Alcaldes aseguran que la Junta de Control Fiscal no tiene claro todo el escenario municipal

Varios alcaldes advirtieron que reformular la operación de numerosas estructuras municipales es ineludible ante el final de la entrada de fondos federales para emergencias y coinciden en que no hay solución única al dilema que enfrentan. Para el ejecutivo municipal de Coamo, Juan Carlos García Padilla, los alcaldes tienen que encabezar este reto administrativo, por lo que hizo un llamado a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que considere “traerlos a la mesa” de discusión antes de condicionar su endoso a la asignación de dinero adicional del Fondo Federal a los ayuntamientos. “Hay muchas cosas que la junta fiscal desconoce porque el estado le hace una falsa representación al decir que están corriendo con una serie de servicios cuando eso no es verdad. La junta desconoce muchas cosas de lo que está pasando en los municipios”, reclamó el alcalde de la Villa de San Blas Illescas. Destacó que su administración se hizo cargo de servicios relacionados con la vivienda, recreación y deportes y manejo de los adultos mayores. García Padilla agregó que ante la falta de acción del gobierno central durante varios cuatrienios, su administración impulsa el desarrollo económico con incentivos y alquilando propiedades a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) para brindar espacios de trabajo a los emprendedores coameños. “Yo creo en la reestructuración municipal. A lo mejor no hacen falta 78 oficinas de recursos humanos o fondos federales y podemos trabajar con 30. Podemos hacer consorcios de operación o administrativos y podemos consolidar operaciones municipales para ser más efectivos con menos recursos. Pero el estado tiene que ser responsable y equipar los servicios que estamos dando a la ciudadanía que antes le competían a ellos”, insistió García Padilla. El alcalde sureño ripostó a las expresiones del director ejecutivo de la junta fiscal, Robert Mujica, con relación a que la autorización de dinero adicional a los municipios depende de que cumplan con “ciertas iniciativas de crecimiento económico”, incluyendo el ahorro en gastos. García Padilla informó que redujo la nómina de empleados regulares de sobre 200 a 88 desde que asumió el cargo. En el área de finanzas, agregó, la implementación de un sistema mecanizado redujo de 27 a 12 la cantidad de trabajadores. Necesaria una mirada individual La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, está implementando varias iniciativas para reducir los gastos administrativos, incluyendo eliminar el uso de fotocopiadoras y material impreso, que le representarían el ahorro de cerca de $2 millones al municipio. “Las agencias —que cada día son más grandes— es donde deberían recortar gastos. Si nosotros (municipios) estamos dando el servicio, ¿para qué hay oficinas regionales como, por ejemplo, en el caso de Educación? Nosotros atendemos las escuelas y tengo alianza firmada con el departamento. También administro una escuela municipal y le pago mejor al personal”, expuso la mandataria. Soto Villanueva insistió en que la junta fiscal no ha tomado en cuenta que cada municipio enfrenta realidades y problemas particulares y que algunos son causados por el propio gobierno central al brindar exenciones contributivas a las empresas. También apuntó que se limita el desarrollo de los pueblos en aras de preservar los recursos naturales, como es el caso de Salinas, donde se prohíbe el desarrollo de nuevos proyectos para evitar mayor impacto al Acuífero del Sur. En el limbo El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, planteó que la junta fiscal ha ignorado propuestas como la reestructuración de las deudas de los municipios. “También otros proyectos como el Consorcio Energético de la Montaña, que busca maximizar los recursos federales asignados para darle resiliencia a la gente. Esto es un ejemplo de cómo queremos insertarnos al desarrollo económico y a la verdadera solución de los problemas, pero la junta no ha hecho un ápice de movimiento para apoyarlo”, denunció el también alcalde de Villalba. Hernández Ortiz advirtió que si la junta fiscal frena por completo el otorgamiento de dinero adicional —incluyendo los $150 millones del Fondo de Servicios Esenciales Municipales propuestos por el Ejecutivo— colocarían en riesgo la asistencia directa que se brinda a la ciudadanía. “Esto ya no es un tema de viabilidad de los municipios. Es un tema de cómo vamos a defender los servicios esenciales que se brindan una vez los municipios caigan en una insolvencia fiscal. Es hora de que nos digan si estamos perdiendo el tiempo impulsando el Fondo de Servicios Esenciales Municipales. De ser así, entonces la ruta que nos queda es ir a los tribunales”, puntualizó el alcalde villalbeño. Cambio ineludible El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, subrayó por su parte que la realidad que enfrentarán los municipios y el gobierno a partir del 2024 o 2025 —dependiendo de la duración de los fondos federales relacionados al desastre provocado por el huracán María y la pandemia de covid-19— representará un cambio significativo al País. “Tenemos que sentarnos, como País, a redefinir todas las estructuras nuestras y determinar cuáles son sus funciones, qué tamaño necesitamos. Dentro de esta evaluación están los municipios. Quizás la estructura económica no pueda soportarlos a todos. Eso hay que analizarlo ya. No podemos seguir resolviendo de un día para otro. Hay que planificar como País y ver qué estructuras podemos seguir financiando, tomando en cuenta que el seguir cargando a la gente con contribuciones no es una alternativa”, expuso Jiménez Pérez. El veterano alcalde indicó que es necesario que la junta fiscal evalúe las finanzas de cada municipio y recomendó la imposición de planes de ajuste de la deuda para los ayuntamientos que sostengan déficits prolongados. “Hay municipios donde los alcaldes no han sido responsables en el manejo de sus finanzas. No se le puede dar más dinero al que está gastando mucho y por eso es que hay que analizar cada operación antes de llegar a una determinación global”, concluyó. El mandatario de San Sebastián informó que logró el ahorro anual de $1.9 millones, tras concretar el pago de la deuda por concepto de préstamos que tenía su municipio.