El proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática que discute la Asamblea Nacional de Venezuela—según su exposición de motivos—atiende la imperiosa necesidad de abrir un “camino hacia la reconciliación nacional” y de “no imponer la venganza ni la revancha”. Se afirma que busca reparar “las heridas dejadas por la confrontación política”, pacificar el país y liberar a los presos políticos procesados desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.
Amnistía (I): ¿Un instrumento de paz o de impunidad?
La Amnistía también debe cumplir ese rol de saneamiento. No sólo ser políticamente útil en el corto plazo, sino evitar que sea corrosivo para la justicia y la memoria democrática a largo plazo.
A primera vista, la narrativa del proyecto—cercana a las retóricas de muchas transiciones—parece atractiva: liberar a las personas arbitrariamente perseguidas por actividad política y reconducir un país polarizado. Pero cuando se examina su letra, sus límites, sus efectos y sus omisiones, el texto revela algo más profundo: una reconfiguración política que-por pragmática y cautelar-sacrifica principios de justicia fundamentales.
¿Debemos sacrificar justicia por pragmatismos? ¿El posibilismo de la política debe preceder la ética y el carácter de la ley? ¿Puede existir orden y una ruta democrática sostenible sin responsables de crímenes de lesa humanidad o por el contrario, manteniendo un mazo de persecución con apariencia de perdón? Sin amnistía no hay transición y sin transición no hay libertad pero: ¿seremos libres sin la verdad?