Puerto Rico 10 mayo 2022

Podrían requerir mayor inversión bajo la Ley 22

Senado, Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico coinciden en que quienes quieran beneficiarse de los incentivos para inversionistas extranjeros, deberán aportar más capital a nivel local

En momentos en que los beneficios de la Ley 60 de 2019 (antes Ley 22) se encuentran bajo discusión en el Senado, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, favoreció ayer el que se le requiera una inversión de capital mínima a aquellas personas o inversionistas que soliciten acogerse a los beneficios que otorga el estatuto.

No obstante, tanto Cidre como el subsecretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja, señalaron que preferirían que una medida de esta naturaleza forme parte de una propuesta integrada y abarcadora que atienda las necesidades del sistema impositivo de una manera “holística” que asegure “uniformidad y coherencia”.

“Si tengo la oportunidad de atenderlo antes, lo atiendo porque la reforma contributiva no sé cómo ni cuándo va a pasar”, respondió el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, concluida la primera vista pública del Proyecto del Senado 694.

Dicho proyecto busca eliminar las exenciones contributivas totales que otorga la Ley 22 y establece requisitos de inversión y creación de empleos para los inversionistas estadounidenses que interesen mudarse a la isla. Igualmente, extendería a contribuyentes residentes de Puerto Rico los tratos preferenciales que recibirían quienes se muden a la isla, siempre que cumplan con los nuevos requisitos que propone la pieza en discusión.

A pesar de que Cidre “ve con buenos ojos” el que se requiera una inversión de capital mínimo, el titular sostuvo que dicha inversión debe estar dirigida a sectores estratégicos locales que tengan necesidad particular de capital o que puedan contribuir significativamente al desarrollo económico de Puerto Rico, tales como: microempresas, pequeños y medianos comerciantes locales, startups locales, pymes innovadoras, así como agroindustrias, entre otros.

“De esta forma, podemos mitigar la falta al acceso de capital que tienen estos sectores ante la limitada oferta de instituciones financieras en Puerto Rico”, expresó Cidre ante los legisladores.

En cuanto a la estructura y tasas contributivas, Cidre le concedió total deferencia a la Asamblea Legislativa para determinar cuáles serían las tasas a imponerse, aunque sugirió que se uniformen “de forma tal que se simplifique el ya complicado sistema contributivo de Puerto Rico”.

“No puede ser una inversión voluntaria si se quiere hacer esto sostenido. Lo mejor es ajustarlo para que sea una ecuación balanceada, que sea dando, dando… así es”, señaló Zaragoza, coautor de la medida.

El proyecto senatorial, también de la autoría del senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz, eliminaría la tasa cero en ganancias de capital, pero también eliminará el requisito de comprar una propiedad y prohíbe que un inversionista con un decreto de Ley 22 pueda recibir cualquier exención en el pago de impuestos a la propiedad.

Durante la vista trascendió que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio contrató una empresa para auditar 400 de los sobre 4,000 decretos otorgados. “Manuel Cidre dijo que la intención es darles una mirada a todos”, expresó Zaragoza.

Pantoja, de otra parte, afirmó que -en torno a los asuntos que pretenden regularse- se le debe otorgar la facultad al secretario de Hacienda, en conjunto con el titular del DDEC, para reglamentar las disposiciones contributivas bajo el Código de Incentivos, en especial, bajo los capítulos de exportación de servicios y de individuos inversionistas.

“Se debe establecer de forma clara y expresa la facultad del secretario de Hacienda de reglamentar la forma y manera en lo que los contribuyentes acogidos a decretos de exención deben determinar el ingreso neto sujeto a contribución sobre ingresos”, dijo Pantoja al señalar que no recomiendan la aprobación de la medida según redactada.

Pantoja insistió en que las propuestas contenidas en la presente medida no sean atendidas de manera aislada, sino que sea parte de una propuesta integrada y abarcadora que atienda las necesidades del sistema impositivo de manera holística.

Si la medida se aprueba, los nuevos requisitos aplicarán a partir del 1 de enero de 2023.

Fuente: elnuevodia.com

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