Agente escolta del comisionado de la Policía ganó $120,409 en el 2021

Un agente que se desempeña como escolta del comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, ganó el año pasado $68,846.59 en horas extra y tuvo un ingreso total en el 2021 de $121,428, el equivalente a un salario de jefe de gabinete constitucional. El total devengado en horas extra de Ángel Oquendo Robles duplica por mucho el ingreso por tiempo extraordinario de cualquier otro escolta. Este agente ganó más de casi $9,000 en horas extra en un mes del 2021, superó los $7,000 en otro mes, en dos meses cobró al menos $6,000 en horas extra y ganó al menos $5,000 mensuales en 10 de los 12 meses. En el mes del pasado año en que cobró $8,833.59 facturó 237.57 horas extra trabajadas y entre enero del 2021 y el 31 de enero del 2022 ha trabajado 1,879.15 horas extra. En enero del 2022 cobró $1,879.15 en tiempo extra. Al defender el salario de Robles Oquendo, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa sostuvo que el policía está con él todo el tiempo. “Eso es trabajo realizado. Trabajo por el que está laborando y yo soy un comisionado de la Policía de calle, no de oficina y lo puedes ver en Mayagüez, Utuado, Yauco y todas las visitas que doy los fines de semana”, dijo a El Nuevo Día. “Él siempre está conmigo”, indicó sin poder justificar la disparidad entre las horas extra que el agente ha facturado y las que facturan otros escoltas. Indicó que Robles Oquendo siempre ha trabajado con él en múltiples comandancias Un total de 38 policías asignados a la Oficina de Seguridad y Protección cobraron más de $20,000 anuales en horas extra entre enero del 2021 y el 1 de febrero del 2022. Mientras, 14 en ese mismo periodo superaron los $30,000. La barrera de los $40,000 fue superada por cinco policías. Esta mañana López Figueroa y su jefe, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos deberán contestar preguntas sobre el servicio de escoltas en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes. Otro agente beneficiado por el sistema actual de escoltas del gobierno es Abner Rivera Ríos, quien cobró $10,608.93 durante agosto del año pasado, aunque el DSP no identifica en los documentos provistos a la Cámara a qué funcionario le da seguridad. Sí reveló que Rivera Ríos superó también la barrera de los $9,000 mensuales en septiembre. El agente se desempeñó como escolta del cabildero Elías Sánchez Sifonte el pasado cuatrienio y también estuvo asignado al cuartel de aeropuerto Luis Muñoz Marín. También ha resultado agraciado el teniente Luis Domenech Miranda. Tampoco se identifica a quién le da seguridad, pero cobró $43,073.63 en tiempo extra entre mayo y diciembre del 2021. Al sumar su salario, devengó $98,188.67 en el 2021. Según datos de la Policía provistos a la Cámara, la escolta del gobernador Pedro Pierluisi, integrada por siete agentes y un sargento le costó al pueblo de Puerto Rico $283,176.02 en horas extra entre enero y el 1 de diciembre del año pasado. A esta cifra se añaden $26,547.27 por gastos de combustible y piezas a cinco guaguas y ocho motoras asignadas a la Mansión Ejecutiva. Estos vehículos no son propiedad de La Fortaleza. De esa cifra global de $283,176.02, el sargento Jesús Martínez Rodríguez cobró en el 2021 un total de $55,600.28 en horas extra, ingreso libre de contribuciones. Un agente, Aníbal Rodríguez Hernández devengó $40,605.55 entre enero y el 1 de diciembre del 2021. Otro agente, Juan González Rosado, cobró en ese periodo $39,911.10 en horas extra y el agente Felipe Díaz Walker devengó 37,274.33, también en tiempo extraordinario. El salario de un teniente se ubica entre $52,000 y $54,000 anuales y el de un agente entre $36,000 y los $48,000 anuales. Esas cifras, que se desprende de datos oficiales de la Policía, ubican el ingreso anual de Martínez Rodríguez en sobre $100,000 anuales. La Policía no incluyó el salario de Martínez Rodríguez entre los datos provistos a la Cámara. Pierluisi ha sido enfático en defender este servicio cuando se le ha preguntado en múltiples ocasiones durante las pasadas semanas. Este personal asignado a La Fortaleza también ofrece seguridad a la hermana de Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien ocupa un puesto no remunerado en la Mansión Ejecutiva. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres y López Figueroa indicaron en una entrega de documentos a la Cámara que Caridad Pierluisi no ha sido blanco de ninguna amenaza. En total, la Policía gastó $1.4 millones en el pago de horas extra a policías asignados a escoltas, que totalizan 75. La Policía provee 21 guaguas y tres motoras a otros funcionarios, siendo los líderes González Colón, con cuatro vehículos. Le siguen el Comisionado de la Policía, el secretario de Estado, Omar Marrero y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, con tres vehículo de motor cada uno. En el caso de Dalmau son dos guaguas y una motora. