Acuerdo para frenar la violencia de género

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, firmó ayer una orden administrativa que entró en vigor inmediatamente para estrechar la colaboración entre la Fiscalía y la Policía y así agilizar los procesos cuando se atiendan los casos de violencia de género, maltrato a menores y delitos sexuales. En la sede del Departamento de Justicia, Vázquez se reunió con Elmer Román, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), y con Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía, para revisar los protocolos actuales de estos casos. “Una vez el policía llame al fiscal de turno, este tiene que entrevistar a la víctima ese mismo día. Siempre que haya una consulta con un fiscal, tienen que hablar con la víctima. La entrevista ahora se dará el mismo día de la consulta”, informó Vázquez. Explicó que en los días que el tribunal esté cerrado, las entrevistas serán conducidas en un cuartel de la Policía para que la pureza de los casos no se vea afectada. “Si la víctima no tiene interés en proseguir con el caso, el Estado lo continuará en la corte. No se van a archivar los casos, a menos que un fiscal de distrito así lo decida. Reiteramos nuestra política de cero tolerancia”, advirtió Vázquez. Más estrictos con los fiscales Precisó que si algún fiscal decide no someter cargos, tendrá que consultarlo antes con el fiscal de distrito. “Esto es para darle una doble mirada a los hechos y así proteger a la víctima”, detalló la jefa de Justicia. Indicó que en el nuevo documento administrativo se le dará importancia al policía que tenga dudas con alguna decisión de un fiscal para que se comunique inmediatamente con el fiscal de distrito. Agregó que el documento contará con unas preguntas guías para uso de los fiscales a la hora de entrevistar a las víctimas. Entre los requerimientos que estarán por escrito en un documento oficial del Departamento de Justicia, está el adiestramiento compulsorio a los fiscales que atienden los casos de violencia de género, maltrato a menores y delitos sexuales. Al final de su alocución, Vázquez dijo que se reunirá con la Oficina de Administración de los Tribunales para coordinar esfuerzos y garantizar la seguridad de las víctimas. En los casos que no sean sometidos, precisó que buscarán vías alternas para ayudar de alguna manera a los agresores. Por su parte, Román y Escalera se mostraron positivos con los nuevos cambios. También recalcaron que los casos relacionados a violencia de género, maltrato a menores y delitos sexuales tendrán prioridad en el Departamento de Seguridad Pública. Que no se repita lo de Ponce La firma de este documento surge luego del asesinato a cuchilladas de la tecnóloga médica Lourdes del Carmen Cuevas Natal, ocurrido el pasado sábado en su residencia en Ponce, a manos de su expareja, el veterano de guerra Javier José Acevedo Rodríguez. Por este cruento suceso, el fiscal Diego Velázquez fue suspendido de empleo y sueldo por presuntamente no haberle radicado a tiempo cargos criminales a Acevedo Rodríguez, después de que amenazó de muerte a la mujer en un agrio incidente ocurrido en uno de los laboratorios de la tecnóloga ubicado en Lajas. Vázquez anunció el lunes la suspensión del fiscal Velázquez y la próxima radicación de un informe que debe enviar a La Fortaleza sobre su actuación. Estará en manos del gobernador Ricardo Rosselló ordenar el despido del funcionario que fue nombrado fiscal en diciembre de 2014. En lo que va de año han muerto siete mujeres a causa de violencia machista, una más a las ocurridas para la misma fecha el año pasado.