La Corte Penal Internacional [CPI] enfrenta un dilema ético. Atender una interpretación del Estatuto de Roma [ER] siguiendo la letra de la ley de forma exégeta y restrictiva o atendiendo la naturaleza de las normas de derecho internacional, tutoras de los DDHH y contra crímenes de lesa humanidad, que demandan una interpretación teleológica y moral, donde prevalezcan las facultades inherentes de la Sala de Apelaciones. Pronunciarse o no de oficio sobre el posible conflicto de interés del Fiscal Karim Khan en el caso Venezuela I, es el dilema.
La imparcialidad de la CPI en juego...
Desde una mirada crítica, la propuesta de que la Sala de Apelaciones de la CPI ejerza facultades de revisión de oficio plantea riesgos importantes si no se gestiona con criterios claros y transparentes
El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Y la ‘neutralidad’ llevada a un punto de impunidad, produce la más peligrosa de todas las injusticias, que es matar la verdad, matar el espíritu de lucha, matar a la propia justicia. Que haya justicia en La Haya, no es un slogan. Es un compromiso histórico con las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que por carecer de justicia en sus territorios, tienen en la justicia universal, la luz, la esperanza.
Un juez, un fiscal, un magistrado de la CPI, no sólo atiende un reglamento sino también obedece a principios fundamentales del hombre: la vida, la libertad, la defensa de la dignidad humana. Una misión que demanda tanto vigilancia del proceso como integridad de sus mandatarios.
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