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, tiene un vehículo asignado no se refleja la facturación de horas extra. La pasada gobernadora tiene dos vehículos asignados pero fue quien más generó gastos en combustible con $12,638. Le siguen a Pierluisi en total de horas extra pagadas entre enero del 2021 y el 1 de diciembre del 2021 la comisionada residente Jenniffer González Colón con $189,334.31 y la escolta López Figueroa con $182,272,49. Completan el orden de pago por horas extra entre enero del 2021 y el 1 de diciembre del 2021: Torres Ríos ($90,191.85), Departamento de Estado ($109,788.38), Pedro Rosselló $(72,261.59), Luis Fortuño ($110,681.24), Alejandro García Padilla ($145,694.59), Wanda Vázquez ($129,101.52), Junta de Supervisión Fiscal ($51,341.74), Secretario de Hacienda ($45,562.35), José Luis Dalmau Santiago ($108,503.81), Carlos Mellado López ($35,504.32), Rafael Machargo Maldonado ($43,921.22) y Hernández Montañez ($4,623.48). Una Orden General firmada por el excomisionado de la Policía, Henry Escalera en enero del 2019 le da la facultad al Comisionado de la Policía a que, si lo amerita, autorice el servicio de seguridad y protección a otros funcionarios más allá del Gobernador y el Comisionado de la Policía. Ese mismo documento estipula que no se autorizará laboral en exceso de ocho horas reglamentarias “excepto en aquellos casos en que sea meritorio y la cual mediará autorización del Comisionado Asociado”, lee el documento donde también se indica que el gasto por concepto de hora extras será pagado por la oficina del funcionario que recibe la protección. Esta disposición, naturalmente, no aplica a pasados gobernadores. Esta Orden General también dispone que se asignará un vehículo a funcionarios que no sean el gobernador y el comisionado de la Policía y que esa cifra podrá llegar a dos en “circunstancias extraordinarias”, reza la Orden General. En el caso de los exgobernadores, la cifra de vehículos autorizados podrá llegar a tres. La información provista por el DSP a la Comisión de Seguridad Pública levanta múltiples cuestionamientos. Por ejemplo, el secretario de Salud, Carlos Mellado López tiene escolta producto de una supuesta amenaza contra su vida y el número de querella de este incidente data de enero de este año. Sin embargo, el DSP indicó que el titular de Salud tiene escolta desde enero del 2021 y que le costó al pueblo de Puerto Rico $35,504.32 ese año. El DSP no brindó información sobre la alegada amenaza a Mellado López porque está pendiente de investigación y de radicación de cargos. La petición de seguridad fue verbal. También, según una tabla del DSP, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Machargo Maldonado, tiene escolta desde enero del 2021 a un costo de $43,921.22. Sin embargo el incidente de alegada amenaza contra Machargo Maldonado ocurrió el 14 octubre del 2021, cuando un oficinista del Departamento de Recursos Naturales alegó que recibió una llamada en que se configuró la amenaza al funcionario. Un mes más tarde se recibió una llamada anónima en el Departamento de Recursos Naturales en la que alertaron sobre la colocación de un supuesto artefacto explosivo. Machargo Maldonado también solicitó la escolta de manera verbal. Otro que tiene escolta es el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión y fue autorizada el 22 de septiembre por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, quien le asignó al funcionario un policía. Rivera Carrión le escribió una carta a al Comisionado de la Policía el 13 de agosto notificándole sobre un incidente ocurrido en su oficina cuatro días antes, cuando recibió a una cinco de personas cuyos nombres fueron tachados en los documentos entregados a la Cámara pero que se identifican como el representante legal de la Comisión y un “dueño mayorista” de lo que podrían ser máquinas tragamonedas.. Allí se suscitó una discusión por el pago de unos marbetes y un sujeto que no está identificado se le acerca, le alza la voz “abre su mano, con aparente intención de golpearme, por lo que le expreso que si me va a dar la bofetada que acceda a hacerlo”, lee la carta de Rivera Carrión a López. “Cabe destacar que este no es el primer incidente ocurrido con los operadores certificados de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Esto es un asunto que ha desembocado en comunicaciones intimidantes, llamadas telefónicas con insultos, llevando a que tema por mi seguridad y la de mi familia”, indicó Rivera Carrión a López al solicitar tres agentes. El DSP no brindó a la Cámara la cantidad de agentes o personal de rango asignados a cada funcionario, pero la Comisión de Seguridad Pública tuvo acceso a un documento del 16 de febrero del 2021 con la repartición vigente a esa fecha: López Figueroa (ocho policías), González Colón (ocho), Dalmau Santiago (seis, pero la cifra actualizada es cinco) Hernández Montañez (uno), el el fallecido exgobernador Carlos Romero Barceló (ocho), el exgobernador Pedro Rosselló (cinco), el exgobernador Luis Fortuño (seis), García Padilla (ocho), Vázquez Garced (ocho), Torres Ríos (cuatro), el exsecretario de Estado Larry Seilhamer (siete) y el secretario de Hacienda, Francisco Parés (dos). El servicio de escoltas en el Gobierno está regulado en principio por la Ley 20-2017 que creó el DSP. El estatuto solo dispone que la Policía le brindará seguridad al Gobernador y a su familia durante su incumbencia, que proveerá seguridad y protección al Secretario de Seguridad Pública durante su incumbencia y a aquellos “funcionarios o exfuncionarios a quienes el Negociado de la Policía les provea servicio de escolta, seguridad y protección solo tendrán derecho a recibirlo en la jurisdicción o territorio de Puerto Rico, con excepción del Gobernador de Puerto Rico”. El Proyecto de la Cámara 1135 le quita al Comisionado de la Policía la facultad de dar seguridad a exfuncionarios y exgobernantes. Una Orden Ejecutiva del 2013, cuando Alejandro García Padilla era el gobernador, disponía que estaba prohibido el servicio de escolta a los jefes de agencia aunque, bajo la vía de la excepción y “dado a la naturaleza de las funciones que realizan”, la prohibición no sería extensiva a los titulares de Estado, Justicia, Corrección y Rehabilitación y el jefe de la Policía. Igualmente García Padilla dejó la puerta abierta en la orden para que el jefe de la Policía podía autorizar el servicio de escolta a un funcionario que se vea afectado por una decisión tomada.