Proponen un grupo de trabajo especial para el proceso de recuperación

Washington - Un grupo de organizaciones comienza a promover en el Congreso que se legisle para crear un equipo de trabajo especial, liderado por representantes de sectores comunitarios de la isla, que participe activamente de las decisiones en torno al proceso de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. “Un proceso de recuperación justo y transparente solo puede alcanzarse asegurando la participación de representantes locales capacitados y con conocimiento que han estado en la primera línea ayudando a los más afectados por el desastre”, indicó Adi Martínez Román, analista de Política Pública sobre Puerto Rico de la organización internacional OxFam. Martínez Román dio a conocer la propuesta preliminar en un foro reciente en la Cámara baja federal, con ocasión del segundo aniversario de la catástrofe causada por el huracán María. Bajo la iniciativa que dio a conocer Martínez Román, producto de conversaciones con líderes comunitarios, el grupo especial de trabajo estaría formado por 15 miembros, cuatro de los cuales trabajarían directamente con oficinas claves en el proceso de recuperación: el Departamento de Vivienda federal (HUD) en Washington; la oficina de HUD en Puerto Rico; la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3); y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El “task force” incluiría a representantes de los alcaldes, de las comunidades, de organizaciones sin fines de lucro, del comercio, de un sindicato, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una institución universitaria privada, dijo Martínez Román. La iniciativa ha sido discutida con asesores del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), y la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York). Martínez Román sostuvo que la llevarán también en los próximos días a la oficina de la comisionada Jenniffer González y el senador republicano Rick Scott (Florida), entre otros. En el mismo foro, María Dolores Fernós, profesora de Derecho y exprocuradora de la Mujer, destacó que los gobiernos no estuvieron en las comunidades pobres durante los momentos de mayor emergencia tras el huracán y que se requiere que “las decisiones relacionadas a la recuperación tomen en consideración las necesidades de las mujeres – que representan el 52% de la población-, que no son las mismas que las de los hombres”. Al igual que los líderes comunitarios, los alcaldes han cuestionado la centralización del proceso de reconstrucción, pues los fondos se van a administrar a través del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico – en el caso de los cerca de $20,000 millones que se asignaron por medio del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR)-, y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), que coordina los fondos que suministre FEMA para proyectos de obras permanentes. En su más reciente visita a la isla, Grijalva escuchó de parte de la sociedad civil un rechazo a la idea de legislar – como parte de posibles importantes cambios que propone a la ley Promesa-, el nombramiento de un coordinador federal para la reconstrucción. Grijalva incluye en su legislación un mandato al coordinador federal para asegurar la “adecuada participación” de líderes comunitarios, los gobiernos municipales y organizaciones no gubernamentales. Pero, la idea de crear otra capa de poder en el proceso de reconstrucción no ha sido respaldada en la Isla. Martínez Román sostuvo que también se oponen a la idea de crear un tipo de ‘zar’ de la reconstrucción. No objetan que haya un coordinador si es parte del ‘grupo especial de trabajo’ que proponen. “La alternativa del gobierno federal es siempre menos democracia y eliminar control sobre nuestro presente y futuro”, advirtió, por su parte, Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, en torno al lenguaje que contiene el borrador de legislación de Grijalva. Godreau Aubert sostuvo que los recientes arrestos por corrupción en torno a FEMA y la empresa de energía Cobra Acquisitions demostraron que la corrupción “no tiene cara puertorriqueña, sino que es un problema sistémico que tenemos que atender”.