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Ante la determinación de la jueza Laura Taylor Swain de declarar nula la Ley 41-2022 que revirtió disposiciones de la reforma laboral en el sector privado, la Cámara de Representantes acudió ayer al Tribunal federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para impugnar la decisión que afecta a miles de trabajadores.
La estrategia legal de la Cámara, además, incluirá un recurso urgente ante la jueza Swain, en cumplimiento con las reglas federales de procedimiento apelativo, para que expida un interdicto preliminar y paralice su determinación de dejar sin efecto la Ley 41, mientras el Tribunal de Boston dilucida el recurso de apelación en sus méritos.
Así lo confirmaron ayer a EL VOCERO el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres, quienes recientemente radicaron, junto al resto de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), una nueva medida para enmendar la reforma.
“No hemos descansado en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector privado, y en demostrar la mezquindad y dejadez de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) en defender con datos económicos, como dispone Promesa, la Ley 41-2022, en claro menosprecio de la clase trabajadora del País”, dijo Hernández.
“Nos reiteramos en que, desde el primer día, esta Cámara de Representantes ha tenido como norte adelantar una política pública que otorgue mayores beneficios a los empleados del sector privado, y por eso restituimos sus derechos y le aumentamos el salario mínimo”, concluyó Torres García.
A principios de este mes, Swain emitió un fallo en el que declaró nula la Ley 41 y validó la opinión de la junta fiscal, que se oponía a este decreto que añadía beneficios a los trabajadores del sector privado. Según la junta, la ley era inconsistente con la Ley federal Promesa y carecía de un análisis sobre su impacto fiscal.
“El tribunal además prohíbe y ordena permanentemente al gobernador u otras personas en el gobierno de tomar cualquier acto para ayudar a los entes privados a aplicar o hacer cumplir la Ley 41”, detalla la orden de Swain, de 39 páginas.
En el recurso de apelación que presentó ayer la Cámara de Representantes se hace referencia a esas expresiones incluidas en la orden de anulación. En el documento de tres páginas se alude a que esta decisión es apelable.
“La orden judicial dictada en este caso no es menos apelable que cualquier otra orden judicial dictada por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos”, reza el recurso legal.
Hernández había adelantado a EL VOCERO que combatirían la determinación de la jueza en tres frentes distintos: en la Legislatura, con la radicación del Proyecto de la Cámara 1651, para enmendar la reforma laboral; en el Tribunal de Apelaciones en Boston; y ante el Congreso de los Estados Unidos.
La meta es que se enmiende la Ley federal Promesa, específicamente la Sección 204, para que se reconozca la facultad de la Legislatura para someter el impacto fiscal de las medidas legislativas. Actualmente, esa facultad recae solo en el Ejecutivo.
“Que el Ejecutivo pueda someter el (análisis) suyo y nosotros el nuestro y que sean admisibles los dos para que se pueda hacer un análisis verdadero (sobre las medidas), que es lo que no ocurre ahora”, dijo Hernández a este medio.
Tan reciente como el viernes pasado, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó que la pugna por la reforma laboral acabará en una solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que eventualmente tendrá que decidir si acoge o no el caso.
“La jueza entiende que no se cumplió con todos los requisitos de (la Ley) Promesa, pero déjenme ser claro. Primero que nada, aquí se sometió la certificación exigida en Promesa, bajo la sección 204 de la ley”, dijo Pierluisi a la prensa.
FUENTE: elvocero.com
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