A un mes del huracán Fiona: en ciernes el proceso de recuperación

A un mes del paso del huracán Fiona, que expuso -una vez más- la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y de la respuesta gubernamental en Puerto Rico, la reparación de cientos de daños estructurales apenas comienza, mientras el gobierno federal ya aprobó 588,411 solicitudes de asistencia individual para damnificados por el ciclón, que dejó una huella histórica de sobre 30 pulgadas de lluvia en 60 horas. Alrededor de 900,000 personas han solicitado asistencia individual a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), de las cuales, al cierre de esta edición, la agencia federal informó que había aprobado el 59% o tres de cada cinco. Asimismo, divulgó que, al momento, han autorizado subvencionar $444.8 millones en daños de residencias. La cantidad de familias con hogares destruidos parcial o totalmente fue constatada por los alcaldes entrevistados ayer, en municipios como San Germán, Villalba, Camuy, Utuado y Guánica. “Entiendo que hay más de 100 viviendas en peligro, además de las que se perdieron”, dijo el alcalde de Utuado, Jorge Pérez. “Tenemos alrededor de 175 viviendas, que sufrieron daños. De estas, 84 resultaron destruidas totalmente o con daños mayores”, detalló, por su parte, el alcalde de Guánica, Ismael “Tití” Rodríguez, al añadir que han colocado 40 toldos. La tragedia que vivieron, hace un mes, puertorriqueños como Gabriela Colón Arzola, la madre cayeyana que narró a El Nuevo Día cómo tuvo que escapar de su casa con sus hijos en medio de la emergencia, evidencia la “crisis permanente” a la que está expuesta la mayoría del país, particularmente, los sectores empobrecidos. “Tenemos una crisis permanente que no se soluciona porque es parte de las características estructurales de la sociedad en que estamos viendo”, analizó la socióloga Linda Colón Reyes, estudiosa del tema de la pobreza en Puerto Rico. Abordada sobre las razones para ese estado de aparente caos permanente, la catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) opinó que se debe a que “aquellos que pueden solucionarlo no quieren o no tienen los recursos desde el punto de vista estratégico o de capacidad”. Enfatizó que quienes se ven “consistentemente” afectados son las familias que viven en comunidades pobres, pues han sido establecidas en áreas susceptibles a inundación o con construcciones inadecuadas por la falta de recursos. “Esas personas pierden lo poco que tenían, en términos de los ahorros de toda su vida”, puntualizó Colón Reyes. La joven madre de Cayey lo narró también en sus propias palabras: “Jamás pensé que el agua iba a llegar hasta acá. Lo único que salvé fue la cuna. No tengo pampers, no tengo ropa, no tengo nada. Voy a empezar de cero”. Para el expresidente de la Asociación de Constructores Emilio Colón Zavala, Fiona reitera la necesidad de vivienda digna que tiene el país y que es un problema reconocido desde el paso del huracán Hugo, en 1989. Colón Zavala destacó la necesidad “de tener un plan de cumplimiento donde las personas puedan educarse sobre la importancia de construir conforme al código”, es decir, según los estándares de profesionales de la ingeniería. Consideró que debe haber una clínica de práctica profesional para que la gente pueda tener acceso a estos profesionales aun cuando no tengan los recursos, un esfuerzo sobre el cual ya la academia está trabajando junto a la Asociación de Constructores. Sin avances en las reclamaciones públicas La historia con las reclamaciones de daños a la infraestructura pública es otra. El director de la Oficina Central de Recuperación (COR3), Manuel Laboy, informó que, al momento, FEMA no ha aprobado ninguna de las solicitudes de Asistencia Pública que han sometido los 78 municipios, 40 agencias y 57 organizaciones sin fines de lucro. Indicó que la expectativa es que puedan empezar a aprobar esas solicitudes a finales de octubre o principios de noviembre. Sin embargo, FEMA alegó, en declaraciones escritas, que, “al momento, ningún municipio ha solicitado comenzar la formulación de los proyectos de Categoría A o B”. Las carreteras estatales y municipales conforman gran parte de los daños. Esto tiene consecuencias directas en la vida de comunidades enteras, que se ven aisladas o que deben recorrer un camino de una hora hasta para ir al colmado, lo que antes le tomaba 15 minutos. Las entidades estatales han estimado, al momento, en $172 millones los daños a carreteras, pero esa cifra cambiará con los trabajos que se asignan a diario. La evaluación excluye las vías municipales, que son la mayoría. