Advierten crisis por seguro médico

Al entrar en vigor la reducción a la aportación patronal para el plan médico de los trabajadores públicos en enero del próximo año, se vería afectada la salud de miles de familias e incrementaría el éxodo masivo de profesionales. Y esta sería solo la superficie del efecto dominó que generaría la medida, según Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT). “La reducción de la aportación patronal en muchos casos sería crítica. Son trabajadores que desde aproximadamente 2012 no reciben aumento de salario, donde han venido viendo cómo los costos de vida han incrementado en Puerto Rico, llámese de agua, luz, telefonía, vivienda, entre otros. Y al no recibir aumento de salario y ver que el costo de vida siguen en incremento, le sumas ahora la reducción de la aportación patronal y el marco es peor”, apuntó Guzmán. La medida fue avalada por la Junta Federal de Control Fiscal. Hace algunos meses, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) anunció que a partir de enero se centralizará la contratación de los planes médicos de los empleados públicos, incluyendo los de las corporaciones públicas. La disposición acogida por el ente fiscal —creado bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés)— reduce al mínimo la cubierta del plan médico de miles de servidores públicos. La cuantía en la aportación patronal —de oficializarse— podría fluctuar entre $100 a $125 mensuales por persona y sería una cantidad fija para todos los empleados del sector público. Según Guzmán, esto provocaría que empleados opten por quedarse sin plan médico porque ningún trabajador tiene la capacidad económica en estos momentos para asumir el costo diferencial en esta aportación. “Hay corporaciones (públicas) que tienen una aportación patronal que fluctúa en los $700. Y cuando le dices que vas a ponerlo a una cantidad fija a todo el mundo de $100 o $125, la diferencia es aún mayor”, dijo el líder sindical. “El trabajador que no pueda asumir esa diferencia de la aportación patronal, no tendría otra opción que quedarse sin plan médico”, agregó. Miles de familias se verán afectadas, indicó. Además, dijo que con la migración de servidores públicos en busca de mejores ofertas de empleo en el exterior, también se afectarán servicios esenciales para la ciudadanía. Otros líderes sindicales advirtieron que este cambio redundaría en una reducción salarial de alrededor de $4,200 anuales. Está por verse Tan reciente como la semana pasada, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Ángela Ávila, anunció que durante los próximos meses se estará llevando a cabo la evaluación de propuestas para las cubiertas autorizadas bajo la Ley 95 para los trabajadores públicos. Esto amortiguaría el impacto de la reducción en la aportación patronal y ofrecería una opción a los empleados que se les dificulte costear la diferencia del plan médico. La iniciativa garantizaría un seguro de salud para funcionarios, empleados y pensionados del gobierno, incluyendo municipios y corporaciones públicas. Otra opción que está por verse es que los trabajadores del sector público puedan acogerse al plan de salud del gobierno, conocido ahora como Vital. No obstante, sectores sindicales han mostrado su recelo a esta propuesta ya que señalan que “no tendría la capacidad para absorber a tantos trabajadores”. “Más allá de eso, el plan médico del gobierno se hace mediante una evaluación socioeconómica. Los trabajadores públicos en su inmensa mayoría no estarían de acuerdo a las tablas que existen para la reforma de salud del gobierno. Así que los deja prácticamente descubiertos”, estableció Guzmán. Ávila reiteró a EL VOCERO su objetivo en torno a la evaluación de propuestas para cubiertas autorizadas dirigidas a los empleados públicos. “Nuestra prioridad es lograr que los empleados del gobierno de Puerto Rico obtengan una cubierta de servicios de salud comprensiva a un costo accesible”, sostuvo. Sigue la incertidumbre El hecho de no saber qué ocurrirá oficialmente en cuanto a la cubierta médica tiene a muchos empleados públicos en vilo, aseguró el portavoz sindical. “Esto los tiene en un estado de ánimo muy comprometido”, abundó Guzmán. “El gobierno ha sido bien parco en la información sobre esto, lo ha mantenido en silencio y nosotros lo que tememos es que —como ha sido de costumbre— esperen al último momento para simplemente anunciar que están haciendo tal cambio”, agregó. Recientemente, líderes sindicales sostuvieron una reunión con representantes del Ejecutivo. De este cónclave no se logró mucho, dijo Guzmán. “Lo que La Fortaleza les dio fue la autorización para que negociaran para sus grupos. Ya eso estaba contemplado. Allí no se estaba estableciendo otra cosa que ya no estuviera establecida”, indicó. Se pasan la papa caliente “El que trajo el tema de la reducción (de la aportación patronal) fue el gobierno”, dijo el líder sindical. Fue después que la junta federal acogió la medida y entonces el gobierno la retiró. A esto, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario, indicó que —en efecto— la medida está “acogida en el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, aunque hemos estado trabajando para reducir su impacto”. “La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ya identificó recursos disponibles para mantener la aportación patronal y otras corporaciones están haciendo lo propio para cumplir con la política establecida del gobernador de proteger los beneficios marginales de los empleados públicos”, estableció Rosario. “Hemos trabajado alternativas para que el impacto de esta medida de la junta sea menor en nuestros empleados y para ello trabajamos con el liderato sindical el permitir que el colectivo de uniones Pro Salud, Ases y cada corporación pueda cotizar planes médicos más económicos y que sea la misma membresía sindical quien escoja democráticamente el plan médico de su preferencia”, puntualizó. El 5 de diciembre organizaciones sindicales realizarán una protesta a partir de las 10:00 a.m. en los predios del Departamento del Trabajo, en Hato Rey.