Abogan por mayores protecciones para menores víctimas de abuso sexual

La creación de un mecanismo de protección que se extienda hasta que un menor alcance la mayoría de edad, como lo sería una orden de protección duradera, evitaría que víctimas infantiles de abuso sexual sean agredidas nuevamente ante la falta de acción contra sus agresores, indicó la senadora Migdalia González Arroyo. La senadora es la autora de una medida legislativa que otorga una orden de protección duradera a menores de edad víctimas de abuso sexual cuyo caso esté sustentado o validado por el Centro de Servicios Interdisciplinarios a Víctimas de Agresión Sexual (Cimvas) u otra organización que realice informes forenses. La orden de protección duradera tendría vigencia hasta que el menor cumpla los 18 años. Esto protegería a menores -como la protagonista de caso reseñado por El Nuevo Día- que fue agredida sexualmente por su progenitor después de que realizara una primera denuncia que no fue atendida por la justicia. “Casos como este se podrían evitar porque estaríamos garantizando que el agresor estuviera alejado de la víctima”, dijo la legisladora al hacer referencia al Proyecto del Senado 302 que se encuentra ante la consideración de la Cámara. La doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia, adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista, recalcó la importancia de que esa protección sea extensiva a todos los menores que hayan pasado por una evaluación con la cual peritos en el campo hayan sustentado la agresión, porque -de lo contrario- podría tornarse “discriminatoria”. Desde el 2013, el grueso de las denuncias contra niños y niñas se atiende en los Cimvas. Estos centros cubren todas las regiones de la isla y consisten de equipos multidisciplinarios que atienden a los menores referidos por el Departamento de la Familia (DF), hospitales y hasta la Policía, con el fin de validar si el abuso ocurrió. Funcionarios de varios Cimvas revelaron a este diario que desconocen qué ha sucedido con más de 500 casos de abuso sexual contra menores que han validado, al menos, desde 2016 pero que no han sido radicados en los tribunales. Laras indicó que no existe una base de datos interagencial que recoja la totalidad de los casos de abuso sexual, aunque adelantó que trabajan en el desarrollo de un proyecto de esta índole. “Queremos saber toda la trayectoria de una víctima, desde que entra al sistema, por que agencias pasa y en qué termina el proceso, porque realmente no sabemos”, dijo Laras, al indicar que estos datos son importantes para ofrecer servicios planificados. En los casos de abuso sexual contra menores, señaló, median unos criterios particulares de entrevistas y exámenes médicos realizados por un equipo interdisciplinario, que debe contar con profesionales de trabajo social, psicología, enfermería y de evaluación médica. Contratación de empleados Por otro lado, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció ayer la contratación de 48 fiscales como mecanismo para incrementar y reforzar las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores. “Nuestra misión primordial es hacerle justicia a las víctimas del crimen. Para cumplir con ello, estamos brindando mayores recursos al Departamento de Justicia y asignando nuevos fiscales y personal de apoyo para aumentar la eficiencia de las investigaciones, mejorar la calidad de los servicios a las víctimas y uniformar los procesos a través de las fiscalías en la isla”, indico Emanuelli. La contratación -que totaliza a unos 104 empleados, incluyendo a los 48 fiscales- se da tras la agencia recibir la aprobación de $3.8 millones por parte del gobernador Pedro Pierluisi y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Con este nuevo personal será posible tener una unidad especializada en Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores en cada una de las 13 distritos judiciales. Actualmente, existen unidades especializadas solo en las regiones de San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce. Emanuelli explicó que el número de nuevos fiscales se determinó tomando en consideración el porcentaje de casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores de cada jurisdicción. Entre el personal a contratar habrá agentes de investigaciones, auxiliares administrativos y transcriptores, entre otros. “Continuaremos investigando y presentando los casos en los tribunales hasta el final, ahora con mayores recursos. Especialmente aquellos que involucran niños y víctimas de violencia de género, que son prioridad en la agencia”, expresó.