Desde que asumió el cargo en febrero, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, ha autorizado a los fiscales a solicitar la pena de muerte contra 19 personas, incluidos nueve acusados en casos en que el gobierno del entonces presidente Joe Biden había solicitado sentencias menores. Pero los jueces han bloqueado esos intentos de revocación para todos los acusados excepto dos, el más reciente el lunes en un par de casos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que pone en evidencia los límites del poder del gobierno de Trump para revocar decisiones en casos que ya están muy en curso.
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Impulso de Trump por pena de muerte enfrenta retos tras bloqueos judiciales a decisiones previas
Al buscar la pena capital, el Departamento de Justicia busca cumplir la promesa de campaña de Trump de reanudar las ejecuciones federales después de que fueran suspendidas por Merrick Garland, el secretario de Justicia de Biden. El Departamento de Justicia del presidente republicano ha acusado al gobierno demócrata anterior de suplantar “la voluntad del pueblo con sus propias convicciones personales” al no solicitar la pena de muerte en muchos casos relacionados con crímenes atroces.
No se han emitido opiniones detalladas en los dos casos más recientes, que involucran a un hombre acusado de asesinar a un policía en 2022, y a dos hombres acusados de robo a mano armada y asesinato en 2018. Sin embargo, otros jueces que han rechazado los intentos de revocación por motivos constitucionales y procesales fueron contundentes en su evaluación del enfoque del gobierno de Trump.