Nacional 30 octubre 2017

Tomará días la cancelación del contrato con Whitefish

El director de la AEE defiende la legalidad del acuerdo y asegura que, con esta decisión, el restablecimiento del servicio eléctrico se retrasará entre 10 y 12 semanas

El controvertible contrato de Whitefish Energy Holdings con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúa vigente hasta que esa empresa y sus subcontratistas terminen el trabajo con dos líneas de transmisión céntricas. Mientras tanto, la llave sigue abierta para que la empresa siga recibiendo fondos públicos.

La cancelación del contrato fue ordenada ayer por el gobernador Ricardo Rosselló, pero, para ello, la Junta de Gobierno de la AEE debe ordenarlo “en los próximos días”. La cancelación del contrato podría significar un atraso de 10 a 12 semanas en la restauración del sistema energético, devastado por el huracán María.

Al momento, Whitefish Energy, con sede en Montana y cuyo contrato establecía un tope de $300 millones, ha facturado $20.8 millones y la AEE le ha pagado $10.9 millones por traer las brigadas, el equipo pesado y los helicópteros. Este desembolso choca con los $25 millones que le exigía a la AEE como adelanto la Asociación Americana de Utilidades Eléctricas (APPA, en inglés).

Ahora bien, para el momento en que se ejecute la cancelación, los abonados de la AEE habrán pagado más de $30 millones por el contrato, reconoció ayer el director ejecutivo de la corporación pública, Ricardo Ramos, quien dijo que el contrato tiene una cláusula de notificación de cancelación con 30 días de antelación.

“Trabajo hecho y completado es lo que se factura y es lo que se paga”, dijo Ramos, quien durante la conferencia de prensa, que duró más de una hora, lució nervioso, sudoroso y pisaba un pie contra otro.

Dijo que, pese a la cancelación, mantienen las metas de generación de 30% para el 31 de octubre y 95% para diciembre.

Destacó que no es prudente detener el trabajo que, al momento, está encaminado por Whitefish.

“Entonces sí tendríamos un trabajo inmenso”, afirmó Ramos.

Whitefish ya culminó la reparación de la línea de transmisión de Manatí a Bayamón. Le restan los trabajos de dos líneas de transmisión entre Aguirre y Aguas Buenas. De hecho, Whitefish tiene facturados otros $9.8 millones.

Ramos acogió la orden del gobernador, quien previamente y también en conferencia de prensa desde La Fortaleza, ordenó a la Junta de Gobierno de la AEE que invoque “de inmediato” la cláusula de cancelación del contrato y la ubicación de un síndico en la División de Compras de la AEE.

“La cancelación de este contrato no responde a una aceptación de que hubo algo fuera de la ley o fuera de los procedimientos de la contratación de emergencia de la AEE”, dijo el director, quien aseguró que la “polémica que ha generado el contrato ha desenfocado las prioridades y la entrega que tanto Whitefish y la Autoridad tienen que tener en este proceso”.

Calificó la controversia y cuestionamientos como un “evento mediático” o “una bola de nieve”, sin asumir responsabilidad alguna por haber dado paso al acuerdo contractual.

La empresa, por su parte, indicó que está “muy decepcionada” por la cancelación del contrato anunciada.

“Esta decisión solo retrasará lo que la gente de Puerto Rico quiere y merece: lograr que se restablezca la electricidad de forma rápida”, lee la declaración escrita.

Se dijo que el contrato otorgado a Whitefish se suscribió el 26 de septiembre, pero el 17 de octubre se firmó una nueva versión de ese acuerdo, versión que la Junta de Gobierno aprobó de manera retroactiva. La orden ejecutiva del gobernador (OE-2017 53) que declara una emergencia y flexibiliza las contrataciones en las agencias y corporaciones públicas se emitió el 28 de septiembre.

Ramos reconoció que el contrato con Whitefish decía en una cláusula que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había revisado y aprobado el acuerdo. También establecía que no estaba sujeto a revisión.

“La cláusula estaba allí porque la Autoridad tenía la intención y los consultores tenían la intención de que el contrato fuera aprobado por FEMA”, dijo, y destacó que “hubo varios” abogados que revisaron el contrato. “Nunca olviden que estamos trabajando en una emergencia”, añadió.

Agregó que se enmendó el contrato, pero reconoció que la aseveración en cuanto a FEMA se mantuvo. “No quiero dar excusas, pero estas cosas pasan”, dijo Ramos.

Esta semana, FEMA rechazó que hubiese revisado o aprobado el contrato e incluso aclaró que esa no es su normativa.

A raíz de la ola de críticas y cuestionamientos a nivel federal y estatal, FEMA realiza ahora una evaluación del contrato.