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) identificó 251 tramos de carreteras estatales que necesitan construcción, con daños ascendentes a $150 millones. Siete de cada nueve de las averías responden a deslizamientos de terreno, los cuales dificultan los accesos para los transeúntes. Por su parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) había identificado preliminarmente 94 incidentes, para un total de $21.9 millones reclamables a FEMA. A preguntas de El Nuevo Día, la ACT informó que tiene 20 trabajos de reparación en curso para los que ha asignado contratistas. La Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) extiende la fase de emergencias, con un 100% de reembolso de gastos, hasta nueve meses después del paso del huracán, es decir, hasta junio de 2023, informó el director de la ACT, Edwin González. Tanto COR3 como FEMA y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) se negaron a compartir las cifras preliminares de estimado de daños del huracán Fiona a la infraestructura pública, tales como carreteras, puentes, instalaciones de agua potable, alcantarillado o energía eléctrica, debido a que todavía estaba en curso el análisis o por alegaciones de que les compete a alguna otra entidad. Suman 33 las muertes asociadas a Fiona Mientras, a un mes del ciclón categoría 1, el Departamento de Salud continúa reportando fatalidades asociadas de forma indirecta al paso del fenómeno atmosférico y a las circunstancias que ha atravesado Puerto Rico en las semanas posteriores, como la ausencia o interrupciones del servicio de energía eléctrica. La agencia elevó el lunes a 33 el número de decesos. Las dos fatalidades más recientemente añadidas en el informe corresponden a dos hombres, de 75 y 72 años, quienes fallecieron entre el miércoles y sábado pasados. Uno de ellos murió en la región de Ponce, mientras que el lugar de muerte del otro caso permanece sin especificar. La información provista por Salud indica que el hombre de 75 años sufrió complicaciones asociadas a una fractura de cadera y un infarto cerebral. De acuerdo con los datos en el informe, el hombre se cayó por “falta de iluminación a consecuencia del huracán Fiona”. En cuanto a la segunda fatalidad, el informe sostiene que el hombre de 72 años tuvo un “shock” séptico e hipotensión. Estos pueden ser consecuencia de una infección como la leptospirosis, pero Salud no confirmó la información de inmediato.Todos los fallecimientos precipitados u ocasionados por el huracán han sido de adultos mayores de 50 años. La mayoría de las muertes –dos de cada cinco- han sido viejos de 75 años o más, la mitad de ellas por exacerbación de condiciones crónicas, mientras prácticamente la otra mitad por condiciones ambientales, como la falta de luz o inundaciones. Estos datos son los que, según la demógrafa Judith Rodríguez, refuerzan que Puerto Rico tiene una población con estructura de edad vieja, con una serie de condiciones y donde muchos viven solos y también hay mucha pobreza. A juicio de Rodríguez y otros expertos en el tema de la salud y las ciencias sociales, estas características demográficas se combinan con las deficiencias de la infraestructura y del sistema y redundan en muertes. Incongruencias en las cifras de energía Sin proveer los detalles por municipio, LUMA Energy aseguraba el lunes que el 99% de sus clientes tenía restablecido su servicio eléctrico. En la página principal de su portal, también sostenían que, en las regiones de Ponce y Mayagüez -donde están los municipios más afectados por el huracán Fiona-, habían restablecido el servicio al 99% de sus clientes. Sin embargo, en otro enlace sobre clientes sin servicio, reconocían que, en la región de Ponce, un 4% de los clientes -8,834 de 212,508- no tenía luz a las 5:30 p.m. De igual modo, en la región de Mayagüez, un 3% -7,051 de 216,605- no tenía luz. Las cifras coincidían con las reportadas por PowerOutage.us, que recopila datos de las utilidades de energía eléctrica en todo Estados Unidos. En su perfil oficial en Twitter, LUMA compartió la tarde del lunes imágenes de trabajadores realizando labores en la zona de Jardines de Fagot, en Ponce, y aseguró que daba prioridad a sus esfuerzos de restauración “en la región más afectada” de la Ciudad Señorial. La empresa no precisó la cantidad de empleados, brigadas y tareas por municipio. En los comentarios de los usuarios, varios aseguraron atravesar interrupciones del servicio en zonas de Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Trujillo Alto y Adjuntas. Un hombre, que escribió que reside en el barrio Fuig, en Guánica, y que aseguró no tener el servicio desde el paso de Fiona, denunció en la red social: “Ya todos los vecinos tienen servicio desde hace tres semanas y soy el único sin servicio porque no han recogido mi trenzado y lo han puesto en el poste!”. “Hasta cuándo seguiré esperando?”