Puerto Rico 10 julio 2020

Oneroso el cargo de $100 millones

Jueza Laura Taylor Swain analizará si se sostiene la estipulación de pago a los bonistas en caso de revisión del plan de ajuste de la deuda garantizada

Ante la posibilidad de que la Junta de Control Fiscal tenga que negociar por tercera ocasión con los acreedores de deuda garantizada, el gobierno estaría obligado a pagar $100 millones a los bonistas que forman parte del segundo acuerdo de reestructuración (PSA, en inglés) por incumplimiento.

En febrero, el organismo regulador logró obtener el respaldo del 58% de los acreedores de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), lo que dio paso a la radicación de un nuevo plan de ajuste (POA). Sin embargo, la pandemia de Covid-19 detuvo la discusión del POA y la junta tiene hasta el próximo miércoles para informarle a la jueza federal Laura Taylor Swain si procederá con el mismo.

El recrudecimiento de la crisis económica que ha ocasionado la pandemia mantiene latente la posibilidad de que el ente fiscal regrese por tercera ocasión a la mesa de negociación para lograr un acuerdo menos oneroso con los bonistas y ajustado a la nueva realidad económica de la Isla. El PSA es claro en que se contempla el pago de $100 millones a los bonistas suscritos en caso de que se modifique la propuesta.

“La junta fiscal —a través del PSA enmendado— ha atado las manos del gobierno a un plan de ajuste que la misma junta sostiene que no es confirmable... El PSA modificado contempla el pago de una ´tarifa de separación´ de $100 millones a los acreedores favorecidos en caso de que la junta busque modificar el plan propuesto, incluso si están obligados a hacerlo por las circunstancias económicas”, sostiene una moción radicada por la aseguradora de deuda municipal Ambac Assurance, que busca que se elimine la cláusula.

Gobierno no puede pagar

El pasado mes la propia directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, confirmó que el gobierno no tiene la capacidad económica para cumplir con los pagos de sus obligaciones contractuales. El plan fiscal certificado para el 2021 establece que la merma significativa en los ingresos gubernamentales ha cambiado el panorama económico que se tomó en cuenta para alcanzar acuerdos con los acreedores.

Jaresko afirmó previamente a EL VOCERO desde la perspectiva del plan fiscal certificado para el próximo año fiscal que el PSA sometido a la jueza Swain no es viable. Pese a esto, no confirmó si lo que procede es una tercera negociación con los acreedores de deuda garantizada. “La meta siempre ha sido ejecutar lo que es viable y lo que es viable ha cambiado”, manifestó.

Inconsistente con Promesa

Por otro lado, la aseguradora de deuda municipal sostuvo que la cláusula sobre el pago de los $100 millones es inconsistente con la ley federal Promesa e instó a la jueza federal a que elimine aquellos aspectos que obstaculizan la reestructuración de la deuda. Sus representantes dejaron claro que también radicarán una objeción plena a cualquier POA propuesto basado en el PSA modificado en el momento pertinente.

El POA actual busca reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, lo que de aprobarse representaría un recorte de 70%. Además, disminuiría el servicio de la deuda más cuantiosa del gobierno en $5,000 millones adicionales y acortaría el periodo de repago a 20 años.

Asimismo, el plan promueve una reducción promedio de 29% para los tenedores de bonos GO y de 23% para los tenedores de bonos de la AEP. Estos recibirán $10.7 millones en deuda nueva, la mitad en bonos GO y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“La junta ha actuado en este acuerdo fundamentalmente inconsistente con su propósito declarado por el Congreso. Promesa les confiere la responsabilidad de proporcionar un método para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales. El PSA modificado se opone a esta directiva”, enfatizó Ambac Assurance.

“Ambac tiene la razón”

Por su parte, el analista y abogado de quiebras John Mudd le dio la razón a la aseguradora municipal, al tiempo en que considera que es inminente la radicación de un tercer plan de ajuste.

“Esto no es una movida prematura, porque el 15 de julio es ya mismo. Lo más probable es que radiquen un tercer plan de ajuste y, por tanto, el pago de los $100 millones es obligatorio, a menos que la jueza lo elimine. Esto también es una estrategia para mover e implementar que todo el plan de ajuste se haga rápido”, opinó Mudd.

No obstante, a juicio del analista y abogado de quiebras Rolando Emmanuelli, la movida sí fue prematura. “La junta anunciará el 15 de julio lo que hará y la moción puede ser prematura porque hay muchas razones para que el plan de ajuste no se sostenga. Esto también podría ser un señalamiento para que la próxima negociación no incluya partidas leoninas”, puntualizó.

Moción de oposición

En febrero, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) radicó ante el Tribunal Federal una moción para dejar clara la oposición del gobierno al PSA y el POA en cuestión.

La Aafaf enfatizó en ese momento que el PSA alcanzado no contribuía a los mejores intereses del pueblo y que, por tanto, no contaban con el apoyo del gobierno para la legislación necesaria. También dijo que no cumplía con Promesa, que requiere que los proponentes del plan hayan obtenido cualquier aprobación legislativa, regulatoria o electoral necesaria según la ley aplicable para llevar a cabo cualquier disposición.

Fuente: elvocero.com

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