Lo que pasará si llega la quiebra

El presupuesto de Puerto Rico no pinta bien, eso usted ya lo sabe. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo van a quedar las partidas asignadas a las áreas más neurálgicas como Salud, Educación y Seguridad, entre otras, y cómo se afectarían los servicios a la ciudadanía. Por si fuera poco, las demandas de cobro al gobierno que estaban detenidas hasta el lunes ya pueden reactivarse y ayer se presentaron otras tres a nombre de múltiples bonistas. Todas esas circunstancias hacen vaticinar que, de un momento a otro, la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno decidirán acogerse al Título III de la Ley federal PROMESA que, según expertos en Economía, es el recurso que más conviene en este momento. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no quiso adelantar si, en efecto, eso es lo que sucederá. Solo indicó de forma escueta que está “evaluando todo lo que está ocurriendo y próximamente estaré haciendo las expresiones de los pasos que voy a estar tomando”. El profesor universitario en Economía, Juan Lara, indicó que estamos en etapa en la que bonistas pueden ir a los tribunales y es mejor que el gobierno se acoja a las protecciones que se activan bajo procedimiento de quiebra que provee el Título III. “Si no lo hace estaría desprotegido… no hay límite en términos de tiempo para acogerse a ese Título, pero necesitamos que se haga rápido”, aseguró. Según Lara, de acogerse a la quiebra bajo el Título III, le toca a un juez especialista en ese tipo de procesos determinar lo más justo teniendo en cuenta el mejor interés de todas las partes. Ese juez lo nombraría el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El analista político y también economista Joseph “Jay” Fonseca aseguró que a partir de ahora la Junta es oficialmente nuestro representante legal ante los tribunales y tiene la potestad de elegir si se acoge a la quiebra o no, sin importar lo que diga el gobernador. “Todo parece indicar que va a pasar, que la quiebra viene. Eso sí, sería la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos en el mercado municipal de bonos”, indicó. A partir de ese momento, el juez que se nombre decidirá cuáles son los servicios esenciales que se tienen que seguir pagando, como la gasolina para las patrullas de la Policía, entre otros. Mientras que el país verá que muchas cosas, tal y como las conocemos ahora, dejarán de ser costeadas por el gobierno; y a corto plazo habrá que hacer ajustes, como generar menos basura porque no se proveerá el servicio del recogido por falta de dinero. “Habrá que empezar a tomar el país en las manos y para que el niño o la niña vaya a la escuela habrá que ir un grupo a pintarla, y si no queremos que haya contagio de zika las personas tendrán que ir a eliminar el agua empozada, porque no habrá conserjes suficientes para trabajar con eso”, explicó. Lara, por su parte, señaló que ya se están viendo los efectos negativos de este proceso porque hay unos nuevos planes fiscales para las corporaciones que, entre otras cosas, prevén para el aumento en las tarifas por servicio de agua que entrará en vigor en enero. Mientras, no está claro si en este tipo de procesos de quiebra los jueces tienden o no a beneficiar a los gobiernos en un intento por ayudar a las personas. Casos similares en otras jurisdicciones no permiten establecer un patrón o una tendencia. “No debemos esperar salir completamente ilesos de esto, o que no suframos ningún tipo de costo o daño. Es algo lamentable, vamos a tener que ver las consecuencias… con el Plan Fiscal que se adoptó y es ya de por sí bastante duro para toda la población y todos los puertorriqueños”, expresó. Incertidumbre con el presupuesto Al cierre de esta edición, ningún representante de la Junta estuvo disponible para contestar preguntas a Primera Hora. Elías Sánchez, representante del Gobernador ante la JSF, hizo énfasis en que tampoco emitiría comentarios porque el mandatario se había expresado del tema. En lo que la Junta decide si se acoge a la quiebra, simultáneamente también está en el proceso de revisar el presupuesto que le envió el gobernador y que se mantiene en estricto secreto. El presidente de la comisión cameral de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, explicó que entiende que el documento cumple con los parámetros que se pidieron, y que la Junta lo certificará sin problemas, al tiempo en que defendió que no se haya divulgado ninguna partida. La Junta tiene hasta el 8 de mayo próximo, para emitir o no la certificación. “Si la Junta lo certifica, entonces se envía a la Asamblea Legislativa para nuestro análisis”, indicó Soto. A su vez, la Asamblea Legislativa tiene hasta el 22 de mayo para someter su versión o hasta el día siguiente si es que se exigen cambios. Según Soto, aunque aun no se han convocado vistas públicas dijo que hay tiempo suficiente para que todas las personas sometan sus comentarios y sugerencias que se pueden adoptar. Pero esa versión también pasa a la consideración de la Junta. Ese proceso debe estar completado para el 1 de julio que es cuando entraría en vigor.