrupción pública.

Como parte de sus logros, según Torres, la OIG es la única agencia que ha señalado a servidores públicos que se beneficiaron del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) y fue quien refirió al Departamento de Justicia los hallazgos contra el expresidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Burdiel, quien se declaró culpable de dos delitos graves.

La entidad también ha publicado más de 40 informes en su página web.

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, la OIG reiteró la disponibilidad de su línea confidencial para reportar acciones irregulares en el gobierno: 787-679-7979 o a través de la página web www.oig.pr.gov.

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