Agente de la Policía se declara culpable de arrollar a legisladora municipal en Las Piedras el año pasado

Durante una vista de estado de los procedimientos, el agente de la Policía que arrolló a la legisladora municipal de Humacao Norma Casanova Delgado se declaró culpable ayer, jueves, en el Tribunal de Humacao por los hechos que ocurrieron el pasado octubre en Las Piedras, confirmó la funcionaria a El Nuevo Día. Francisco Peña Velázquez, quien desde que se halló causa para arresto en su contra permanecía suspendido de empleo y sueldo del Negociado de la Policía, expresó ante el juez Martín Ramos Junquera que renunciaba a su derecho a un juicio y se declaraba culpable por los tres cargos que pesaban en su contra. Las imputaciones son accidente en claro menosprecio y fuga (artículos 5.07 y 4.01 de la Ley de Tránsito) y destrucción de prueba (Artículo 285 del Código Penal). “El juez llamó a las dos partes (a una vista de status) para que (el imputado) no tuviera otra excusa para posponer el caso. Ya él tenía toda la evidencia y lo último que pidió fue mi récord médico... para nuestra sorpresa, porque el abogado no soltó prenda, se declaró culpable. Yo lo que creo es que le estaban huyendo a la prensa. Inclusive, la fiscal no tenía conocimiento (de su intención de declararse culpable)”, contó Casanova Delgado en entrevista telefónica. “Gracias a Dios, yo estoy tan contenta porque yo no quería enfrentarme a juicio y yo siempre pedía que ese señor se declarare culpable, porque él sabía lo que hizo. Yo nunca lo he tenido frente a mí”, abundó. El portavoz del Negociado de la Policía, teniente coronel Pedro Sánchez, informó a este periódico que Peña Velázquez fue expulsado oficialmente de la Policía tras conocer su alegación de culpabilidad. “Acorde con la normativa de la Policía, Francisco Peña se encontraba sumariado de empleo y sueldo. Tras finalizar el proceso, una vez este se declara culpable, su expulsión es inmediata”, acotó en declaraciones escritas. Los hechos se remontan a la noche del martes, 11 de octubre de 2022, en la PR-917, ramal 9917, frente a una pizzería que ubica en la entrada de la urbanización April Gardens, en Las Piedras. De acuerdo con un informe de novedades, los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 p.m. cuando Casanova Delgado cruzaba por la mencionada vía y una persona que conducía una guagua tipo pick-up la atropelló y luego abandonó el lugar sin dejar información alguna. El vehículo involucrado fue descrito como una Ford F-150, de 2013 y de color blanco, que fue identificada a través de las cámaras de seguridad alrededor del lugar del incidente. Sin embargo, la guagua se había escondido en una residencia del barrio Pasto Viejo, en Humacao, donde supuestamente un “mecánico” le haría arreglos. Ese hallazgo se produjo el 17 de octubre, cerca de una semana después del hit and run. La guagua resultó ser propiedad de Peña Velázquez, quien a preguntas de este diario el día de su vista de regla 6 (sala de investigaciones) no respondió por qué el vehículo se encontraba en dicho lugar tapado con un toldo azul. Cassanova Delgado indicó que la fiscal Melissa Díaz Meléndez, quien estaba a cargo de litigar este caso, le explicó que la disposición del juez fue pautar para el 24 de mayo una vista de lectura de sentencia. Sin embargo, dijo que “él (Peña Velázquez) está buscando una probatoria”. Originalmente, el juicio estaba pautado para celebrarse el 17 de abril. En esta etapa judicial, el Ministerio Público se aprestaba a presentar 27 testigos, vídeos de cámaras de seguridad durante el hit and run y antes de los hechos, así como prueba documental. Cuestionada sobre cómo ha mejorado su salud tras el accidente, Casanova Delgado comentó que ha sido de manera gradual, aunque agradeció no estar postrada en una cama. ”Yo poco a poco me estoy recuperando. Tengo unas secuelas del accidente, porque todavía yo veo doble y no puedo guiar. Tengo un filtro puesto en la vena cava para evitar un coágulo. Voy a quedar un poquito cojita, porque los tornillos que me pusieron me achicaron la parte izquierda de la cadera, pero estoy viva. Estoy positiva. Aprendiendo a caminar, porque estoy con un andador, pero pudo haber sido peor”, manifestó. “Esto era un capítulo que ya yo quería cerrar en mi vida, así que me siento satisfecha del trabajo judicial. De que ese caballero se entregara ayer y ya esto termine aquí para mí es un logro”, agregó. Denuncia “lagunas” con la legislación contra los “hit and run” Casanova Delgado adelantó, al tiempo, que solicitó una reunión con legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico con la intención de que se enmiende la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para reforzar las penas contra los conductores que huyan de una escena en la que arrollaron a un peatón. Denunció que la legislación actual da paso a que “quien conoce la ley” abandone la escena luego de un hit and run por estar ebrio, porque, de esa manera, evita que le tomen una muestra de sangre o aliento que confirme su embriaguez. Por ello, solicitará una reunión con la representante Sol Higgins, la senadora Rosimar Trujillo y la senadora Wanda Soto, para que se apruebe un estatuto que implique una pena de cárcel para conductores implicados en hit and run, independientemente de si estaban ebrios o no al momento de los hechos. “Hay lagunas (con la Ley de Tránsito), completamente. El que conoce la ley y se ha tomado más de dos cervezas o tres, se va a ir de la escena, porque sabe que no tiene oportunidad de probatoria. El que ha usado alcohol se va a ir de la escena, y esto es lo que este caballero hace porque es policía y conoce la ley, porque sabe que si se queda no tiene derecho a probatoria en un juicio. Al él abandonar (la escena) y la fiscalía no tener evidencia de que está ebrio, por más vides o fotos o testigos que lo digan, no hay una muestra de sangre. Así que creo que eso obligaría a todo el mundo a detenerse”, puntualizó Casanova Delgado. El artículo 5.07 de la Ley 22 del 2000 (como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico) establece que irse a la fuga tras un accidente de tránsito como unhit and run constituye un delito grave que conlleva 10 años en prisión, sin derecho a probatoria. Dicho artículo establece, además, que el secretario o secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas revocará el permiso o privilegio de conducir a la persona procesada, una vez culmine su condena. El período de revocación de licencia de conducir será por un término de cinco años.