. Los mismos retos desde el día uno de la emergencia Los alcaldes dijeron, por su parte, que continúan enfrentando los retos del día uno después de la emergencia, pero concentrados en unas familias específicas. “Me queda un 15% por energizar, mayormente en la zona norte, más la cantidad de bolsillos de una o dos casas. Ese es otro gran reto y hace la espera más larga”, compartió el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera. Entre las comunidades sin servicio eléctrico, están los barrios Rosario Peñón y Rosario Alto. Mientras, Hoconuco Alto y Caín Alto están un 60% energizados. “Estamos hablando de sobre 1,000 familias… El problema fue que la respuesta de LUMA fue tardía”, indicó el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), al señalar que brigadas de la empresa llegaron “por primera vez” al municipio a 11 días de la emergencia. “El que nosotros estemos a un mes todavía reparando el sistema de energía eléctrica es muestra de que, número uno, LUMA no estaba preparado para atender la emergencia y, dos, que no tienen el material ni el personal suficiente”, expresó Olivera. Según un censo municipal, agregó, 35 familias perdieron sus hogares y todo lo que había en ellos, y sobre 800 residencias sufrieron algún tipo de daño. El escenario es similar en otros pueblos, confirmó Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, organismo que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD). “Todavía hay municipios con varios casos de bolsillos, como Ponce, Guánica, Sabana Grande y Peñuelas y, obviamente, es una situación grave”, expresó. Dijo que, en Villalba, quedan algunas viviendas sin electricidad, pero son casos que tienen que ser atendidos exclusivamente por LUMA y no por Villalba Power, ya que requieren tareas mayores, como el cambio de un transformador. En cuanto al agua, explicó, que cerca de 500 familias de los barrios Ortiga y El Limón no cuentan con el servicio desde el paso de Fiona debido al colapso de un tramo de la PR-143 que es la carretera principal que conecta a estas comunidades. Hernández anticipó, sin embargo, que deberían recibir el servicio en los próximos días, ya que el domingo lograron culminar un camino temporal que le dará acceso a los vecinos del lugar a través de una finca privada. “La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está terminando de hacer la instalación de tuberías”, dijo, al agregar que los trabajos del camino provisional fueron realizados en su totalidad por el Municipio. “Estuvimos tres semanas allí, pero, de lo contrario, esas comunidades iban a estar años sin carretera”, argumentó. De forma similar, se expresó el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez. “Los gobiernos municipales demostraron, una vez más, que son la primera línea en favor y defensa de los ciudadanos”, expuso el líder de los alcaldes del PNP y ejecutivo de Camuy, al reconocer, además, la comunicación que mantuvieron los jefes de agencia durante la emergencia. Aunque reconoció el trabajo de LUMA en Camuy, Hernández Rodríguez destacó el reto que enfrentan los alcaldes del suroeste con la recuperación del sistema eléctrico. “Ha sido donde más lenta ha estado la recuperación del servicio eléctrico y ha sido, mayormente, por la falta de equipo y personal de LUMA, un reclamo que ha hecho la Federación de Alcaldes”, señaló. Agregó que 121 residencias en su pueblo sufrieron algún tipo de impacto y 23 de las 107 instalaciones municipales han sido inspeccionadas por ajustadores privados y las aseguradoras del Municipio para determinar los daños y hacer las reclamaciones pertinentes. En Utuado, dijo su alcalde, Jorge Pérez, el mayor reto durante estas semanas posteriores a Fiona ha sido las lluvias que han continuado cayendo sobre la zona, lo que ha retrasado los trabajos de recuperación. “No hemos podido adelantar los trabajamos en la PR-111, kilómetro 44.4, que se partió dos días después de Fiona”, dijo al agregar que también sigue cerrada la PR-123, donde sufrieron el colapso de un puente. “La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) está trabajando, pero la lluvia no los ha dejado adelantar mucho”, agregó sobre los trabajos en la PR-111 que se supone se extiendan por cuatro meses, si la lluvia lo permite. En la PR-123, agregó, la corporación trabaja en el diseño de un muro de contención. Sobre el servicio de luz, Pérez indicó que quedan unos “casos individuales” por atender. Al analizar lo ocurrido y la respuesta, el alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez, dijo que hay que repensar el proceso de compra y solicitud de bienes y servicios durante períodos de emergencias exigido por el gobierno central a través del Negociado para el Manejo de Emergencias que requiere completar y radicar la Forma 113, documento que, a su vez, debe estar acompañado de una justificación. El reclamo fue levantado también por los alcaldes de Villalba y Camuy. “Tenemos que repensar cómo se hace la compra de emergencia, de diésel, cajas de agua y demás para que llegue a la gente a tiempo”, expresó Rodríguez. “El proceso de la Forma 113 es burocrático y lento. El Negociado para el Manejo de Emergencias tiene que reevaluar cómo lo diseñaron y cuánto es el tiempo de respuesta”, apuntó, por su parte, Hernández Rodríguez. En Guánica, agregó Rodríguez, la energía fue restablecida en un 100%. El enfoque ahora es el recogido de escombros y material vegetativo y ayudar a aquellas familias que sufrieron pérdidas para asegurar que reciben la asistencia necesaria. El pueblo que aún se recupera de los estragos de los terremotos del 2020, también recibió grandes daños en las siembras de plátanos, guineos, pimientos y papaya que mantenían agricultores en la zona. “Esa área fue destruida totalmente. Se estima que se podrán levantar después de las navidades”, expuso.