A salvo el bono, pero se va la Ley 80

Un acuerdo alcanzado entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta Federal de Control Fiscal asegura que se mantenga el bono de Navidad y evita una reducción a los días de vacaciones y enfermedad de los empleados a solo siete días cada uno. Sin embargo, Rosselló dijo anoche que este cambio fue posible a cambio de que se derogue la Ley 80 sobre despidos injustificados. Al realizar el anuncio a través de un comunicado de prensa, La Fortaleza adelantó que será la propia Legislatura la que presentará el proyecto para eliminar la indemnización por despido injustificado, estatuto que está vigente desde 1976. Esta medida, que forma parte del plan fiscal modificado, según Rosselló, será efectiva en o antes del 1 de enero de 2019. La Fortaleza recordó, además, que este tipo de estatuto no está vigente en 49 estados de Estados Unidos y solo el estado de Montana tiene una ley similar, pero menos restrictiva que la de la Isla. “Con este cambio se asegura que no se afecten a cientos de miles de trabajadores con la eliminación del bono de Navidad y la reducción de días de enfermedad y vacaciones”, justificó el mandatario. De aprobarse la propuesta en la Legislatura, el empleado que sea despedido sin que haya mediado una justa causa no tendrá derecho a recibir de su patrono una cantidad equivalente a tres meses de sueldo por concepto de indemnización y una cifra equivalente a dos semanas de sueldo por cada año completo de servicio. “No detener estas propuestas hubiera eliminado el bono de Navidad de los empleados públicos y puesto en precario los fondos de desarrollo económico, así como los presupuestos de los municipios, de la Rama Judicial y de la Asamblea Legislativa, entre otros”, expresó. Otras propuesta que había sometido la junta fiscal era reducir en un 10% las pensiones de los retirados del País, lo cual después del acuerdo anunciado ayer no será efectivo el próximo año fiscal que comienza en julio. “El acuerdo permite que destinemos en nuestro próximo presupuesto el 100% de las pensiones y asegurar su pago completo seguirá siendo nuestra política pública”, dijo Rosselló. Las pensiones anteriormente provenían de los fondos de los sistemas de retiro y ahora el gobierno paga con dinero del Fondo General. Esto, según dijo el gobernador, es posible con la reducción del 22% de los gastos operaciones del gobierno. Reconoce que “no es perfecto” Aunque destacó la importancia de los acuerdos que logró con el ente federal creado por la ley Promesa, Rosselló consideró que el plan fiscal modificado “no es perfecto, pero ofrece resultados concretos”. El pacto entre la junta y el gobierno dejará sin efecto los recortes propuestos al presupuesto de la Administración de Asuntos Federales, la oficina de la comisionada residente Jenniffer González y la Legislatura. Sin embargo, la judicatura no corrió con la misma suerte, ya que aplicarán la mitad de los recortes propuestos para esa rama. El plan fiscal del gobierno central- certificado el pasado mes de abril- planteaba recortes escalonados a la judicatura. La baja en el presupuesto 2019 para esa rama es de $31.9 millones y para el 2023 se proyectaba una reducción de $161.9 millones. “Hemos llegado a un entendido que, aunque no cumple con todo lo que considero debe estar pactado, evita un golpe irreversible a los sectores más vulnerables con los que mi administración está comprometida. Con sus defectos y sus virtudes, este entendido facilita que podamos salir adelante. Les pido su confianza”, expresó el primer ejecutivo. Con garantía los millones para los municipios De otro lado, Rosselló indicó que tras la negociación con la junta se garantiza el fondo de $78 millones que aprobó la Legislatura para la recuperación de las arcas municipales, afectadas por el paso de los huracanes Irma y María. Se acordó también establecer un fondo de ayuda municipal de $50 millones anuales y un fondo para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de $25 millones anuales para becas. También el gobierno podrá asignar hasta $40 millones anuales adicionales para becas para estudiantes de la UPR utilizando pruebas de necesidad. Asimismo, Rosselló mencionó que el plan fiscal revisado permitirá invertir en aumentos salariales a los maestros y comprar más libros de textos para los estudiantes del Departamento de Educación, agencia que planifica cerrar más de 200 escuelas el próximo semestre. Mantiene trabajo para beneficiarios del PAN Bajo el acuerdo, el gobierno mantuvo su propuesta de incentivar el incremento de la tasa de participación laboral requiriéndoles a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que trabajen. Las personas beneficiarias del PAN que tengan entre 18 a 59 años deberán estar sujetas a un requisito de empleo, que será efectivo cuando el individuo reciba los beneficios por tres meses. Estos deben cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo con paga o trabajo voluntario. El choque de poderes entre la junta fiscal y la administración Rosselló comenzó a mediados de abril cuando se disponía a certificar los planes fiscales que sometió el gobierno. Luego se intensificó en las últimas dos semanas, después de que el gobierno sometiera su propia versión del presupuesto, sin acatar algunos pedidos de la junta fiscal. De hecho, el ente federal emitió una advertencia de incumplimiento al gobierno luego de que sometiera el presupuesto. No obstante, la postura de Rosselló fue de rechazo a las medidas propuestas y pidió espacio para el diálogo. El plan fiscal certificado por la junta a mediados de abril proponía contundentes medidas de austeridad fiscal, entre ellas la implementación de una nueva reforma laboral, eliminar el bono de Navidad, reducir un 10% a las pensiones, y reducir los días de vacaciones y enfermedad a solo siete días cada uno.