El Nuevo Día supo que, al ver el contrato inicial, FEMA pidió que se corrigiera el error, lo que no se hizo. Ahora, la agencia federal puede optar por una de tres vías: que se le pague por lo que ellos denominan como “trabajo elegible” (lo reparado), que no se pague o que determine elegible el costo reclamado en su totalidad.

Tanto Ramos como el gobernador han dicho que el contrato sería pagado con desembolsos de FEMA.

Ayer y a preguntas de este diario, Ramos dijo que la AEE, que está en quiebra y enfrenta la reestructuración mediante el Título III de la Ley federal PROMESA, tenía antes del paso del huracán $100 millones en un fondo de emergencia. Luego, FEMA le otorgó $128 millones. Al preguntársele por la liquidez actual de la AEE, Ramos dijo, “sí me queda, pero poquito”.

Dijo que el contacto inicial que tuvo con Whitefish fue a través de un correo electrónico que recibió de la empresa. Esta es una de varias versiones ofrecidas por Ramos. “Se solicitó una propuesta. Se recibió esa propuesta directamente. No hubo ningún tipo de intermediario”, sostuvo.

Ramos y Andrew Techmanski, fundador de Whitefish, no han podido precisar cuándo se emitió la convocatoria para el otorgamiento del cuantioso contrato. Ramos dijo que optó por emitir una convocatoria.

Dijo que recibieron seis propuestas en total de empresas interesadas. Previamente, había dicho a este diario que fueron cinco empresas. Aseguró que las tarifas eran similares. Pero, al momento, no se ha obtenido copia del contrato inicial de Whitefish, que subcontrató sus empleados para trabajar en Puerto Rico.

La sede de Whitefish -una casa tipo cabaña en Montana- estuvo en venta hasta el 22 de septiembre, dos días después de la embestida del huracán, reveló la cadena CBS.

Rosselló insistió ayer en que el mayor contrato otorgado tras el huracán María no le fue consultado.

“No (se me consultó ese contrato). Y es que ahora mismo la Autoridad tiene su rol. Tenían los poderes de emergencia. Tienen su junta (de gobierno), consultan con la junta y todo el mundo tiene que hacer su trabajo”, dijo.

Agregó que, debido a la emergencia que provocó el huracán, que entró a la isla como categoría 4, no se cumplió con la orden ejecutiva que establece que el secretario de la Gobernación, William Villafañe, debe revisar todo contrato mayor de $10,000.

Fue evasivo cuando se le preguntó si Ramos debía renunciar.

Documentos provistos por La Fortaleza dan cuenta de que la gerencia de la AEE no tuvo comunicación con su Junta hasta 14 días después de María a pesar de que esos directivos residen en Puerto Rico. El vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE es el director de la Autoridad de Puertos, Omar Marrero, mientras el presidente es Ernesto Sroig, quien fue director de finanzas de la campaña electoral del gobernador, según informó su comité.

Esta Junta de Gobierno fue nombrada por Rosselló en verano, bajo la justificación de que debía responder a su política pública. La nueva configuración dejó fuera a dos de tres de los representantes de los consumidores. El que resta aún no ha sido designado por el Departamento de Asuntos del Consumidor.

Rosselló recalcó que su determinación de cancelar el contrato no anula las pesquisas en curso ante la Oficina del Contralor y inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Roth.

Ramos, por su parte, debe comparecer esta semana ante el congresista Bob Bishop, presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales, para contestar preguntas sobre el contrato a Whitefish.

Ha trascendido que la empresa que financia a Whitefish, HBC Investments, fue fundada por Joe Colonnetta, un contribuyente de la campaña política del presidente Donald Trump.

Inicialmente, Rosselló encomendó una auditoría a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que desistió de investigar por carecer de los recursos, esto pese a que su ley orgánica le confiere ese poder.

El primer ejecutivo dejó la puerta abierta para dar el mismo tratamiento que ayer dio a Whitefish al contrato de Cobra Acquisitions LLC.

Ramos, entretanto, dijo que con la cancelación del contrato y, “si no hacemos nada”, se atrasarían los trabajos para restaurar el tendido eléctrico.

Por eso, la AEE buscará cambiar la logística de los trabajos y baraja varias alternativas. Estas opciones son aumentar “el alcance de trabajo de Cobra Acquisitions LLC, cuyo contrato es por un tope de $200 millones. Ese contrato le costará a los abonados, en principio, unos $4,000 por día.

Otra alternativa es que compañías nuevas se movilicen a Puerto Rico. La tercera opción es que la AEE pacte directamente con los subcontratistas de Whitefish. “No sé si contractualmente se puede”, reconoció Ramos, quien a preguntas de la prensa dijo que una primera opción es que el Cuerpo de Ingenieros aumente la cantidad de brigadas en la isla.

Fuente: endi.com

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