La jueza de instrucción Mary Pérez les concedió la libertad luego de revisar la orden de prisión preventiva que les había impuesto el 10 de marzo otro tribunal por solicitud del ministerio público. Los pilotos estaban recluidos en la cárcel de San Pedro de Macorís, 75 kilómetros al este de la capital, a la espera de que la fiscalía concluyera su investigación.
Julio Peña, abogado de los pilotos, solicitó la revisión de la sentencia previa bajo el argumento de que sus clientes fueron contratados para conducir la aeronave Cessna 550 matrícula N61MA y desconocían que estaba bajo secuestro judicial.
Los cuatro venezolanos y dos técnicos dominicanos fueron detenidos a principios de marzo cuando se disponían a sacar el avión de un hangar del aeropuerto Joaquín Balaguer, al norte de la capital, y trasladarlo a Venezuela.
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