Presidente mexicano augura objeciones a su reforma electoral

Pese a los cuestionamientos judiciales que pueda enfrenta la reforma electoral, López Obrador dijo que promulgará las leyes a pesar de que las autoridades electorales aseguran que debilitará la democracia en México. El mandatario ha defendido su iniciativa centrando sus ataques contra el INE en que le cuesta demasiado a los contribuyentes y que paga altos salarios a sus directivos, La reforma fue aprobada el miércoles por la mayoría oficialista del Senado, con el apoyo de fuerzas aliadas, con 72 votos a favor y 50 en contra. Con el paquete de leyes se reducirán los salarios, la estructura institucional estatal del organismo electoral y el tiempo de capacitación de los funcionarios de las casillas, pero también se limitarán sus facultades de supervisión y sanción de los partidos y candidatos que no reporten los gastos de campaña. “Que se impugnen estas reformas. Que se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversia. Todo eso es parte de la normalidad política democrática”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al reconocer los riesgos que enfrenta el paquete de leyes, conocido como el “Plan B”, que impulsó desde finales del año pasado luego de que no lograr los votos suficientes en Congreso para un reforma constitucional que implicaba cambios electorales más profundos. El mandatario se mostró confiado en que la reforma electoral superará los desafíos legales porque no está fuera de la ley. Aunque López Obrador se mostró indiferente ante las impugnaciones judiciales, en el pasado ha atacado con frecuencia al Poder Judicial y ha afirmado que los jueces forman parte de una conspiración conservadora contra su administración. Las elecciones mexicanas son costosas, en parte porque casi toda la financiación de las campañas la proporciona por ley el gobierno. El INE también expide unas credenciales electorales, que son la forma de identificación más comúnmente aceptada en México, y supervisa las votaciones en los rincones remotos y a menudo peligrosos del país. Al respecto Patricio Morelos, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, indicó que “habría que preguntarse si el hecho del alto costo es algo malo si se asegura una democracia plena, con resultados ampliamente reconocidos por la gente”. Morelos estimó que las elecciones del 2021 tuvieron un costo de unos 2.000 millones de dólares. Grupos de opositores y activistas han convocado movilizaciones para el domingo en la capital mexicana y otras ciudades para protestar contra la reforma electoral. El mandatario ha negado reiteradamente que el paquete de leyes pueda poner en riesgo las elecciones en México, tal como sostienen las autoridades electorales y opositores. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ha sido blanco frecuente de las críticas de López Obrador, ha defendido fervientemente al organismo. Antes de la votación del Congreso, Córdova dijo en su cuenta de Twitter que las reformas buscan recortar a miles de personas que trabajan para garantizar elecciones confiables y advirtió de que eso supondrá “un riesgo para futuras elecciones”. Federico Estévez, profesor jubilado de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico de México, apuntó que las afirmaciones de la oposición de que López Obrador está “desmantelando la democracia” son exageradas. “No se trata de deshacer la democracia, es una concepción diferente de la democracia”, dijo Estévez. “Es más mayoritario y menos dependiente de élites inadecuadas, improductivas y equivocadas”, defendió el profesor. En contraste con quienes ven al INE como un pilar clave de la democracia moderna del país desde el año 2000, López Obrador y sus partidarios han cuestionado el instituto electoral desde 2006 cuando perdió las elecciones presidenciales por una mínima diferencia de 0,56%. Denunció entonces que su derrota se debió a un fraude electoral. Doce años después, el político ganó la presidencia por un amplio margen. El partido gobernante Morena de López Obrador luce favorito en este momento para vencer en las elecciones presidenciales del próximo año ante una oposición desorganizada. Pese a los niveles de popularidad que mantiene el presidente mexicano, no es elegible para la reelección.