Nicaragüenses liberados relatan horror vivido en cárceles

Poco más de una semana después de haber sido desterrados y despojados de su nacionalidad, algunos opositores nicaragüenses comienzan a narrar lo que sufrieron en prisión por meses o años sólo por oponerse o criticar al gobierno de Daniel Ortega. En entrevistas con The Associated Press, tres de ellos describieron incomunicación con sus familiares, falta de higiene en las celdas y torturas. La gran mayoría llegó a Estados Unidos sin familiares y teme por la seguridad de los suyos en Nicaragua. “Fueron tres años terribles\", rememora ahora desde la libertad Victor Manuel Sosa Herrera. \"Creí que en cualquier momento nos mataban”, expresó refiriéndose a las amenazas de guardias carcelarios que se identificaban como Montes, Juancito y López. “Se siente rabia, enojo contra la injusticia”. EL PRESO QUE NO VIO LA LUZ POR AÑOS Es un recuerdo que lo atormenta. Cada vez que puede, Sosa Herrera, de 60 años, asegura que uno de sus compañeros de cárcel quedó ciego por haber permanecido años solo y sin luz, en una celda igual a la suya. A diferencia de él, que fue liberado, el otro preso quedó detenido. Ambos estaban en “El infiernillo”, como llaman al área de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, de Tipitapa, en las afueras de Managua, a donde mantienen a algunos de los presos políticos junto con asesinos y narcotraficantes. Se cree que el obispo católico Rodolfo Álvarez, condenado a 26 años de prisión un día después de haberse rehusado a ser liberado y enviado a Estados Unidos, estaría ahora recluido allí. El presidente dijo que Álvarez fue trasladado a la cárcel de Modelo, aunque no especificó a qué tipo de celdas. Después de la liberación de los 222 opositores que arribaron a Estados Unidos, organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch han indicado que han quedado aún detenidos en similares condiciones unos 30 opositores. Sosa Herrera pasó tres años recluido solo y sin ningún tipo de comunicación en un espacio de unos tres metros por dos, calculado a tientas porque siempre estuvo en oscuridad total. Sólo entraba la luz a la celda cuando le entregaban comida por una pequeña ventana que había en la puerta de metal y que se abría tres veces al día. Le dejaban una ración de comida equivalente a una cucharada de arroz y frijoles que parecían descompuestos, dijo, y era el único momento en que veía a otras personas: el preso de la celda de enfrente y los guardias. No tenía colchón para recostarse, sólo un camarote de cemento. Para sus necesidades fisiológicas había un hoyo en el suelo de la celda y tenía acceso a agua en un grifo dos veces al día por una hora. Así permaneció durante tres años. Desde su celda, recuerda que podía escuchar el sufrimiento de otros presos amarrados con cadenas toda la noche en lo que los reclusos conocían como la “banca de la meditación”. Él se siente afortunado de no haber sido uno de ellos, aunque sufría de tan sólo escucharlos. Eran detalles que compartía con otros presos de su pabellón hablando por el espacio que separaba la puerta del piso. “Los guardias les ponían esposas y grilletes, los arrastraban y les pegaban”, dijo Sosa Herrera, quien no podía ver desde su celda cerrada pero dice que escuchaba lo que pasaba. “Oíamos los gritos”, expresa con su voz por momentos entrecortada. Su esposa sólo podía visitarlo 15 minutos cada mes y se veían a través de un vidrio. Ese era el único día en que salía de su celda y recibía algo de luz a través de las pequeñas ventanas internas del pasillo que llegaba hasta la sala de visitas. A sus dos hijos y nietos no los ve desde que fue detenido a comienzos de 2020. Sosa Herrera, que tenía un negocio de compra y venta de granos en Matagalpa, a unos 130 kilómetros al noroeste de Managua, cuenta que fue acusado de traición a la patria y de desestabilizar al gobierno y recibió una condena a 110 años de cárcel. El comerciante asegura que no era activista político y sospecha que lo detuvieron por haberse negado a formar parte de las fuerzas paramilitares que reprimían a opositores y por haber publicado en las redes sociales críticas a la represión contra ancianos. El gobierno nicaragüense no respondió los pedidos de información y comentarios de la AP. Ortega ha dicho que los opositores que están presos son “terroristas”. Según el mandatario, han sido financiados por gobiernos extranjeros y trabajaron para desestabilizar a su gobierno después de que estallaran enormes protestas callejeras en abril de 2018. LA SITUACIÓN EN NICARAGUA La persecución a opositores políticos se incrementó en Nicaragua desde comienzos de 2021, cuando Ortega buscó allanar su camino antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Siete aspirantes a la presidencia fueron detenidos y Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo en comicios que fueron deslegitimados por Estados Unidos y otros países al considerarlos una farsa. Jueces nicaragüenses sentenciaron a varios líderes de la oposición, incluidos ex altos funcionarios del gobernante movimiento sandinista y excandidatos presidenciales a penas de prisión por “conspiración para socavar la integridad nacional”. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado represión y detenciones arbitrarias contra críticos y opositores políticos. “Muchos de estos detenidos estuvieron incomunicados durante semanas, sufrieron aislamiento por largos períodos de tiempo y se les impidió que ejercieran sus derechos fundamentales”, dijo Juan Pappier, subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch. “Fueron condenados por ejercer sus derechos fundamentales a través de procesos penales abusivos que violaron garantías básicas de derechos humanos y carecieron de cualquier tipo de evidencia creíble”. LA MUJER QUE AÚN SE PREGUNTA POR QUÉ LA DETUVIERON Una mujer de 43 años, que ha pedido no aparecer con nombres y apellidos por miedo a las represalias contra su familia aún en Nicaragua, fue detenida en noviembre de 2021 cuando llegaba a su casa después de trabajar distribuyendo perfumes y en un restaurante. Seis agentes de policía antimotines ingresaron sin orden judicial a su hogar la noche del 1 de noviembre cuando se aprestaba a sentarse para cenar en familia. Le dijeron que necesitaban que los acompañara a la comisaría, que llevara dinero para el taxi de regreso, pero nunca volvió. La dejaron detenida sin explicarle por qué. A los días le dijeron que la estaban investigando, después de preguntarle si conocía a críticos del gobierno o personas que difundieran noticias falsas. Fue enjuiciada sin derecho a un abogado independiente -tuvo uno designado por el Estado-, acusada de recibir dinero desde Estados Unidos y de planear la quema de urnas en las elecciones. Durante tres meses, mientras la investigaban, no tuvo ningún tipo de comunicación con su familia. Su esposo trasnochaba frente a la estación policial donde permaneció primero detenida y vio cuando la sacaron encadenada por la muñeca a otra presa para trasladarla a un penal. “No sabían qué inventar”, dijo la mujer a AP en una reciente entrevista en un hotel de Miami. “No entiendo de dónde sacaron nuestros nombres, por qué me detienen si nunca hice nada en contra de ellos”, expresó refiriéndose al gobierno de Ortega. La mujer ahora liberada dijo que nunca participó en marchas opositoras y que ni siquiera opinaba en las redes sociales. Pero permaneció en una cárcel penal del departamento de Chontales, a unas dos horas en automóvil de su casa. Fue condenada a 10 años de prisión y a pagar una multa equivalente a unos 1.000 dólares. Pasó 15 meses encarcelada en una prisión penal, junto a mujeres que habían sido sentenciadas por asesinato y narcotráfico. En cada celda había 10 presas, sólo una de ellas por razones políticas y el resto criminales, dijo. “El maltrato fue sobre todo psicológico. Nos provocaban diciéndonos que nos íbamos a pudrir en la cárcel, que nos íbamos a engusanar”, expresó sobre las amenazas que recibían de parte de los guardias. Por temor a ser envenenada, le pedía a su familia que le llevara alimentos y ella misma cocinaba en la celda. Una vez por semana tenía derecho a llamar a su familia y a comprar comida. A diferencia de las presas criminales que salían a ver el sol cuatro veces a la semana, ella sólo lo hacía dos. Cada 21 días podía recibir visitas. EL ACUSADO DE DIFUNDIR NOTICIAS FALSAS Isaías Martínez Rivas era distribuidor de una empresa de lácteos y también tenía un medio de comunicación digital independiente. Estuvo dos años detenido, acusado de traición a la patria y de difundir noticias falsas, cargos que él niega. Frente a su esposa, su bebé recién nacido y su hijo adolescente, fue detenido por policías antimotines armados que llegaron en tres patrulleros a su casa y sin orden judicial ni explicaciones lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad, un día antes de los comicios del 6 de noviembre de 2021. A los seis meses, sin acceso a un abogado, fue condenado a 10 años de cárcel. “En la cárcel fui torturado psicológicamente, nunca me dieron permiso para ver a mi familia”, dijo Martínez Rivas, de 38 años, en una entrevista reciente con AP. A su bebé, que ahora tiene dos años, casi no lo conoce. Volvió a verlo ahora, tras su liberación, y solo a través de una video llamada desde Miami. La mayor parte del tiempo Martínez Rivas permaneció en una cárcel penal de Chontales, a unos 160 kilómetros al oeste de Managua y a más de dos horas en auto de su casa en San Carlos, en una celda de castigo junto a reos comunes que los acosaban, le robaban ropa, alimentos y zapatos, dijo. “Era de terror, vivíamos con temor”, recordó. En su celda eran 13, pero sólo él era preso político. Algunos aún no pueden creer que han sido liberados. “Me parece que he salido de una pesadilla”, dijo Sosa Herrera, el preso que no vio la luz por tres años, sentado en un restaurante nicaragüense de Miami. “A veces en la mañana, al despertar, me pregunto si es verdad o mentira”.