Puerto Rico 22 marzo 2022

Podría subir el costo de la inspección de los automóviles en la Isla

Propietarios de estos centros cuestionan las multas por incumplimiento

La inspección de los automóviles podría sumarse a la lista de los servicios que están aumentando de precio si se implementa una legislación firmada por el gobernador Pedro Pierluisi a principios de mes.

El primer ejecutivo convirtió en ley el proyecto 367 del Senado (PS 367) que añade varias disposiciones al proceso de inspección de autos y crea límites a la cantidad de centros nuevos que pueden abrirse.

Aunque ya es ley, la Fortaleza adelantó que la medida será enmendada porque tiene “errores” que deben ser arreglados.

La Ley de Tránsito exige que los vehículos de motor sean inspeccionados anualmente como parte de la renovación del marbete. La nueva ley agrega penalidades a los centros de inspección —para garantizar que no burlen el proceso al inspeccionar los automóviles— y tiene además, el potencial de aumentar el precio por inspección, que es requerida para poder comprar el marbete cada año.

Según se dispone, si una persona simula ser proveedor de servicios, enfrentaría una multa de entre $500 y $5,000. La multa por alguna conducta que pretenda defraudar el proceso sería de $5,000 a $10,000. Esto aplica a cualquier alteración al equipo de inspección, incluyendo “cualquier pieza, parte, código de programación, elemento o componente de cualquier equipo de inspección de vehículos de motor o cualquier vehículo de motor objeto de inspección”.

Los propietarios de centros de inspección objetan que la ley sea tan amplia en esta parte, pues establece que podría ser multada “toda persona que tenga en su posesión cualquier herramienta, instrumento u objeto diseñado, adaptado o utilizado para… alterar, interferir u obstruir en el proceso de inspección”.

Carlos Crespo, presidente del Comité de Centros de Inspección del Centro Unido de Detallistas (CUD), expuso que el propósito original de la medida era eliminar el requisito de contar con dos mecánicos para realizar la inspección. Según indicó, la capacidad de servicio de los centros se afectó luego de la pandemia de covid-19, porque muchos mecánicos emigraron.

La expectativa de Crespo es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) aumente el costo de la inspección de los $11 que cuestan actualmente, a $20.

“Yo imagino que lo que quieren enmendar son las multas a estos centros, porque son excesivas. Yo estoy de acuerdo, porque a un comerciante no le puedes poner una multa de $10,000, porque eso va a hacer que cierre”, indicó Crespo. “Antes de esta ley, las multas eran de $500 a $1,500 y ahora pueden ser hasta $10,000 y yo creo que eso es algo exagerado”, agregó.

Jorge Argüelles, dueño de un centro de inspección que mantiene alquilado y expresidente del CUD, cuestionó la distancia entre los centros que exige el proyecto. Indicó que afectaría a los centros que cambian de dueño y que ahora no podrían reabrir si hay alguna otra estación cerca. Agregó que si el DTOP establece el costo de la inspección en $12, estos centros terminarán con pérdidas por cada una que realizan. A su entender, el mínimo que debe costar la inspección es $14.

Añadió que hace mucho tiempo que el precio de la inspección se ha mantenido en $11. Argüelles precisó que lo que hace falta para evitar el fraude en las inspecciones es mayor fiscalización y no aumentar las multas a los centros de inspección.

“Sabemos que ocurre. Hay quien emite certificados con otros vehículos. Pero lo que hace falta es más fiscalización, no penalizar”, abundó. “Sabemos que hay problemas con las inspecciones. Si analizas todos los carros que hay en el gobierno y en los municipios, sabemos que hay municipios que van a los centros a sacar todas las licencias de su flota y llegan con un vehículo para inspección. Vamos a empezar con el mismo gobierno. Uno ve esos carros transitando por ahí y sabes que no pueden haber pasado inspección”, manifestó Argüelles.

Se espera que el DTOP se reúna este jueves con la representación de estos comerciantes y con la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) para discutir estas preocupaciones.

El ombudsman Edwin García señaló, por su parte, que cuenta con un “compromiso” de La Fortaleza de que el PS 367 será enmendado.

“Aunque el gobernador lo firmó, hay un compromiso de Fortaleza de hacer algunas enmiendas para que el proyecto responda directamente, o por lo menos responda justamente a los centros (de inspección) y a la Asociación de Detallistas de Gasolina”, informó el funcionario. “Nos van a someter las enmiendas para que podamos endosarlas y que la ley pueda ser enmendada”, abundó.

Agregó que “el proyecto debió enmendarse antes de aprobarse”, porque “se multará a los centros por tener un artefacto que modifique estas máquinas, pero eso puede ser cualquier cosa, hasta un alicate. Y hay que afinar el lenguaje para indicar que se refiere a artefactos que interfieran con la inspección”, precisó García.

La ley establece, además, que los técnicos que hacen la inspección deben ser personas autorizadas por el DTOP a realizar el proceso.

La medida también deja en manos del DTOP autorizar la operación de las estaciones de inspección, y establece que la autorización será válida por cuatro años. Se dispone que los solicitantes deben demostrar que tienen el equipo necesario para efectuar la inspección de los autos.

Según se informó, el secretario (del DTOP) exigirá como condición para la concesión del permiso, el pago de un derecho bianual de $60 para el certificado de estación oficial de inspección, y $12 por el certificado de técnico autorizado certificado. Deben presentar, además, una póliza por $60,000 para responder por daños y perjuicios.

Esta legislación dispone también que las estaciones de inspección deben estar a cinco millas de distancia. Esto no aplica a las existentes al momento de firmar la ley ni a las solicitudes que hayan llegado 180 días antes de firmada la nueva legislación.

La secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez, quien no estuvo disponible ayer para hablar sobre esta ley, tiene la responsabilidad de decidir cuánto se pagará por cada inspección. La cantidad, se indicó, debe estar entre $12 y $20 y en el caso de los vehículos pesados, el costo de la inspección debe estar entre $12 y $40.

“El secretario (del DTOP) queda autorizado a cobrar a las estaciones oficiales de inspección la cantidad excedente de los $10, pero esta cantidad que puede cobrar el secretario no excederá de un máximo de $5 por cada certificación de inspección”, reza la ley.

El senador popular Ramón Ruiz Nieves, uno de los autores del proyecto, indicó que con la medida se proponen atajar que haya un aumento mayor, que entiende llevaría la inspección de los carros regulares a $25 y la de los camiones hasta $50. Según informó, existía un acuerdo entre los dueños de los centros de inspección y las empresas que proveerán la nueva maquinaria para realizar las inspecciones, de elevar el costo del proceso.

“Lo que estamos es buscando evitar ese aumento que ya estaba acordado”, aseguró.

Agregó que no se le indicó que la medida necesita enmiendas adicionales y que tampoco se lo informó el gobernador cuando fue invitado a la firma del proyecto en La Fortaleza.

Habrá cambios, afirma La Fortaleza

La secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, declaró a EL VOCERO que el gobernador firmó el proyecto por un asunto del calendario legislativo, y que la intención es que desde el Senado se presenten las enmiendas para corregir los “errores” en la nueva ley.

“La medida tiene un fin loable, que es actualizar el proceso con el cual se inspeccionan los vehículos. Pero, tiene unos errores y se habló con el autor de la medida y se va a someter un proyecto con enmiendas. Entiendo que están trabajando en ese proyecto”, indicó Angleró.

Indicó que la secretaria del DTOP no tomaría acción sobre esta legislación hasta que reciba las enmiendas.

Fuente: elvocero.com

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