Puerto Rico 01 septiembre 2021

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres confronta problemas para reclutar intercesoras

Procuradora de las Mujeres señala que urge la contratación antes de que terminen las ayudas presupuestarias

Aunque la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) tiene $2 millones adicionales para ofrecer servicios directos a las víctimas de violencia de género, ha confrontado problemas para reclutar personas que sirvan de intercesoras legales durante los procesos en los tribunales.

La contratación de intercesoras legales —especialmente para los turnos durante fines de semana y las noches— es una de las necesidades identificadas por el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios que nombró la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

Desde que se decretó el cierre por la pandemia de covid-19, el 16 de marzo de 2020, los casos de violencia de género han aumentado en la Isla, con el agravante de que los tribunales tuvieron que modificar los procedimientos para llevarlos a cabo de forma virtual.

En algunos de los casos que se vieron durante el año y medio posterior al ‘lockdown’ y que terminaron en feminicidios, no siempre hubo acompañamiento para las víctimas, según el informe preliminar presentado por el grupo de trabajo.

“Hemos entrevistado muchísimas personas, pero a nivel también de todo Puerto Rico reclutar personal está siendo bien cuesta arriba. Hay poca empleomanía para fines de semana y turnos nocturnos, que es lo más que se necesita”, afirmó Boria en entrevista con EL VOCERO.

“Seguimos entrevistando personas y hemos aumentado el salario de lo que teníamos antes. A pesar de eso, comoquiera la problemática de falta de personal disponible para fines de semana es un reto”, agregó la funcionaria.

Con fecha límite

Si los fondos no se utilizan antes de diciembre de este año se perderán, puntualizó Boria. Por ello urge la contratación de intercesoras y que las agencias que prestan servicios directos a las mujeres soliciten el dinero, precisó.

Indicó que de los $2 millones asignados se destinaron $300,000 al Departamento de Justicia, según las necesidades de personal que presentó a la OPM. En esta semana están, además, firmando acuerdos colaborativos con organizaciones sin fines de lucro que dan servicios directos a las féminas para asignarles otra partida, también acorde con la solicitud que presentaron.

Boria adelantó que están trabajando para tener intercesoras regionales bajo la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), quienes cubrirían más áreas, en especial cuando no haya intercesora para algún caso en los turnos más difíciles.

Las intercesoras legales —que pueden ser profesionales en trabajo social o sicólogía, entre otras profesiones— dan apoyo a la víctima de violencia de género durante el proceso de denuncia y los judiciales, que suelen ser complejos y se realizan en momentos en que la persona está en estado de vulnerabilidad.

Una vez concluya este año y ya no estén disponibles los fondos de la ley Cares, la procuradora confía en que se podrá seguir con la contratación de intercesoras, que se pagarían con otros fondos federales.

Boria apuesta a que la declaración de estado de emergencia por violencia de género permitirá a partir del próximo año hacer nuevas solicitudes de fondos a la Junta de Control Fiscal porque es política pública atender este problema.

“Ya no se puede invisibilizar el trabajo que llevan a cabo las agencias y las organizaciones sin fines de lucro que continuamos dando el servicio… El reconocimiento del Estado de la necesidad de servicios —que tiene que imperar y ser prioritario como política pública del gobierno— es lo que nos ayuda a seguir contratando y seguir trabajando con servicio directo y la prevención para salvar las vidas de todas las víctimas”, afirmó Boria.

Gesto de apertura

Para la procuradora de las Mujeres, la designación del grupo de trabajo y la publicación del análisis sobre lo que ocurrió en el manejo judicial de los casos de violencia de género que terminaron en feminicidios, es una buena iniciativa que demuestra apertura hacia mejorar los procesos por parte de la OAT y de la jueza presidenta del Supremo.

Boria expuso que las conclusiones reflejan lo que ya su agencia había visto: que falta sensibilidad y adiestramiento a toda persona que está en contacto con víctimas de violencia doméstica —desde los jueces y fiscales hasta el personal administrativo— y que si no se corrige no habrá verdadera justicia para las perjudicadas.

“La sensibilidad es un tema que no se toca mucho, pero es vital en el proceso y, por lo tanto, se tiene que seguir trabajando. Tenemos que tener sensibilidad extrema y conocer el aspecto sicológico de las víctimas de violencia, que cuando están frente a un magistrado se van a comportar de distinta manera. Por eso es importante adiestrar sobre los procesos legales y para mí lo más importante, la sensibilidad, y evitar la revictimización”, señaló Boria.

Agregó que otro aspecto que se debe mejorar a la hora de llevar los casos a los tribunales es la “diligencia, rapidez y premura” para tramitar las decisiones que se tomen en sala, ya que considera que puede salvar muchas vidas.

Fuente: elvocero.com

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