Policía08 octubre 2019

Apuntan a violaciones a la reforma policial

Responsabilizan a Elmer Román y a Henry Escalera por represalia contra piloto de FURA

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, y su subalterno, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, habrían violentado los acuerdos de la reforma sostenible de la Uniformada, al trasladar sumariamente a Morovis al piloto teniente José Estrada Almodóvar por presuntamente haberse negado a transportar en un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) desde Vieques a la isla grande a Mara Pérez, directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

Entendidos en el acuerdo que hablaron en condición de anonimato señalaron que la reforma prohíbe conductas de represalias. La prohibición se encuentra en el párrafo 197 del acuerdo de la reforma firmado el 17 de julio de 2013, el cual fue avalado por el Tribunal federal tras las negociaciones entre los Departamentos de Justicia de Estados Unidos y Puerto Rico.

Según los entendidos, el párrafo menciona que la Policía prohibirá expresamente cualquier forma de represalia, sutil o directa, incluyendo la disuasión, intimidación, coacción y reasignación del puesto de trabajo.

Las represalias serán consideradas como una violación grave de la política de la agencia y se someterá al miembro o empleado de la Policía a graves sanciones disciplinarias, incluso el despido. Según los entendidos, incluye al comisionado.

Los acuerdos apuntan a que los procedimientos administrativos tienen que ser justos. Estrada Almodóvar, según los reglamentos de la Policía vigentes desde 2016, tendría que haber sido objeto de una investigación preliminar, salvaguardando una notificación adecuada y oportuna del proceso y oportunidad de ser escuchado.

En declaraciones por escrito a EL VOCERO, el comisionado Escalera se limitó a decir: “Por tratarse de una investigación en curso, no podemos hacer expresiones hasta tanto el resultado de la misma sea final y firme. El artículo 15 del Reglamento para el Trámite de Querellas Administrativas del Negociado de la Policía prohíbe ofrecer información de investigaciones en curso”.

El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, por su parte, no hizo expresiones sobre la investigación.

Las medidas cautelares, anunciadas días después del traslado del piloto a Morovis, aplican en casos de hostigamiento sexual y laboral, para evitar que querellado y querellante estén en la misma unidad de trabajo.

Mientras, el presidente del Frente Unido de Policías (FUPO), Diego Figueroa, afirmó que las acciones tomadas contra Estrada Almodóvar violan la sección 197 de la reforma de la Policía.

“Tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, y el comisionado de la Policía Henry Escalera violan el acuerdo”, acotó Figueroa.

Incluye hasta despido

Expuso que el párrafo 197 del acuerdo establece que “la política de la Policía prohíbe expresamente todas las formas de represalia, ya sean sutiles o directas, incluido el desánimo, la intimidación, la coacción, la reasignación del lugar de destino o la acción adversa, contra cualquier persona, civil o funcionario que informe de la mala conducta, presente una queja por mala conducta o coopere con una investigación de mala conducta. Las represalias se consideran una violación grave de la política y someterán a un funcionario a una acción disciplinaria grave, que puede incluir el despido”.

El pasado febrero el entonces monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, había emitido un informe sobre traslados ilegales en FURA, en represalia contra pilotos y sus supervisores que se negaban a transportar en los helicópteros a la entonces primera dama Beatriz Rosselló y a los ayudantes del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Impera el silencio

En la cúpula de la Policía impera el silencio, sobre si el traslado de Estrada Almodóvar fue obra directa de Escalera o si mediaron algunos de sus más cercanos colaboradores, los coroneles Reinaldo Bermúdez y Francisco Rodríguez.

La reforma sostenible parece letra muerta ante una gran cantidad de causas administrativas, que lejos de resolverse en un plazo de 90 días, y en algunos casos con prorrogas de 180 días, siguen en los anaqueles de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional o en la División Legal.

Uno de los casos más notorios ocurrió a mediados de 2017, cuando una perrita llamada Beretta fue operada por un veterinario fatulo en la Academia de la Policía. Hasta hoy nada ha ocurrido.

Otro caso del que se guarda silencio trata de un sargento que presuntamente ebrio chocó una patrulla en Arecibo. Se señalan investigaciones de agentes trabajando ebrios, del uso continuo de vehículos que están supuestos a utilizarse para gestiones oficiales y se les da otro uso.

En Ponce hace unos meses un agente comenzó a ser investigado por el hurto de una guagua y nada ha pasado. Sigue en su posición.

Sin muestra de urgencia

A Escalera Rivera se le atribuye no mostrar la celeridad en las decenas de causas administrativas de las que se presume tiene conocimiento. El comisionado policial tendrá que comparecer hoy a una vista en el Senado para explicar sus acciones contra el piloto Estrada Almodóvar.

Fuente: elvocero.com

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