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La legisladora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, informó que la Comisión de Vida y Familia del Senado, que preside, comenzará la próxima semana vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 495 que propone regular el acceso al aborto a las menores de 18 años, al requerirle el consentimiento de uno de los padres.
De acuerdo con la senadora, están citados a deponer durante las vistas, pautadas para el 2, 4, 9 y 15 de mayo, los departamentos de la Familia, Salud y Justicia; el Negociado de la Policía, las clínicas ginecológicas Darlington Medical Associates, Planificación Familiar e Iella, y las organizaciones Proyecto Matria, Aborto Libre y la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés).
“No solo queremos que las partes interesadas vengan a exponer sus puntos de vista, sino que es una oportunidad para poder conocer qué es lo que está pasando realmente en Puerto Rico, particularmente con los casos de abuso sexual y cómo se están manejando por las autoridades y las diferentes entidades concernientes en estos asuntos”, indicó la senadora.
En el caso de las clínicas de aborto, la Comisión de Vida y Familia les solicitará a estas entidades el número de casos de violación o sospecha de violación relacionados a mujeres de 18 años o menos que hayan referido durante los pasados cinco años a las autoridades y el método empleado para comunicar dicha información.
“Cuando se le preguntó a las clínicas ellos dijeron que hacían unos referidos, pero nadie pudo ofrecer datos específicos de cuántos o con quién hablaron. Se dijo en un momento que se refería al Recinto de Ciencias Médicas (de la Universidad de Puerto Rico), cuando la ley establece que cuando hay un delito se tiene que referir a Justicia, pero eso no es lo que vimos en las vistas y queremos estar claros con esta información”, abundó Burgos Muñiz.
Entretanto, la senadora Rodríguez Veve catalogó como una “incongruencia” el hecho de que en la isla se le requiera a una menor el consentimiento de sus padres a la hora de sacar la licencia de conducir, casarse o hasta para someterse a una limpieza dental o sacarse una muela en una clínica de un dentista, pero que cuando se trata de “tomar la decisión permanente e irreversible de abortar” no se le exige dicha condición.
“Hay que asegurar el derecho de los padres sobre la toma de decisiones de sus hijos menores de edad, particularmente, en procedimientos de esta naturaleza. También tenemos que asegurar la integridad física y emocional de los menores en Puerto Rico”, sentenció.
Podrían acudir al tribunal
Rodríguez Veve sostuvo que la medida propone un mecanismo que le permitiría a la menor acudir al tribunal para presentar su reclamo en caso de no contar con el consentimiento de, al menos, uno de los padres.
“Hay unos procedimientos que alguien pudiera considerar que son revictimizantes, pero son parte del proceso necesario para poder identificar correctamente los casos”, respondió la legisladora a preguntas de EL VOCERO sobre el efecto que podría tener este trámite judicial en menores víctimas de violación que decidan terminar un embarazo.
La legisladora comparó el proceso que la joven enfrentaría en un tribunal al que sería sometida en una institución hospitalaria.
“Así es en todo proceso. Una joven que va a un hospital y dice que fue violada tiene que pasar por el proceso de preguntas y evaluación. Ahí entonces lo que se requiere es tener el mayor grado de conocimiento y peritaje para saber cómo manejar esos casos”, agregó la senadora, quien dijo que a esos fines presentó una pieza legislativa que fue firmada por el gobernador para que se le exija educación continua a personal de enfermería de manera que cuenten con el conocimiento necesario para manejar casos de abuso sexual.
La senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, expresó que los derechos reproductivos de las mujeres son el “monotema del Proyecto Dignidad”.
“La senadora (Rodríguez Veve) utiliza el mecanismo de su comisión para proceder con el trámite, pero esto ni se acerca al tope de las prioridades legislativas en este momento. Es una obsesión lo que tiene con el tema”, puntualizó.
La legisladora auguró que la medida no tendrá posibilidades de prosperar en el Alto Cuerpo.
Por su parte, la senadora por el Partido Popular Democrático (PPD), Migdalia González Arroyo, planteó que la medida es un intento de “restringir los derechos de las mujeres”.
“El proyecto impone requisitos excesivos, particularmente en los procesos judiciales alternos, haciéndolos complicados e intimidantes. Hemos visto en situaciones anteriores que el Senado está dividido en esos temas. No obstante, son situaciones que debemos analizar con detenimiento”, señaló la senadora.
Para el senador independiente José Vargas Vidot, el proyecto de ley es “otro del paquete de Proyecto Dignidad para restringir el derecho al aborto”.
“Es momento de legislar y redirigir la política pública a temas como el sinhogarismo, la licencia de paternidad y maternidad subrogada, derechos de confinados, derechos de la clase obrera, acceso a servicios de salud mental, crisis ambiental y otros más que ameritan la atención y acción legislativa de inmediato”, recalcó.
De manera similar se expresó la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, quien afirmó que el proyecto es “otro intento más de atentar contra los derechos de las mujeres que tendremos que combatir, habiendo tantas crisis reales en Puerto Rico”.
“Este es un proyecto radicado por la senadora de Proyecto Dignidad hace casi dos años. Desde entonces está en la comisión que preside sin que se le hubiera dado tracto legislativo alguno. Hoy lo resucita para traer una vez más su discurso de que hace falta regular el aborto en Puerto Rico, cuando reiteradamente la clase médica ha dicho que no hay ninguna crisis que atender y que este proceso está ampliamente reglamentado”, concluyó Rivera Lassén.
FUENTE: elvocero.com
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