Puerto Rico 23 marzo 2021

A favor y en contra del impuesto al inventario

Los comerciantes lo consideran una imposición punitiva y para los alcaldes representa un respiro en la operación de los ayuntamientos

La Asamblea Legislativa está considerando la posible eliminación del impuesto al inventario y el sector de ventas al detal sostiene que eliminarlo será beneficioso a los consumidores, mientras que los alcaldes entienden que pondrá en riesgo la operación de los municipios con la pérdida de sobre $200 millones en ingresos.

La medida que lo propone fue presentada en días recientes por el representante popular Orlando Aponte, quien busca enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para eliminar el impuesto al inventario y sobre la propiedad mueble. Este impuesto es la aportación que hace el fabricante, comerciante o negociante sobre el inventario promedio que posee anualmente.

El representante sostiene que la medida es necesaria para evitar la falta de inventario en momentos de emergencia, y por ahora aguarda por la comisión que se hará cargo de la discusión y las vistas públicas, que puede ser la de Hacienda o la de Asuntos Municipales.

“Después del huracán María, la falta de inventario disponible aumentó a 44%”, consignó el legislador, quien preside la comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes.

Pese a que la medida fue radicada recientemente, el impuesto al inventario ha sido tema de discusión en la Legislatura en varias ocasiones. A principios de año, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, anunció su intención de investigar el impacto del impuesto en la cadena de distribución, los comercios y en los municipios, para determinar si es necesario eliminarlo o sustituirlo.

La medida también cuenta con el aval del gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, quienes se han expresado públicamente a favor de la eliminación y coinciden en que mejoraría el ambiente de negocios en Puerto Rico.

Los municipios

Anualmente, en los municipios se distribuyen $220 millones del recaudo del impuesto sobre el inventario, que es de 9%. Ante la posible eliminación, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, señaló a EL VOCERO que la desaparición del impuesto podría dejar inoperante a varios ayuntamientos.

“Este recorte de sobre $200 millones tendría serias implicaciones sobre nuestras ya abusadas economías municipales. En el 2017 se nos quitaron $350 millones, que llevó a los municipios a reducir la jornada laboral y a interrumpir los servicios esenciales. Este segundo golpe sería recrudecer eso… Sería mortal para algunos municipios”, detalló el también alcalde de Villalba.

A diferencia de lo expuesto por el representante Aponte, Hernández defendió que el impuesto no es el culpable de la falta de inventario en momentos de emergencia. “Lo único que ha hecho que no haya inventario es que los barcos no lleguen, no el impuesto. En comparación con otros estados, en medio de la pandemia Puerto Rico no ha tenido crisis de inventario”, insistió.

El alcalde explicó, además, que “quien realmente paga el 80% del impuesto son las megatiendas”, que a su juicio han sido los grandes ganadores en medio de las restricciones comerciales impuestas para mitigar la pandemia.

Con este planteamiento coincide el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, quien igualmente entiende que la eliminación dejará a varios municipios desprovistos de fondos para brindar servicios esenciales a los residentes. “Una eliminación no puede ser, porque estarían nuevamente asfixiando a los municipios”, alertó.

“Hay pueblos que no van a poder mantener sus operaciones de manera eficiente. Cataño, por ejemplo, recibe un 80% de sus ingresos de contribución por inventario. En Guaynabo son $20 millones. Son cifras sustanciales que sustentan operación”, puntualizó el también alcalde de Guaynabo.

En respuesta a la oposición de los mandatarios municipales, Aponte afirmó que buscarán la manera de que no se castigue a los empresarios con los cargos y tampoco se deje desprovistos de fondos a los alcaldes.

Piden sustitución

El director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua, indicó que cualquier medida que afecte los ingresos de los municipios debe ir acompañada de los recursos para sustituirlos. Aseguró que la medida no fue consultada con los municipios.

“Las grandes empresas —que ya tienen exenciones en arbitrios y patentes, así como subsidios para nómina— son las que cargan este impuesto. Estas cogen las ganancias y las expatrian. Hay que ver quiénes pagan, cómo se impactan los municipios que brindan servicios con estos recaudos y cuáles son las alternativas para sustituir estos ingresos”, afirmó Paniagua.

Tanto los alcaldes asociados como los federados dejaron claro que no se oponen a la eliminación del impuesto al inventario, siempre y cuando se sustituya por otra alternativa que sea de beneficio a los ayuntamientos, que no les pase el costo a los ciudadanos y que brinde certeza de los ingresos que genera.

Aponte sostuvo que ante el incremento en las compras por internet que ha generado la pandemia, vislumbran la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a estas transacciones para sustituir los ingresos que genera el impuesto al inventario a los municipios. Sin embargo, los ejecutivos municipales entienden que no hay un estudio que asegure cuánto generarían anualmente. El cobro del IVU a las ventas por internet —hasta el pasado mes de enero y sin haber culminado el año fiscal— alcanzaba los $53 millones, según confirmó previamente el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

“No hay certeza de cuánto sería esa ganancia porque están tomando en consideración los ingresos generados durante la pandemia, que no necesariamente son reales. La gente ha estado comprando por internet porque no tienen otro remedio, pero cuando se acabe la pandemia esa tendencia puede cambiar”, añadió Hernández.

Reacción comercial

Los representantes de las organizaciones comerciales del País coinciden en que este no es un problema de tiendas grandes o pequeñas, sino una situación que atenta contra los consumidores, quienes terminan pagando más y continuamente se ven amenazados por la posibilidad de escasez de productos ante cualquier eventualidad.

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez, aseguró que la medida reducirá los costos que se le imponen al consumidor y reconoció que en efecto, la eliminación del impuesto beneficiará más a las grandes cadenas sobre los pequeños comercios por tener mayor inventario.

“Esto afecta la cadena de suplido. Nosotros avalamos la medida porque se trata de un impuesto punitivo. Aquí no se trata de grandes y pequeños, sino de Puerto Rico. Levanto las manos en beneficio del comercio en general porque finalmente se termina afectando a los consumidores y se pone en riesgo hasta la seguridad alimentaria”, agregó.

También Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), defendió el proyecto por entender que facilita el inventario cuando ocurren eventos como huracanes, terremotos o pandemias.

“El impuesto al inventario no solo afecta a las cadenas o a los pequeños negocios. Impacta a las telecomunicaciones, la construcción y a la industria de alimentos, entre muchas otras. Aquí lo que se persigue es eliminar un impuesto anacrónico y dañino para la economía, que en nada aporta a la reconstrucción de Puerto Rico”, puntualizó.

Fuente: elvocero.com

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