Puerto Rico 03 noviembre 2021

Miles de personas aún esperan por el PUA

Permanecen sin cerrar las reclamaciones de más de 50,000 personas

Hace ya dos meses que dejó de llegar el dinero de la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) luego de año y medio de ayudas. Sin embargo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) aún tiene pendiente de resolver más de 50,000 casos que fueron apelados por personas a quienes se les negó la ayuda o nunca pudieron aclarar los llamados “puntos controvertibles”.

El secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, admitió que no tiene suficientes funcionarios para atender las apelaciones.

Según expresó a EL VOCERO, ya ha solicitado fondos a la Junta de Control Fiscal para contratar personal adicional.

El funcionario estimó que con las contrataciones que hará en los próximos días tendrá entre 14 y 17 funcionarios para atender estos casos pendientes. Puntualizó que necesita entre 40 y 50 empleados asignados a la evaluación de las reclamaciones.

“Son muchos casos por apelaciones en los que se determinó que no cualificaban y la persona no está de acuerdo y solicita una apelación y tiene que ir ante un oficial examinador y ese caso es reconsiderado”, explicó.

“Son miles de casos. Debe haber sobre 50,000 casos que están en ese proceso de apelación, donde se adjudicó que no correspondía, pero la persona está pidiendo que se reconsidere. Son bastantes casos. Eso lo apelan a la misma plataforma de Fast PUA, que permite hacer un proceso de apelación y la persona es citada ante un oficial examinador”, indicó.

Rivera Santiago no precisó para cuándo terminarán con estos casos, pero afirmó que tomará más de un año.

“No tenemos una fecha. Estamos tratando de trabajar lo más pronto posible y pedir más recursos para el departamento. Nosotros trabajamos con una merma del 50% de los empleados. Se le ha planteado a la Junta de Control Fiscal y estamos próximos a reunirnos para ver cómo se inyecta dinero al departamento y subir las escalas (salariales), reclutar gente y poder responderle a la ciudadanía”, agregó el secretario del Trabajo.

“Son investigaciones que van a seguir el curso, dado el alto volumen de casos y que la limitación de personal va a continuar. Yo mencioné que vamos a estar un año en este proceso, dado que fueron sobre 900,000 solicitudes que recibimos de PUA en un momento dado. Es un volumen bien alto”, precisó. “Hay trabajo. Vamos a estar con las manos llenas, verificando además que cada transacción se audite porque son fondos federales”, añadió.

Explicó que bajo la emergencia por el covid-19, el gobierno federal permitió al Departamento del Trabajo tener contratistas para trabajar las solicitudes del PUA. Sin embargo, esa dispensa ya terminó y ahora deben tener empleados —transitorios o de carrera— realizando esta función, que implica el manejo de fondos federales.

“Definitivamente nos van a hacer falta no menos de 40 o 50 (empleados). Pero no solo es la cantidad. Es que necesitamos que tengan un salario adecuado para venir a trabajar aquí”, expresó. “El salario de un oficial de desempleo es de $1,266 mensuales y piden un bachillerato. Ese es el mensaje que queremos llevar a la junta (fiscal) porque si no tenemos salarios competitivos, no vamos a tener la mejor mano de obra y no vamos a poder retener esos empleados”, manifestó Rivera Santiago.

Treinta casos en los tribunales

El Departamento del Trabajo ha referido unos 500 casos por fraude al PUA. El secretario señaló que cada caso puede involucrar a más de una persona o más de un incidente.

“Cada caso es distinto, pero si consideramos que en cada caso puede haber varios involucrados, estamos hablando de millones de dólares”, puntualizó.

En total, la agencia ha repartido $10,200 millones en asistencia por desempleo bajo el PUA y otras ayudas pandémicas.

El fiscal Rodney Ríos Medina, director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, informó que hay casos en los que las personas han ido voluntariamente a devolver el dinero que cobraron y que no les correspondía.

Según explicó, en muchos de estos casos se trata de cobros que se realizaron por error.

Justicia investiga los casos de PUA en los que estén involucrados funcionarios y se reporten esquemas fraudulentos de más de $50,000. El resto de los casos es investigado por el Negociado de la Policía y los fiscales de distrito, indicó Ríos Medina.

“En esos 500 referidos que hace la agencia, en muchos hay más de un perjudicado. Hay personas que le han robado la identidad a través de organizaciones criminales, personas que se organizan para solicitar ilegalmente el PUA”, detalló el fiscal.

“Hay unos agentes en destaque en el Departamento del Trabajo que son del Negociado de Investigaciones Especiales y de la Unidad de Fraude de la Policía y van identificando personas que no tenían intención de cometer el delito o solicitar los beneficios. En otros casos, hemos visto esquemas bien variados y eso requiere tiempo. Justicia estableció un plan de trabajo y estamos sometiendo casos que involucran funcionarios”, sostuvo el fiscal.

Las autoridades tienen 30 de estos casos en los tribunales y ya identificaron otros 61 casos con actividad ilegal.

El sargento Carlos Nieves, de la Unidad de Fraude de la División de Robo a Bancos de la Policía, señaló que están investigando 93 casos relacionados a fraude al PUA. De este total ya radicaron 46 casos.

“Son casos por robo de identidad y apropiación ilegal. Tenemos una agente destacada en el Departamento del Trabajo que se encarga de revisar los expedientes para referirlos y nosotros continuar la investigación”, añadió. “Entre todos estos casos hay $912,335”, apuntó.

EL VOCERO se comunicó con la junta fiscal para solicitar la reacción a las expresiones del secretario del Trabajo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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