Le ponen orden de desalojo a 900 familias de Sweetwater de campamento de casas móviles

Las horas están contadas para cientos de familias que residen en el parque de casas móviles Li’l Abner, ubicado en la avenida 112 del noroeste y la segunda terrace, en Sweetwater. “Esto es el desalojo criminal, que te tienes que ir porque me da la gana, porque yo soy jefe y si te conviene bien y sino, también”, dijo Sergio Ortega, residente afectado. “Estamos desesperados porque nuestros ahorros y todo lo que teníamos se perdieron y ahora para dónde vamos, qué hacemos y ojalá encontramos la manera de solucionarlo, pero está fuerte esto”, dijo Alejandra Mora, residente afectada. La gerencia del parque informó que cerrará el próximo 19 de mayo de 2025 y los propietarios recibirán un incentivo de hasta 14,000 dólares si deciden abandonar la propiedad antes de que finalice enero. Sin embargo, para muchos, este monto es insuficiente para cubrir los gastos de reubicación y las posibles pérdidas asociadas al desalojo. “Esos $14,000 es para que nosotros dejemos limpio el terreno, nos llevemos los trailers y ellos quedan libres de trabajo y para poder mover esto se necesitan $10.000, que es lo que cobra una compañía para eso, y si se lo llevan serían escombros, porque esto está construido desde el año 80 y no resisten un movimiento”, dijo Melvin Delchiaro, residente afectado. Si los inquilinos esperan para mudarse en la fecha límite del programa de incentivo, que es el 30 de abril, recibirán $3000. “¿Para dónde se va una persona así, cuando son viviendas que no hay? Entonces, si ellos van a vender esto, debían tener en cuenta a los que viven aquí y les han hecho la bolsa, porque ellos tienen dinero porque nosotros pagamos a tiempo”, dijo Marina Valdovino, residente afectada. “Ahora le acabo de ir a dar $1,180, que es lo que están cobrando, todavía nos están botando y hay que pagar, ¿qué hacemos?”, dijo María Lara, residente afectada. En la comunidad hay más de 900 casas móviles en las que, en su mayoría, viven adultos mayores que ahora se encuentran de manos atadas. “Yo no tengo dinero para rentar, cualquier trailer vale $100.000”, dijo Luis Rodríguez, residente afectado. “Aquí hay personas mayores, operadas del corazón, en silla de ruedas, para que de la noche a la mañana te digan, te tienes que ir. ¿Dónde nos vamos a meter?”, dijo Bernabé Rivadeneira, residente afectado. El presidente del grupo urbano propietario del parque publicó una declaración en la que indicó: “Nuestro compromiso es brindar asistencia financiera sustancial y apoyo práctico a través de un equipo de expertos en reubicación para ayudar a los inquilinos en cada paso”. Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Pepe Díaz, informó que está trabajando para ayudar a la comunidad afectada durante el difícil proceso de transición. “Me siento adolorido porque yo quisiera arreglar esto, pero esto es una propiedad privada y en esa propiedad ellos tienen sus derechos también, tenemos que buscar soluciones y voy a tratar de reunirme con el dueño del parque y buscar la forma que a lo mejor se pueda extender el tiempo, tratar de ver si no pagan la renta mientras están tratando de evacuar”, dijo el alcalde.